¿Adiós a la declaración unilateral 'fija' o 'variable'?

PeriodistaEl salto, que no desenlace, de la crisis política abierta por la represión del Gobierno, inútil para evitar la materialización del referéndum del 1-O, invalidado y declarado ilegal de antemano, dependerá de la comparecencia del presidente, Carles Puigdemont, ante el Parlamento mañana martes. Si no enuncia una declaración de independencia, el Gobierno de Rajoy, según avanzamos en el ARA sábado, se abstendrá de llevar al Senado el decreto-ley con la propuesta de aplicar el artículo 155 de la Constitución para adoptar un paquete de “medidas necesarias” que redundarían en cierto tipo de suspensión de la autonomía.

Pero fuentes gubernamentales señalan que incluso en el caso de una declaración unilateral con plazo variable, o flotante, el Gobierno se vería en la tesitura de actuar. O al menos tendría que reconsiderar la situación.

Porque hay un punto fundamental: habrá que ver la referencia de Puigdemont y de Junts pel Sí a la vigencia de la ley de transitoriedad jurídica que regula la construcción de las nuevas instituciones.

Dicha ley (suspendida por el TC) entra en vigencia a las 48 horas de la proclamación de los resultados del referéndum por la Sindicatura Electoral, y esa proclamación, dado que la Sindicatura está disuelta, puede ser sustituida por los resultados que dará la Generalitat.

Según dicha ley, el Gobierno debería tomar control de las fronteras, los aeropuertos y empezar a sentar las bases del nuevo poder judicial con la transformación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Tribunal Supremo.

Por tanto, no solo se trata de conocer lo que dirá Puigdemont – el Tribunal Constitucional se reuniría en Pleno el miércoles si declara la independencia- sino de saber si se pone en marcha la citada ley de transitoriedad.

En el Gobierno, las declaraciones de ex presidentes como José María Aznar o Felipe González a favor una suspensión de la autonomía catalana son vistas como un slogan parecido a este: “Animémonos y vaya usted señor Rajoy”.

El presidente del Gobierno sabe, primero, que el 155 no se ha aplicado nunca; segundo, que el 155 es lo que uno “quiere que sea”: no solo las “medidas necesarias” sino los medios para que se cumplan o ejecuten. Se sabe como se entra a esta situación, pero se ignora cómo se mantiene uno en ella, por cuánto tiempo y con qué costes.

Los dos recursos in extremis para frenar una declaración unilateral de independencia lanzada “por falta de otra cosa”, que diría Andreu Mas-Colell, han sido la intervención del Rey el martes 3 de octubre, y la decisión, adoptada el miércoles 4, tras negociaciones¡, según hemos dejado constancia en este diario, entre el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa y el presidente del Banco de Sabadell, por un lado, y el ministro de Economía, Luis de Guindos, para facilitar la mudanza de las sedes sociales de las grandes empresas domiciliadas en Cataluña a través de sus consejos de administración, sin pasar por las juntas de accionistas. Precisamente, la autorización que necesitaba Caixabank por no haber adaptado sus estatutos en 2015.

La blitzkrieg de retirada de sedes sociales de empresas ha continuado con anuncios sobre este fin de semana y el goteo seguirá hoy lunes, en vísperas de la comparecencia de Puigdemont.

Con todo, en el caso de los bancos, la mudanza, que puede tonificar las cotizaciones bursátiles, no soluciona el problema fundamental, que no es el valor de las acciones, sino la retirada de depósitos. La liquidez perdida debe ser compensada y hacerlo también supone un problema: el mercado interbancario – es decir, las otras entidades que te prestan- aprieta las clavijas.

Al Gobierno de Rajoy le interesa que este proceso no se vaya de las manos, como ocurrió en Quebec entre 1978 y 1981, con el anuncio del primer referéndum de 1980.

La idea de la temporalidad en el caso de España puede ser una expresión de buenos deseos, pero la verdad es que los bancos que se marcharon de Montreal a Toronto nunca regresaron.

La reacción de las entidades financieras y empresas era previsible. El momento elegido, entre el referéndum del 1-O y la declaraciones de intenciones, también. Porque su decisión tiende a ponerse a buen resguardo y, al tiempo, evitar la declaración de independencia.

El 19 de febrero de 2015, en el programa .Cat de TV3 donde ya se barajaba la fecha de elecciones autonómicas plebiscitarias para el 27 de septiembre de aquel año, Carme Forcadell a punto de dejar la presidencia de la ANC, se debatió precisamente la actitud de las empresas.

Allí, apunté:

-Para construir un Estado independiente hay que tener el concurso de la población, que está por ver, sino en la medida en que estamos hablando del capitalismo…por qué estamos hablando del capitalismo ¿no?, tenemos en contra a los baluartes del capitalismo catalán, a los que no les interesa la independencia, porque no les interesa la ruptura del mercado español como mercado único y su desarrollo como empresa es nacional, en el sentido del Estado español, e internacional.

Ariadna Oltra, coordinadora del programa, preguntó a Carme Forcadell si estaba de acuerdo.

"Totalmente de acuerdo. Pero tenemos la suerte de que estamos en democracia. Y esos grandes capitalistas tendrán al día siguiente del 27 de septiembre el mismo poder que nosotros: un voto”