El comisario Villarejo acepta ser testigo de cargo de Cierco contra el policía Martín-Blas

MadridEl accionista propietario de la Banca Privada de Andorra, Higini Cierco, ha presentado una querella criminal en la Batllia de Andorra (órgano jurisdiccional de primera instancia e instrucción) contra el comisario Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos de la Policía española y el ex agregado de Interior de la embajada de España en Andorra, el inspector Celestino Barroso. Cierco les acusa de delitos de coacciones y de chantaje a raíz de la operación que presuntamente montaron en junio de 2014 para obtener los datos de las cuentas bancarias de los familiares del ex presidente Jordi Pujol i Soley en dicha entidad.

La querella destapa una noticia espectacular: el comisario José Villarejo acepta ser testigo de cargo de las actividades de Martín-Blas y la Policía española al tiempo que asume la autoría de cuatro notas internas reservadas, elaboradas entre el 1 de julio de 2014 y el 20 de enero de 2015, sobre las operaciones en cuestión. Una de ellas, la del 1 de julio, ya fue reproducida por ARA el pasado 6 de septiembre.

Junto con la querella, Cierco aporta un documento firmado por Villarejo el 2 de septiembre y protocolizado ante el notario de Madrid José Manuel Senante Romero el 26 de septiembre de 2016.

El comisario, ahora jubilado, declara ser “el autor de diversos escritos que se le han mostrado por parte de los letrados que actúan en defensa de los Señores Cierco, concretamente unas notas informativas con fecha 01-07-2014, 04-07-2014, 21-12-2014 y 20-01-2015, las cuales se refieren a diversas informaciones sobre Andorra, movimientos bancarios diversos, así como la referencia a las actuaciones en todo ello del comisario Marcelino Martín-Blas”.

Añade: “Que en base a ello se pone a disposición de las autoridades judiciales andorranas y españolas para colaborar si así fuera requerido a ello”.

Otro de los documentos aportados por Cierco se refiere a una nota pormenorizada sobre los seguimientos de que fuera objeto en Madrid el consejero delegado de BPA y de su entidad española, Banco de Madrid, ordenados, presuntamente, por el comisario Martín-Blas, los días 6 y 28 de junio de 2014.

La querella propone diversas diligencias entre las cuales destaca la declaración del comisario Villarejo en calidad de testigo, “el cual”, dice el escrito, “está dispuesto a comparecer en la sede de la justicia andorrana sin necesidad de citación a través de comisión rogatoria internacional”.

Las tres notas aportadas no conocidas hasta ahora describen las diversas operaciones policiales en la búsqueda de informaciones relacionadas con la familia Pujol. Parece desprenderse de ellas que la información original sobre las cuentas bancarias fueron obtenidas por Martín-Blas en AndBank, entidad resultante de la fusión del Banc Agricol (propiedad de la familia Cerqueda) y la Banca Reig (familia Reig). Los Pujol tenían sus depósitos iniciales en la Banca Reig. Un segundo paso de la operación habría sido confirmar la existencia de depósitos en la BPA, entidad a la que AndBank habría orientado a la Policía española.

Según Villarejo, el consejero delegado de BPA, Jean Pau Miquel, habría cobrado por la confirmación de los datos aportados y confirmados 500.000 euros, una cantidad pactada por Martín-Blas y transferida con cargo a fondos reservados del CNI.

En sus notas Villarejo señala que Martín-Blas ha ocultado información a los sumarios judiciales y que, en cambio, la ha aportado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Según explica en la información fechada el 21 de diciembre de 2014, la operación de inteligencia se cebó con la BPA porque en esta entidad la familia Pujol mantenía las menores cantidades de fondos (hasta 4 millones de euros), comparadas, según asegura, con AndBank.

Según Villarejo, ello se habría decidido así porque, entre otras razones, “algunos responsables del CNI negociarían con el propio Pujol ayudarle a cambio de que no revelara las relaciones de altas personalidades del Estado español, con la cuenta SOLEADO, manejada por el [financiero de Rhône Gestión en Ginebra, Suiza] Arturo Fasana”.

Cierco también relaciona los hechos con la llamada Operación Cataluña, de fabricación de pruebas falsas contra dirigentes independentistas, destapada por Villarejo en sede judicial, en el caso del pequeño Nicolás, y las conversaciones grabadas en 2014 entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, objeto de una querella criminal pendiente en el Tribunal Supremo.