MadridLa comparecencia de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán el martes próximo ha abierto una 'tregua' entre la Generalitat y el gobierno de Madrid. Un botón de muestra de ello ha sido la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de abstenerse de echar leña al fuego y pedir, incluso, un aplazamiento de las declaraciones de Trapero, Laplana, Sánchez y Cuixart en la denuncia por sedición. Si prestaron testimonio ha sido por la insistencia de Trapero, que fue acogida por la magistrada Carmen Lamela, con el anuncio de la Fiscalía de que les llamará en fechas próximas.
Aunque la Guardia Civil ha presentado a última hora un informe de 300 folios, ello ha permitido vestir el muñeco. El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, aconsejó aprovechar el informe para abrir un paréntesis hasta después de la declaración de Puigdemont.
Las disculpas por la represión del delegado del Gobierno, Enric Millo, aunque hechas de cara a la galería y a raíz de la protesta internacional, suponen apartarse de los discursos de Rajoy y del Rey, el primero justificando la actuación policial, y el segundo ignorando a los heridos.
El gobierno de Rajoy, pues, parece extraer consecuencias de su garrafal error -que la prensa de todo el mundo no deja de subrayar- con el uso de porras y pelotas de goma, incapaces de abortar el acto de referéndum del 1-O –invalidado con anterioridad- y ha decidido aplazar un nuevo enfrentamiento.
Dicho enfrentamiento podía producirse ayer en dos ámbitos: en la Audiencia Nacional, con el pretexto de estudiar el nuevo informe de la Guardia Civil; y, también, en el consejo de ministros, al no decidir –como solicitaron en sus mensajes el rey Felipe VI y el ex presidente José María Aznar- la presentación del decreto-ley del artículo 155 de la Constitución ante el Senado para intervenir, de un modo u otro, la autonomía catalana.
En cambio, tuvo protagonismo en el consejo de ministros el ministro Luis de Guindos, quien informó sobre la situación económica del conflicto. Hablando en plata: la propuesta del decreto-ley para facilitar a las empresas que quieran mudar su sede social hacerlo por decisión de sus consejos de administración sin tener que llevar el asunto a las juntas de accionistas.
Así como hubo en la jurisprudencia penal una sentencia Botín, quizá el decreto, según información recogida por ARA, debería llamarse, en derecho mercantil, el decreto Fainé, habida cuenta de las gestiones florentinas del presidente de la Fundación Bancaria La Caixa con el ministro de Economía.
Porque Caixabank, a diferencia del banco Sabadell, no había adaptado sus estatutos en 2015 a un decreto que permitía sustituir a la junta de accionistas por el consejo de administración. Fainé y Guindos hicieron un tándem y Rajoy les dio su bendición. Soraya Sáenz de Santamaría tuvo conocimiento por el presidente.
Una tregua frágil en el terreno jurídico-penal –tras la suspensión del Pleno del lunes por el TC y la decisión de Puigdemont de comparecer el martes- que va acompañada, empero, de una artillería a la independencia potencial bajo la forma de anuncios de traslados de sedes sociales de empresas.
El gobierno de Rajoy trabaja con tres escenarios teóricos: DUI directa, lisa y llana; DUI a plazo de seis meses; elecciones autonómicas plebiscitarios en un periodo de tres meses.
Ayer, el Gobierno descartó la primera, pero no ocultó su preocupación por la incertidumbre económica que podría plantear la segunda. La tercera, elecciones, permitiría ganar más tiempo.
Si se declara la independencia a plazo fijo, ¿el Gobierno mantendría fuera del tablero el decreto-ley del 155 de “medidas necesarias”? La respuesta de fuentes gubernamentales es: habría que volver a reconsiderarlo.
