¿Qué no puede hacerse con un Estatuto?

Catedrático de la UPFEscucho en una tertulia radiofónica que una participante, defendiendo el interés de seguir disponiendo de un Estatuto, se pregunta: "¿qué desea hacer con la independencia que no pueda hacerse con el Estatuto?". Inmediatamente se me ocurrió un aluvión de argumentos, que expongo a continuación porque vale la pena recordar qué queremos que no pueda hacerse con un Estatuto.

La voluntad de reforma del Estatuto de Sau, el de 1979, ya nació por la reducción de la autonomía catalana, laminada por el abuso que los gobiernos del Estado hicieron de sus competencias básicas. En todos los ámbitos en los que la Constitución daba competencias exclusivas a la Comunidad Autónoma, el Estado conservaba la capacidad regulatoria en última instancia. Y el Estado la ha utilizado progresiva e intensamente, ya desde los años ochenta. De hecho, ha ido vaciando las competencias de las CCAA a base de regular todo lo que podía regularse. Las CA no pueden decidir casi nada importante. Tienen que limitarse a pagar. Por eso la discusión sobre la financiación autonómica se ha vuelto tan intensa: cuando no puedes regular nada, la única diferencia en el servicio la define el dinero que te puedes gastar. La poca política y la mejor que puede hacerse es consiguiendo más recursos. Cuando las CCAA -y especialmente la Generalitat- han encontrado maneras de gestionar mejor los recursos, el Estado ha boicoteado o torpedeado estas soluciones. En Cataluña, por ejemplo, es tradición que las administraciones colaboren a través de la creación de consorcios. El PP ha atacado y desmontado los consorcios. Lo ha hecho con la excusa de simplificar administraciones, con la excusa de la crisis y con la excusa de la eficiencia. Todas, excusas falsas. Ha destrozado un sistema de cooperación entre administraciones que ahorraba recursos, que multiplicaba las iniciativas posibles (como, por ejemplo, hospitales comarcales) y que superaba las rigideces administrativas.

Los consejeros y consejeras, por ejemplo, de Enseñanza o de Salud, saben que casi no pueden decidir nada porque todo está regulado desde Madrid. Ahora se habla de suspender el "decreto Wert" que elevaba el número de alumnos por aula. El Estado regula la enseñanza hasta ese extremo. Es el gobierno del Estado quien fija, cuando quiere, la variación de los sueldos de los empleados de todas las administraciones -su principal gasto-. El Estado más descentralizado del mundo no lo es en absoluto. Por ello quiso hacerse un nuevo Estatuto hace quince años. Todo el blindaje competencial diseñado en el Estatut de Miravet saltó por los aires con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010. El TC, con las mayorías del PP y de parte del PSOE, no ha sido árbitro sino agente activo de la recentralización y uniformización, y ha ido fijando una jurisprudencia homogeneizadora que ha dado la vuelta a la letra y al espíritu de la Constitución. ¿Por que, si no, los que en 1978 defendían la Constitución ahora son independentistas, y los que estaban en contra ahora son constitucionalistas? Simplemente, el giro neofranquista, centralizador y uniformizador ha ganado, ha desnaturalizado la Constitución y ha vaciado de contenido los Estatutos.

Por lo tanto, con el Estatuto y con la Constitución tal como ha sido interpretada, ya no pueden hacerse políticas autonómicas propias. El margen de decisión es muy pequeño porque la regulación estatal es omnicomprensiva. Sólo por eso podría entenderse que las políticas que el pueblo de Cataluña podría querer hacer ya no caben en las actuales competencias autonómicas y constitucionales.

Hay competencias que no son autonómicas, sino estatales. No son irrelevantes, al contrario. Aunque las competencias autonómicas estuvieran intactas en el campo de la salud, el bienestar, la enseñanza, el comercio, el turismo, la industria, la cultura, la lengua, etc, hay espacios importantísimos de competencia estatal: la regulación del mercado de trabajo, la política migratoria y de fronteras, la regulación de la seguridad social, la política contra el paro, la defensa, la policía (últimamente nos ha quedado claro, ¿verdad?), la justicia (una de las piedras de toque de la sentencia del TC de 2010), la supervisión y regulación de todas las políticas, y "detalles" como la política fiscal, la regulación bancaria, el control en última instancia del gasto, la acción exterior (también ha quedado claro , ¿verdad?), y un larguísimo etcétera detallado en el artículo 149.1 de la Constitución.

El problema es que las competencias autonómicas han sido recortadas por el Estado, con especial intensidad en los mandatos del PP, y que las otras competencias -las estatales- son esenciales para reaccionar en el mundo en constante transformación que nos ha tocado vivir. He aquí por qué un Estatuto no arregla nuestros problemas.