La arbitrariedad de los objetivos de déficit

El Estado ha centrifugado el déficit y, además, ha racionado discrecionalmente la liquidez

Las advertencias recientes (ARA, viernes 5 de febrero) de la Comisión Europea al Reino de España sobre el previsible incumplimiento del objetivo de déficit en 2016 y sobre la necesidad de reducirlo en unos 8.600 millones de euros tienen que constituir motivo de alarma para todos, pero especialmente para las comunidades autónomas, que tienen demasiados números de que la Administración General del Estado les encargue asumir el peso del nuevo ajuste.


A escala de la eurozona, la fijación de objetivos de déficit está acordada entre los estados en el pacto de estabilidad y crecimiento asociado a la puesta en marcha del euro. A la hora de fijar las trayectorias de ajuste que tienen que corregir lo que se llama "déficit excesivos" hay criterios técnicos, económicos y estadísticos, que tienen en cuenta que hay gastos que son particularmente cíclicos. Los "procedimientos de déficit excesivo" están muy regulados y calibrados.


En cambio, de puertas adentro, el estado español no reproduce el mismo criterio. Lo hizo, sobre el papel, en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que aprobó el año 2012. Ahí reprodujo los criterios definidos en los procedimientos de déficit excesivo. Eran trayectorias de ajuste razonables y graduales. Pero cuando llegó la hora de aplicarlas, el gobierno del PP olvidó lo que determinaba su ley y la práctica comunitaria, y prefirió otra ley, la del embudo, que le era mucho más favorable. Maravilla que la prensa española con sede en Madrid, sea económica o generalista, olvide siempre el contraste entre una metodología pactada de fijación de objetivos a escala europea y la arbitrariedad pura y dura dentro de España. Los objetivos de déficit para las administraciones subestatales son imposiciones sin legitimidad política ni moral que se ensañan contra la provisión de servicios finalistas de atención directa a las personas, en lugar de reducir las políticas y administraciones duplicadas que el Estado quiere proteger.


Efectivamente, el ministerio de Hacienda decidió que los primeros años el ajuste lo tenían que hacer las comunidades autónomas y los entes locales, y que la Administración General del Estado ya lo haría más adelante -esperando que la recuperación que tenía que llegar les ahorrara el trabajo-. Así, en lugar de distribuir los esfuerzos de reducción de déficit en proporción al gasto realizado por cada nivel de administración, que era lo que aproximadamente ya había hecho el último gobierno del PSOE, decidieron centrifugar el déficit y hacer que recayera esencialmente sobre las comunidades autónomas y los entes locales. La jugada fue denunciada por todas las comunidades autónomas que no estaban gobernadas por el PP, y la denuncia, adecuadamente argumentada desde el punto de vista técnico, fue presentada como recurso económico administrativo ante el Tribunal Supremo, donde aún espera sentencia.


Si las cuentas se hubieran hecho bien (y lo recuerda y documenta un informe que ha publicado recientemente el departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda), el año 2013, en lugar de que el ministerio de Hacienda reclamara a las comunidades autónomas un déficit del 0,7% del PIB (que después de muchos esfuerzos se logró que se elevara al 1,3%, que pudiera ser asimétrico y que a la Generalidad de Cataluña le tocara un 1,58%), nos habría correspondido un... ¡2,50%! El 1,96% ejecutado no habría sido ninguna desviación y aún nos hubiéramos podido ahorrar ajustes por importe de más de mil millones de euros. En el año 2014, en lugar del 1% fijado por el Estado, habríamos podido pasar con un déficit del 2,24%. El año 2015, en lugar del 0,7%, habría sido suficiente el 1,62%. Y en 2016, en lugar del 0,3% que Hacienda obligará a la Generalitat a cumplir, nos tocaría un 1,09%, que serían unos 1.600 millones más de disponibilidad tesorera. El Estado ha centrifugado el déficit. ¡Por supuesto que lo ha hecho! Y, además, ha racionado discrecionalmente la liquidez.


El golpe que dio el Estado a las comunidades autónomas en 2013, que fue durísimo (bajar el objetivo de déficit de 1,3% a 0,7% en plena intensificación de la crisis), se hizo con el excusa de una corrección del déficit impuesta por Europa. Pero en aquella ocasión la Comisión Europea daba más (repito: ¡más!) margen de déficit al estado español, y éste, en vez de repartirlo con las otras administraciones, se lo quedó todo y nos quitó todavía más. Tanta arbitrariedad no se olvida. ¡Que no sean los mismos los que tengan que administrar el posible varapalo que ahora puede venir de Europa!