En la UE disponemos de un marco normativo que quiere garantizar las libertades fundamentales. En este contexto, tener cultura democrática significa asumir sin reserva el principio que los gobiernos se determinan por elecciones y que una mayoría es tan legítima como cualquier otra. El problema político español es que un sector muy importante de la derecha no tiene cultura democrática, más bien al contrario, tiene una concepción patrimonial del Estado. Lo considera suyo y aspira que su legitimidad como ocupante natural se imponga. Dentro de Europa esto describiría, por ejemplo, la situación de Polonia.
Para esta derecha, si, por accidente, el gobierno está ocupado por otros, es legítimo hacer lo que haga falta para desalojarles. Es la pulsión que en 1936 llevó a la insurrección del general Franco. En la UE, la pertenencia a la cual es seguramente el único consenso de fondo del que disponemos, el instrumento militar ha quedado anulado. Y de aquí la instrumentalización de una judicatura que incluye muy buenos profesionales pero que tiene una cúpula dominada por un sector conservador, politizado y activista, que comparte la visión patrimonial y que quiere completar la involución de la Constitución que inició el presidente Aznar a principios de siglo.
Ante la anomalía de que en estos momentos el gobierno de España esté en manos de los ilegítimos se impone la desestabilización con el objetivo de hacerles caer o, en el peor de los casos, situarles como perdedores de cara a la próxima legislatura. La estrategia es la de la provocación continua. Y es por eso que ya hace casi mil días que tengo amigos, muy respetables y pacíficos, a quienes un Tribunal Supremo (TS) sin sentido de la medida ha confirmado como presos políticos. La cárcel es parte de la provocación. Se busca la reacción airada, la polarización y el protagonismo de los extremos. Nos quieren violentos.
Hay una corriente de opinión que insiste que la consolidación democrática de España pide un consenso central que pueda llevar a configuraciones políticas de gobierno como la alemana (coalición conservadora-socialista). Es así, pero no porque las supermayorías tengan en sí mismas virtudes especiales. En el nivel más fundamental, la consolidación democrática lo que pide es un tipo de consenso mucho más básico, y hoy ausente en el grueso de la derecha: lo que antes he denominado cultura democrática, es decir, la interiorización que democracia quiere decir que la mitad más uno del electorado pueda gobernar legítimamente. Los EE.UU., y su aparato judicial, nos han dado un magnífico ejemplo de esta cultura: han sido los jueces, conservadores o progresistas, los que, con un profesionalismo impresionante y prácticamente unánime, han frenado la aberración golpista de Trump.
La opción de confrontación y provocación, implementada hoy desde el TS, solo tendría que tener una respuesta: trabajar para ir conformando una base social, compuesta por varias variedades de la izquierda y por sectores de las clases medias, que disponga de la capacidad, mientras la derecha no evolucione en profundidad, de ganar elecciones sistemáticamente. En definitiva, el camino apropiado es el de Portugal. Con un poco de fortuna, que bien nos merecemos, nos ahorraremos Polonia y algún día llegaremos a Alemania y quizás tendremos gobiernos, de coalición o no, que lo sean desde el centro porque así lo han querido los electores. Pero para esto tendremos que pasar por Portugal el tiempo que haga falta.
El camino de Portugal no será fácil. Creo que la demografía ayuda pero sobre todo nos hace falta autocontrol: no caer en la provocación. Hace falta que la mayoría que os he descrito sea, además de competente, tranquila. También, dentro de la mayoría y de sus diferentes sectores y subsectores, hay que saber pactar y proyectarse hacia la ciudadanía con plataformas moderadas. Y evitar el rifirrafe continuo. No siempre es verdad que la multiplicidad de opciones maximiza los votos. El votante desanimado se puede quedar en casa.
Vuelvo, con más concreción, a los amigos y amigas en la cárcel. Con presos y exiliados será difícil avanzar en la consolidación de una mayoría parlamentaria estable en el Congreso de Diputados. Los jueces y fiscales activistas de la derecha lo saben y por eso les tendremos en la cárcel por Navidad. Un paso que conviene, y rápido, es que salgan. La perfección pediría una amnistía, pero nos tenemos que dar cuenta que la intransigencia del TS ha dado mucha significación política al indulto. No es lo mismo que el indulto sea una medida de gracia concedida a petición del mismo TS, que una obtenida contra su voluntad manifiesta.
