Felipe VI y la reforma constitucional

El 15 de abril de 1969 Victoria Eugenia de Battenberg moría en su residencia de Lausana. Hacía treinta y ocho años que, del brazo de Alfonso XIII, había comenzado un largo exilio. Sólo había vuelto a España el año antes por el bautizo de su bisnieto y ahijado Felipe, hijo de su nieto y ahijado Juan Carlos. La nieta de la reina Victoria aprovechó la ocasión de la presencia de Franco para dispararle a quemarropa: "General, esta es la última vez que nos veremos en vida. Quiero pedirle algo. Usted que tanto ha hecho por España, concluya su obra. Designe al rey de España. Esta es la única y la última petición que le hace su reina".

En el funeral de la madre y de la abuela, Don Juan y Juan Carlos riñeron. El conde de Barcelona le recriminó al hijo su voluntad de aceptar ser el sucesor de Franco a título de rey, rompiendo el eslabón dinástico de los Borbones. El hijo replicó que era la única vía para que la Corona volviera a la familia y él fuera padre de rey. Franco no restauraría nunca la monarquía sino que instauraría una nueva. Por eso él nunca sería Príncipe de Asturias sino Príncipe de España. Don Juan no renunció a sus derechos dinásticos en favor de su hijo hasta la convocatoria de las primeras elecciones (no democráticas) del 15 de junio de 1977.

La monarquía es fruto del sufragio universal de la Historia, de la sagrada tradición. Del Dios, Patria y Rey. El deber de un rey es asegurar la descendencia y la transmisión de la Corona. Como el buen labrador (y no el cabeza hueca del heredero derrochador) transmite al heredero en mejor condiciones la tierra heredada del padre. Como sucede también con los propietarios de industrias, comercios e inmuebles. En este sentido, no deja de ser curioso que republicanos encendidos en la esfera pública se comporten como reyezuelos en el ámbito privado. De aquí vienen los lloros cuando se habla del impuesto de sucesiones.

Juan Carlos I hizo el trabajo. No fue hijo de rey (aunque lo enterró en el panteón real) pero es padre de rey. Ahora le toca a Felipe VI, hijo de rey, hacer el trabajo para convertirse en padre de reina. Y pagará cualquier precio. En primer lugar, matar al padre, tal y como hizo su padre con su abuelo (con el visto bueno de la abuela). Felipe VI no matará por sí mismo, sino por su hija Leonor, espoleado por su madre Sofía, la gran profesional, que hará todo lo que convenga para que su nieta sea coronada. A estas alturas, Sofía quizás se arrepiente de no haber hecho caso a Sabino Fernández Campo y haber forzado la abdicación del rey en el año olímpico de 1992. Se habrían ahorrado 22 años, al menos, de conducta real inapropiada que, por supuesto, no será fácil limpiar. Ahora el precio, personal y político, será mucho más lacerante, y todo hace pensar que no se podrá evitar pasar por las urnas, como su padre hizo con la Constitución de 1978, para legitimarse.

Felipe VI difícilmente puede escurrir el bulto con cinco líneas bajo la carta vergonzante de su padre, colgarle el sambenito y dejar sin mácula la Corona. Los poderes públicos tendrán que dar respuesta, más vale temprano que tarde, a la grave crisis institucional abierta para apaciguar y no aumentar la profunda crisis económica, social y política. ¡Suerte tenemos del cobijo de la Unión Europea!

Felipe VI puede esconder la cabeza bajo el ala o tomar la iniciativa de estimular una reforma constitucional en profundidad que, entre otras cosas, haga innecesario un referéndum sobre la monarquía. No se trata tan solo de reformar el título segundo referente a la Corona –que también– sobre la supresión de la preeminencia masculina en la sucesión, de circunscribir la inviolabilidad real en la esfera pública y de exigir una transparencia total y absoluta en las finanzas y el patrimonio de la Casa Real, sino de actualizar los preceptos constitucionales y, sobre todo, de plasmar el espíritu de un estado plurinacional y federal comenzando por hacer oficiales las diversas lenguas.

Felipe VI tendrá que hacer lo posible para llevar a los cortesanos de la derecha nacionalista, que todos estos años le han reído las gracias al rey campechano, al consenso parlamentario y al voto afirmativo en el referéndum si quieren la continuidad de la Corona. Al igual que en 1978, el dilema no es monarquía o república, sino democracia, reconocimiento de las identidades nacionales, estado federal y un rey que reine pero que no gobierne. Entonces tampoco fue pan comido. En todo caso, conviene recordar en la negociación que la monarquía es real y la república virtual. Y en una negociación gana quien cede lo que no tiene.