RADIOGRAFÍA ECONÓMICA AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS (3)

La factura social del déficit fiscal catalán

La falta de inversión pública en Cataluña, compensada con inversión privada, aumenta el coste social

Si durante el periodo 1980-2016 Cataluña ha mantenido su peso económico -aportando siempre alrededor del 19% del PIB español- y su posición relativa en términos de PIB per cápita -alrededor del 120% de la media-, ¿de qué se queja? Después de todo, ¿no compensa su déficit fiscal con el superávit comercial que obtiene del resto del Estado, como se dice a menudo?

Empezando por esta segunda pregunta, conviene explicar una vez más que la relación es inversa: la existencia de un déficit fiscal ‘obliga’ a tener superávit comercial, dado que si alguien produce por 100 y dispone de 90 para gastar e invertir, a la fuerza tendrá que vender fuera más de lo que compra. Por el contrario, tener un superávit comercial no obliga a tener déficit fiscal, como podemos ver que pasa en Alemania, con un enorme superávit comercial exterior y ningún déficit fiscal con el resto del mundo. O la misma Cataluña, que hoy en día obtiene buena parte de su superávit gracias a las operaciones que hace con el resto del mundo. En todo caso, lo que implica un superávit exterior es una producción superior a la demanda interna: se vende fuera todo lo que no se consume o invierte dentro. Y esto lleva a una segunda pregunta.

Sin déficit fiscal, la demanda interna en Cataluña podría ser superior; bien con más inversiones, lo que favorecería más crecimiento económico, bien con salarios y gasto público más altos, lo que favorecería un mayor bienestar social. En cuanto a unas inversiones más altas y sus efectos, haría falta un análisis contrafactual para averiguar dónde estaríamos sin déficit fiscal; aunque el crecimiento espectacular de Madrid ya nos da pistas. En cuanto a los efectos de un gasto público más alto, disponemos de datos suficientes como para calcular el alto coste social que supone la actual infrafinanciación de la Generalitat.

Disponemos, por ejemplo, del índice regional europeo de progreso social, que fue publicado por la Comisión Europea en el año 2016 por primera vez. Cataluña, que por PIB per cápita ocupaba la posición 68 entre las 272 regiones europeas, pasaba a la posición 163 en términos de progreso social; ¡detrás de once comunidades autónomas españolas, ocho de las cuales con menos PIB per cápita! Y dado que el índice de progreso social se calcula a partir de datos relativos a educación, sanidad, vivienda, medio ambiente... y hasta cincuenta factores que en su gran mayoría dependen de su financiación pública, es evidente que el déficit fiscal es en muy gran parte responsable de este bajo nivel de progreso social en Cataluña, como lo es en Baleares. Por el mismo motivo, no es sorprendente que comunidades receptoras habituales de transferencias fiscales tengan un nivel de progreso social más alto; o que lo tengan mucho más alto las comunidades forales, gracias a su concierto económico, y también Madrid, donde su supuesto déficit fiscal queda ampliamente compensado por las muy superiores inversiones recibidas.

Encima, sueldos bajos

De hecho, la falta de inversión pública en Cataluña, muy a menudo compensada con inversiones privadas, aumenta el coste social: escuela y sanidad concertadas, peajes...; a la vez que supone un obstáculo a la cohesión social, en la medida en que unos servicios públicos insuficientemente dotados expulsan hacia alternativas privadas a una parte de la sociedad. Además, el superávit comercial que el déficit fiscal obliga a obtener pide una competitividad que supone salarios más bajos de los que se corresponderían con nuestra productividad. Es decir, no sólo disponemos de menos recursos para redistribuir sino que también es peor la ‘predistribución’, medida en porcentaje salarial respecto al PIB. Esta cuestión la ampliaremos en el siguiente artículo.

En definitiva, aunque Cataluña ha mantenido peso económico y PIB per cápita en términos relativos, el actual modelo autonómico le ha supuesto menos crecimiento potencial, como evidencia la concentración de inversiones y crecimiento espectacular de Madrid, y, sobre todo, le ha supuesto un enorme coste social que alimenta, más allá de banderas, los anhelos de cambio radical. Que este modelo tampoco ayude a las comunidades menos desarrolladas a converger con las que lo son más (es decir, que, además de injusto, es ineficiente) debería ser motivo suficiente para replantearlo por completo. Esto no pasa por la tan a menudo reclamada ordinalidad, que da por bueno que las transferencias sean permanentes siempre que una comunidad con más PIB termine recibiendo menos financiación; sino que pasa por su sustitución por planes de convergencia y, por tanto, por transferencias temporales y potencialmente reversibles. Es decir, que donantes y receptores puedan llegar a intercambiarse el rol, como ha ocurrido en países como Alemania con Baviera, antigua receptora y hoy donante.