RADIOGRAFÍA ECONÓMICA AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS (4)

La trampa de la solidaridad

Dentro de España se ignoran las diferencias de precios y productividades

Antes de la expansión de la Unión Europea hacia el este, los países miembros que recibieron más dinero del Fondo de Cohesión europeo fueron España, Grecia, Portugal e Irlanda. Precisamente, los cuatro países que posteriormente necesitaron un rescate. ¿Casualidad o causalidad? El hecho es que las transferencias exteriores impulsan la demanda interna del receptor, presionando al alza precios y salarios, y si no dan lugar a un incremento igual o superior de su productividad le acaban haciendo perder competitividad. Es decir, estas ayudas muy fácilmente pueden convertir en recurrentes su déficit y su deuda externa, y hacer necesario su rescate y el retorno de la demanda interna al nivel anterior con un programa de austeridad.

Con las transferencias fiscales interregionales, en España pasa algo parecido. Si se utilizan para mejorar la productividad y aumentar la capacidad productiva de los receptores, deberían impulsar su economía hasta el punto de convertirlos en futuros donantes potenciales. Desgraciadamente, y debido a las competencias de que disponen, las comunidades están obligadas a financiar básicamente gastos sociales, con poco impacto sobre el crecimiento. Y el Estado, con una capacidad inversora muy superior, ya hemos visto en anteriores artículos a qué la dedica. Como resultado, las transferencias acaban suponiendo una pérdida de competitividad a las comunidades receptoras y agravan las disparidades.

La manera más evidente de constatar esta pérdida de competitividad es comparando los costes laborales: las comunidades receptoras de transferencias los tienen más altos. No en términos nominales, pero sí relativos (es decir, como porcentaje del valor añadido), que a la postre es lo que importa a un empresario. Para una misma inversión, cualquier empresario preferirá pagar cuatro si obtiene un producto por valor de siete que pagar dos si obtiene cuatro. Pese a que, en el primer caso, el salario relativo será el 57% (4/7), y en el segundo será del 50%.

Las transferencias acaban suponiendo una pérdida de competitividad a las comunidades receptoras

Es lo que encontramos cuando comparamos los países de la UE: un coste salarial que, en porcentaje, aumenta con la productividad. Por el contrario, entre las comunidades españolas la correlación es... ¡negativa! Es decir, que los salarios aumentan en términos relativos a medida que disminuye la productividad. Una verdadera anomalía con un resultado dramático: el paro es más alto allí donde el porcentaje salarial es más alto; es decir, donde la competitividad es inferior. Y esto se da, precisamente, en las comunidades receptoras de transferencias fiscales.

¿Por qué no bajan los salarios donde hay más paro y no aumentan donde hay menos, lo que reduciría el diferencial de competitividad y empleo? Por un lado, tenemos la negociación salarial centralizada, empezando por el salario mínimo, que no se adecua a la realidad productiva y de precios de las diferentes comunidades. Un gran ejemplo de ello es la reclamación de equiparación salarial policial. Tan justa como lo sería la equiparación con las policías alemanas o nórdicas, ¡pero que nadie con sentido común pide! Sin embargo, dentro de España se ignoran las diferencias de precios y productividades, y al ignorarlas ‘se condena’ a las regiones con menos PIB per cápita a menos empleo, lo que congela o aumenta las divergencias.

Por otro lado, tenemos las mismas transferencias interregionales, que reducen la demanda en las comunidades donantes, quitando presión para que suban los salarios, y que la aumentan en las receptoras, añadiendo presión al alza sobre sus salarios. Y como resultado: unos sueldos relativamente similares resultan ‘excesivos’ allí donde la productividad es más baja y ‘muy competitivos’ donde la productividad es superior, lo que hace que se mantengan las diferencias de competitividad y de empleo. Una situación que también encontramos en Italia, donde unos salarios negociados centralizadamente se convierten en un regalo para el norte más productivo y un castigo en forma de paro a un sur que lo es menos.

Si hoy Grecia es competitiva, con más razón podrían serlo el sur italiano y el español. Y para que lo fueran no haría falta la brutal austeridad exigida a Grecia. No sólo no tienen una deuda similar -dado que las transferencias fiscales recibidas no eran un préstamo- sino que tampoco deberían cargar ellos solos la totalidad del ajuste. Un incremento de los salarios a los respectivos nortes haría menos necesaria la reducción de los salarios en el sur. Asimismo, si se sustituyeran las actuales transferencias permanentes y sin condiciones para planes de convergencia dirigidos a financiar inversiones que garanticen su desarrollo, se facilitaría la transición de las comunidades menos desarrolladas hacia la competitividad y el aumento de la productividad. Algo bueno para todos menos para los que se benefician del actual modelo, ya se llamen mafia o administraciones públicas clientelares.

Como en el caso del Fondo de Cohesión europeo y los posteriores rescates, podemos dedicarnos a señalar culpabilidades y acusar a un sur torpe para glorificar un norte más productivo, o bien podemos hacer como hizo la Comisión Europea: entender que verter dinero sin más no resuelve las disparidades y acondicionar ese dinero a planes que mejoren la productividad y la competitividad. En el caso español, esto supondría un cambio copernicano del sistema de financiación estatal y autonómico que, desgraciadamente, nadie parece dispuesto a emprender.