Un Parlamento con todas las voces

Somos conscientes de que hay gente a la que le molesta que se hable, se debata y se vote sobre determinados temas. Son la misma gente a la que le molesta que se hable, se debata y se vote.



El viernes pasado vivimos una enorme anomalía democrática. Que la presidenta de un Parlamento, sea quien sea, tenga que ir a declarar ante un tribunal por un debate y una votación parlamentaria, muestra las carencias democráticas de un estado con graves problemas para aceptar su pluralidad interna y para encarar los conflictos políticos de la única manera que se pueden resolver: políticamente.

Lo que sucede no es un problema de una persona, ni siquiera de un movimiento político: es un problema democrático de primer orden. Por eso son cada vez más las voces que se alzan contra esta imparable judicialización. En Cataluña, en el Estado y, tal como muestran las últimas reacciones de diputados británicos, suizos, italianos o alemanes, entre otros, también en Europa.

Es necesario que este consenso en torno a la defensa de derechos fundamentales se mantenga y amplíe; como también es necesario que el máximo de representantes políticos en el exterior estén atentos a los ataques antidemocráticos que se están produciendo en el Estado.

Todas las personas que tenemos responsabilidades políticas sabemos que, en esta etapa apasionante que vive nuestro país, podemos vernos involucrados, muy a pesar nuestro, en procesos judiciales que resultan incomprensibles a ojos de muchas personas. Y precisamente porque lo sabemos, no tiene sentido lamentarnos de ello ni un solo segundo.

Esto no significa que no sea imprescindible denunciar siempre que haga falta la persecución judicial de los debates y las ideas, que afecta al Parlamento, pero también a muchas otras instituciones y cargos electos. Pero es aún más necesario salir adelante, con firmeza e ilusión, para asegurar que en el Parlamento de Cataluña, institución que representa la soberanía nacional, pueden entrar todos los debates existentes en la calle. Con la máxima pluralidad posible y teniendo en cuenta siempre todas las opiniones, como no puede ser de otra manera en un país tan diverso. Porque defender la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados no se circunscribe a sólo determinadas ideas y grupos, sino al conjunto de la cámara. Esta riqueza es un tesoro que debemos preservar, pero para ello no puede quedar ninguna idea fuera del Parlamento.

Sabemos que lo más probable es que esta constante judicialización, en la que el poder ejecutivo utiliza el judicial para coartar el derecho a debatir de un Parlamento, no sólo no se detendrá sino que irá a más. Sabemos que los frutos de la llamada operación diálogo en el breve período de tiempo que ha pasado desde su nacimiento han sido la confirmación de la suspensión de Santi Vidal; la aprobación del suplicatorio a Francesc Homs, y el archivo de la querella contra un ex ministro que conspiraba para atacar a sus adversarios políticos.

Somos conscientes de que hay gente a la que le molesta que se hable, se debata y se vote sobre determinados temas. Son la misma gente a la que le molesta que se hable, se debata y se vote.

Tenemos claro que a algunos ya no les basta suspendiendo y anulando leyes surgidas del Parlamento de Cataluña, la mayoría destinadas a mejorar los derechos sociales y la calidad de vida de los catalanes y las catalanas; sino que pretenden que el Parlamento se autocensure y que la mesa se convierta en un órgano censor. Pero esto no sucederá.

Porque, a pesar de todo, tenemos claro que las amenazas no nos harán dar un paso atrás. Que la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados se debe preservar siempre. Que ningún tribunal puede impedir que en el Parlamento se hable de independencia o de lo que crean conveniente los diputados. Y que el Parlamento nunca dejará de hacer el trabajo que le corresponde.

Por todo ello, cuando miro atrás me reafirmo en mi actuación. Lo digo con humildad, con la tranquilidad y el convencimiento de haber actuado de acuerdo con mis funciones como presidenta del Parlamento. Porque cualquier otra actuación atacaba directamente todos los principios que defendemos.

También debemos ser conscientes de que la solidaridad sin fisuras con las personas y cargos electos afectados por esta judicialización es imprescindible para hacer frente a los embates que vendrán. Unidos en la diversidad y en defensa de la democracia.

Y por eso, a pesar de las dificultades que habrá, hay que mirar adelante con optimismo y el convencimiento de que el futuro de Cataluña lo decidirán los catalanes y las catalanas, no ningún tribunal. Y que, sea cual sea su decisión, la democracia habrá ganado.