EL PSC y la Constitución española

La crisis económica ha hecho aflorar otra crisis, oculta hasta ahora, de distinta naturaleza. Me refiero a la fragilidad institucional en una España progresivamente debilitada en los tres grandes pilares que han sustentado y dado sentido a nuestro proyecto democrático en los últimos 35 años.

Esas tres columnas de la democracia española han sido, y son: la estructura constitucional; la fuerza del sistema económico, frenado ahora en seco en su crecimiento, después del dinamismo de las últimas décadas; y la posición de España en la Unión Europea, decisiva para la consolidación del Estado democrático.

Ese triple debilitamiento lo sufren, naturalmente, los ciudadanos, pero, en lo político, lo sufren, particularmente, los dos grandes partidos: el Partido Popular y el PSOE-PSC, considerando al socialismo catalán parte intrínseca de la propuesta orgánica y programática del socialismo español.

La crisis que afecta al Estado se transmite o contamina rápidamente a esos partidos, en cuanto partidos de gobierno a escala estatal, y, por tanto, identificables como responsables de las políticas aplicadas en los primeros años del siglo XXI. Son, además, los partidos que tienen los mayores referentes en la Unión (Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo). Eso les hace aparecer como los únicos que podrían elaborar una política suficientemente eficaz para sacar a Europa (y a España) de la crisis.

Así pues, la derecha y la izquierda están llamadas a proponer una respuesta a lo que hasta ahora tiene difícil solución. Desde luego, se necesita esa reacción propositiva en las tres “debilidades” del sistema: en lo constitucional; en lo económico y en la dimensión europea.

El PSC –como otros componentes socialistas en España− ha afrontado la primera de las debilidades mediante un Documento de trabajo de la Fundación Rafael Campalans llamado “Por una reforma constitucional federal”, que hace unos días fue presentado en el Congreso de los Diputados por Pere Navarro.

Yo estuve en esa presentación y anoté cuidadosamente algunas de las ideas que Pere Navarro desgranó. Por ejemplo, el carácter plurinacional y plurilingüístico del Estado; el Estado de Derecho (“fuera de la ley no hay democracia”); o un rotundo “ni inmovilismo, ni independentismo”. Lo resultante de esa postura política es lo que el PSC plantea: una reforma constitucional federal.

¿Cuál es el objetivo político último de ello? Meritxel Batet lo sintetizó en ese acto en una frase: “que España siga estando unida”; y añadió: “es un acuerdo para la unidad de España”.

Coincido con la mayor parte de los desarrollos –algunos poco concretos− que el PSC propone en un documento que no tiene el carácter de resolución terminada ni formalmente adoptada. Me parece acertado su espíritu político y su oportunidad, porque la Constitución española necesita ser reformada. Una reforma para ser votada por unos ciudadanos que, en su mayoría, no pudieron aprobar el texto de 1978 y que darían un respaldo y una renovada confianza a la Constitución. Coincido también con el diagnóstico de los principales problemas del Estado autonómico que se hace en el Documento, entre los que destacan: la confusión en el reparto de competencias y el vacío regulatorio a nivel constitucional del sistema de financiación.

No estoy del todo de acuerdo, sin embargo, con el modelo de Senado que se propone, y que es algo así como un Consejo Federal nombrado o cooptado por los Gobierno autonómicos. Me parece difícilmente comprensible que, cuando el Senado gana en poder, desciende en su legitimación popular, suprimiéndose la elección por sufragio universal.

De todas formas, esta discrepancia no afecta a mi sintonía con la orientación general, que, a mi juicio, es imaginativa y constructiva. Opino, en todo caso, que la necesaria reforma de la Constitución –algo oxidada por muchos años sin cambios− va bastante más allá del ámbito territorial. La Constitución tiene otros elementos envejecidos (sistema electoral, decretos-leyes, indultos, derechos sociales). Admito, no obstante, que, para Cataluña, esta reforma política federal es imprescindible para dar una solución duradera a su encaje en España, y, por tanto, en Europa.

Pienso, asimismo, que nuestra Constitución tiene “principios constitucionales” que no se pueden traspasar por una reforma, porque eso significaría, no una reforma, sino una ruptura. Hay tres que me parecen bastante evidentes: Estado social y democrático de Derecho (Art. 1º.1); soberanía del pueblo español (Art. 1º.2); y Estado de Derecho (Art. 9º.1). Los tres son respetados, en mi opinión, por las reflexiones del Documento de la Fundación Rafael Campalans.

Ahora hace falta que el Documento del PSC se perfile más y se desarrolle, y que confluya con el debate general del Consejo Territorial que el PSOE ha convocado para el 6 de julio próximo en Granada.