Editorial

El problema no es el Estatuto, sino el Estado

Los catalanes han aprendido que no sirve de nada pactar un nuevo Estatuto porque luego no se cumple

Pedro Sánchez ha insistido en que la solución al conflicto catalán pasa por un "referéndum sobre el autogobierno", un eufemismo para no decir directamente una votación sobre un nuevo Estatuto de Autonomía. Esta propuesta no puede considerarse en sí misma una oferta para Cataluña, porque antes habría que llenarla de contenido. Por ejemplo, ¿se blindan las competencias sobre lengua y cultura? ¿Tendría la Generalitat la competencia sobre el aeropuerto del Prat? ¿Tendría una Hacienda propia y un sistema de financiación singular y justo? Pero incluso pasando por alto todas estas incógnitas, la experiencia del Estatuto de 2006 enseña que el problema no es tanto llegar a un pacto con la izquierda española (que también), sino la incapacidad o la falta de voluntad real de ésta para cumplirlo. En otras palabras, los catalanes han aprendido que no sirve de nada pactar un nuevo Estatuto que amplíe su autogobierno si luego el Estado, a través de sus instituciones o aparatos funcionariales, lo boicotea. Porque eso es exactamente lo que pasó en 2010, cuando un Tribunal Constitucional politizado y deslegitimado ante la opinión pública enmendó la plana a la voluntad expresada en referéndum por los ciudadanos.

Por lo tanto, si Pedro Sánchez quiere hacer creíble su oferta de un nuevo Estatuto para Cataluña antes debería presentar los ejes de una reforma de la Constitución que blindara la norma catalana y que impidiera, por ejemplo, que el TC pudiera anular cualquier precepto. De hecho, esta parecía ser la propuesta inicial del PSOE de Sánchez, cambiar la Constitución, pero ahora parece que la ha guardado en un cajón ante su propia división interna y la hostilidad habitual de PP y Cs, que han convertido la España unitaria y la aversión a la diversidad en su única razón de ser.

Más allá de la arquitectura institucional y legal, Sánchez debería ser consciente de que el problema de fondo es la fuerte cultura unitarista y corporativa de la administración central del Estado, que se resiste a cualquier cesión de competencias porque no está dispuesta a compartir el poder que ahora ejerce en régimen de monopolio. El problema, por tanto, no es el Estatuto, sino un Estado refractario a la descentralización, con una visión patrimonial del sector público y fuertemente nacionalista española.

Es la constatación de que España no tiene la cultural federal ni la sensibilidad política suficiente para reconocer la singularidad de Cataluña construyendo un espacio donde se pueda sentir confortable. Y es esta falta de sensibilidad la que ha llevado a cientos de miles de ciudadanos a apostar por la independencia como única salida. El independentismo no es fruto, como algunos pretenden, de la manipulación de líderes maquiavélicos y ciudadanos adoctrinados o de una coyuntura concreta, sino que es, en buena medida, una opción racional que responde a la acumulación de fracasos concretos, como el proceso estatutario de 2006.

Los catalanes, mayoritariamente, quieren un referéndum para decidir sobre la independencia. Por lo tanto, si Sánchez quiere resolver el tema catalán, sólo tiene opciones que pasan por votar. Ahora falta ver si es capaz de poner en marcha una ambiciosa reforma del Estado que pueda convencer a una parte de catalanes de que aún es posible incluir a Cataluña en su seno, y confrontar en las urnas esta oferta con la opción de la independencia.

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