La violencia más vergonzosa

He escrito a menudo en este diario sobre lo que creo que deberíamos garantizar a todos los niños y niñas: una educación de calidad, una sanidad de acceso gratuito y una igualdad de oportunidades real. Lo podemos justificar porque nos hace mejor como sociedad, y porque nos hace económicamente más productivos. Pero si hay un derecho básico de los niños que tenemos que defender por encima de todo es el de no sufrir violencia. De ningún tipo.

Descubríamos esta semana la existencia de extensas redes de abusos sexuales a menores y tráfico de drogas en centros tutelados del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca. Los protocolos se han puesto en marcha, las fuerzas de seguridad han sido informadas y la fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal. Pero, más allá de la repulsa que nos puede provocar este caso, tenemos que preguntarnos cómo hemos podido llegar hasta aquí, y qué se puede hacer para evitarlo.

A pesar de que cada día se presenten más de 100 denuncias en que la víctima es un menor, y el año pasado en España al menos 24 niños y niñas fueron asesinados o se suicidaron como consecuencia directa de la violencia, todos los estudios y expertos coinciden en que son muy pocos los casos que se acaban denunciando. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia infantil?

Según la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la violencia en la infancia desde el abuso o el bullying al maltrato físico y emocional, el ciberacoso, el abandono o la explotación y el abuso sexual. Por lo tanto, nos referimos a un tipo de violencia que empieza en el propio hogar de los niños, pasando por escuelas, internet e incluso los centros públicos que deberían velar por la seguridad de aquellos que no tienen a nadie que los cuide. Hay que repensar como sociedad cómo educamos a los niños y los jóvenes, y cómo garantizamos que crecen en entornos sin violencia ni agresiones. Un estudio de Save the Children revelaba que un 25% de los niños y niñas en España han sido víctimas de algún tipo de maltrato por parte de los adultos de su entorno. Para evitarlo, una primera medida podría ser seguir el ejemplo de Suecia, donde hace más de 40 años que se prohibieron los castigos físicos.

Pero ya no se trata sólo de no dar suficiente importancia a la violencia ejercida por los padres y madres, la que a veces se justifica que es "por su bien". Incluso en los casos en que el menor se atreve a denunciar abusos sexuales, implica el inicio de un proceso judicial en el que la preocupación por su bienestar no es siempre una prioridad. Nos encontramos lejos aún de aquellas barnahus nórdicas, donde los niños que han sufrido abusos pueden vivir todo el proceso de denuncia con garantías y respeto. En Cataluña estamos cerca de conseguirlo, con una prueba piloto de estas casas de los niños que la Generalitat pondrá en marcha en Tarragona este año.

España no tiene en estos momentos una ley específica para defender a los niños y niñas de la violencia, lo que ha sido criticado tanto por organismos internacionales como por expertos en el campo y organizaciones de la sociedad civil. La coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos tenía en su programa de gobierno la aprobación de la ley para la protección integral de la infancia y la adolescencia ante todas las formas de violencia. Ante la expectativa de que esta ley entrara de forma urgente en el primer consejo de ministros, de la semana pasada, o el segundo, que se celebró ayer, nos queda la esperanza de que lo haga el próximo martes, respondiendo a la prioridad que el mismo presidente Sánchez da a este tema.

Esta ley, entre otras cosas, aumentará los plazos de prescripción de los delitos, definirá campañas de prevención y sensibilización, formará a los profesionales que trabajan con niños y adolescentes en la prevención y detección de la violencia, creará una fiscalía específica y juzgados especializados en violencia contra la infancia y destinará un presupuesto suficiente para aplicarla. Una ley que si se aprueba nos podría convertir en pioneros en la protección de los niños.

Los niños y niñas son las principales víctimas de la violencia en nuestro país. Es una obligación protegerlos y es inadmisible que, como hemos visto en el caso de Mallorca, los que más deberían garantizar su seguridad, los pongan en situación de riesgo.