De Alfonso contrató expolicías vinculados a la operación Cataluña
Una empresa de la trama del comisario Villarejo cobró por hacer barridos electrónicos en Antifraude
La Oficina Antifraude, cuando la dirigía Daniel de Alfonso, contrató a una empresa vinculada con la operación Cataluña en busca de micrófonos, cámaras y sistemas de espionaje. En Antifraude consta una factura del 15 de octubre de 2013 a nombre de Servicios de Investigación y Detección SL para hacer barridos electrónicos en la sede del organismo y en el domicilio y en el coche del entonces director, según ha podido saber este diario y como confirmó la Oficina Antifraude. De Alfonso ha admitido a ARA que contrataron a una empresa para hacer barridos, pero asegura que no recuerda qué, y tampoco sabe explicar por qué no se encargaron los Mossos, que tienen capacidad y formación para afrontar tareas de contraespionaje .
Uno de los hombres que fueron a la Oficina Antifraude a buscar micrófonos es Antonio Giménez Raso, también llamado el Bigotes, según confirman dos fuentes diferentes. En aquella época, este policía nacional en segunda actividad -una especie de excedencia- era coadministrador y apoderado de Servicios de Investigación y Detección. Hace tres semanas este diario adelantó que dos denuncias implicaban a Giménez Raso en la operación Cataluña, liderada por el entonces director adjunto operativo de la Policía Nacional española, Eugenio Pino, para combatir el independentismo catalán. El Bigotes habría hecho de intermediario entre este grupo de la Policía Nacional y dos exdetectives de la agencia Método 3, Julián Peribáñez y Antonio Tamarit.
De Alfonso dice que "no tenía ni idea" de que la empresa que la Oficina Antifraude había contratado para buscar sistemas de espionaje -no sólo en su despacho, sino también en su coche y en su casa- era la del Bigotes. "Yo no estaba el día que se hicieron estos barridos", asegura a ARA. Sólo recuerda que contrataron una empresa: "Teníamos sospechas, porque habíamos recibido alguna comunicación, no lo recuerdo muy bien, que podían haber entrado tanto en mi domicilio como en la oficina". Pero el exdirector del organismo se desentiende de cómo se eligió la empresa, una decisión que según él tomó quien supervisó los barridos: Rogelio Grajal, encargado de seguridad de la Oficina Antifraude como director de prevención y destituido en julio, poco después que el propio De Alfonso.
Giménez Raso no es el único vínculo de la empresa contratada por Antifraude con la operación Cataluña. Servicios de Investigación y Detección tenía otro administrador: Rafael Redondo Rodríguez, un hombre muy cercano al poderoso comisario jubilado que en verano admitió que había participado en la operación, José Manuel Villarejo Pérez. Redondo y Villarejo son socios o han compartido cargos directivos en ocho empresas. Es más, en junio de 2014, cuando Redondo y Giménez Raso dejaron la empresa, asumió la dirección José Manuel Villarejo Gil, el hijo del comisario y con quien Redondo comparte un historial de trece empresas. Actualmente, Redondo y el Bigotes continúan trabajando juntos en otra compañía: Cenyt Argo SL. De Alfonso también afirma que no sabía que la empresa que había fichado para los barridos electrónicos estaba vinculada al comisario Villarejo. "Me suena ese nombre, es el que tiene problemas con otro comisario [Marcelino Martín Blas], pero no tenía ni idea", afirma.
El exdirector de Antifraude tampoco sabe explicar por qué no encargaron los barridos a los Mossos. "En esos momentos no sabía cómo estaban los Mossos, ni qué tenían o no. Se hizo así y no vi nada anormal", dice por toda explicación. Fuentes de los Mossos afirman que tienen capacidad para rastrear micrófonos y sistemas de espionaje, y que si se lo hubieran pedido se habrían encargado. Según ha podido confirmar este diario, desde que el magistrado Miguel Ángel Gimeno dirige Antifraude, es la policía catalana la que se encarga de hacer este tipo de tareas. Aún no se ha hecho público el coste de los barridos que De Alfonso contrató a la empresa vinculada a la operación Cataluña. Hay que recordar que Antifraude depende del Parlamento y que en 2013 gastó 4,6 millones de euros públicos.
Las conversaciones grabadas
A Daniel de Alfonso, que dirigió la Oficina Antifraude entre 2011 y junio pasado, lo destituyó el Parlamento a raíz de la filtración en Público de las conversaciones que había mantenido con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para conspirar contra los partidos del independentismo unas semanas antes del 9-N, en 2014. Aunque la guerra entre los dos excomisarios implicados en la operación Cataluña -Villarejo y Martín Blas- podría estar detrás de la filtración, de Alfonso descarta que cuando la empresa le hizo los barridos electrónicos le colocaran a escondidas un programa troyano en el móvil. Con un programa así se habría podido grabar la conversación aunque el teléfono estuviera apagado. No lo recuerda con seguridad, dice, pero cree que la empresa vinculada a Villarejo no le tocó el teléfono. Y añade que el aparato era revisado periódicamente por los técnicos de Antifraude. Su conclusión es que la conversación se grabó desde dentro del ministerio. "La policía científica demostró que había un micrófono fijo en el despacho", asegura. "Además [el sonido] tenía una calidad muy alta -añade-. No podía ser un móvil". Y concluye: "Lo que no sé es quién lo filtró".
Según una denuncia del director de la desaparecida Método 3, Francisco Marco, y otra de la exmujer de Peribáñez, el Bigotes cobraba fondos reservados y los usaba para pagar a Peribáñez y Tamarit los seguimientos a políticos catalanes y mandos de los Mossos. Marco y la exmujer de Peribáñez basan las denuncias en una serie de mensajes de WhatsApp entre ella y Peribáñez enviados entre el 2013 y el 2015. Los dos extrabajadores de Método 3 lo niegan y dicen que todo es falso. Para acabar de liarlo, ambos afirman que conocieron a Giménez Raso cuando trabajaban para Método 3, cuando el Bigotes colaboró con el entorno de Marco a través de la empresa Consultoría de Seguridad Avanzada. Giménez fue juzgado -y absuelto- en 2012 con siete guardias civiles a quienes el fiscal acusaba de formar parte de una trama de policías corruptos y narcotraficantes que robaron un contenedor con 200 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona.
