¿Acusará el fiscal de falso testimonio a Ferran López?

Miguel Ángel Carballo cuestiona la existencia del plan del 24 de octubre para detener a Puigdemont

¿Un dispositivo fantasma? ¿Existió el plan para detener al president Puigdemont y miembros o todo el Govern o es una prueba fabricada con posterioridad para defender a Trapero? 

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, puso ayer en duda, al finalizar el segundo día de la declaración del mayor Josep Lluís Trapero, la existencia misma de dicho plan, que fue aportado el 24 de julio de 2019 por la Prefectura de los Mossos a la Audiencia Nacional como prueba documental anticipada para el juicio oral.

¿Cuáles son las evidencias sobre dicho plan?

La defensa de Trapero aportó a finales de 2017 a la Audiencia Nacional, entre otras pruebas, un correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2017 enviado a las 12:32 horas por el comisario Francisco Javier Gámez, colaborador de Trapero, en el que se dirigía a Ferran Lopez, el número dos de la Prefectura -con copia a varios comisarios- para solicitarle “por indicaciones del mayor jefe de la Prefectura de la Policía y en relación a la reunión que mantuvo ayer por la mañana, le haga llegar su encargo para que mañana a las 10:00 h, tras la reunión diaria, le presentes el documento que habéis acordado sobre posibles  escenarios previstos para el próximo viernes [27 de octubre] así  como la previsión del dispositivo policial a ejecutar que asegure el cumplimiento de las órdenes judiciales que a tal efecto se puedan recibir así como también garantice el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público”.

El correo añadía: “Este dispositivo, que debería prever al menos desde las 15:00 h de mañana del 26 de octubre hasta las 15:00 h del 28 de octubre (o a su finalización si es que se tuviera que ampliar) debe comprender, entre otros aspectos, los siguientes: CECORS [Centros de Coordinación Operativa] a constituir, lugares y composición; activación de recursos operativos (en su caso Hèlix (helicóptero), GEI [Grupo Especial de Intervención], Tedax, canina…), activación de AME [Área de Mediación y Negociación]; medidas extraordinarias que deban adoptarse (cierre del parque/escuela, cierre del acceso al transporte público…), etc.  Gracias".

El fiscal Carballo preguntó ayer a Trapero por qué en la instrucción de la causa abierta en la Audiencia Nacional no hizo referencia a este plan y lo hizo, en cambio, en su declaración del 14 de marzo de 2019 en el juicio oral del Supremo.

Carballo se equivoca. Quizá porque durante la segunda declaración de Trapero, el 23 de febrero de 2018, el teniente fiscal no estuvo presente. En su lugar acudió Pedro Rubira. 

Allí, ante preguntas de su letrada Olga Tubau, Trapero narró, en calidad de imputado, las reuniones con Puigdemont en el Palau de los días 26 y 28 de septiembre de 2017 así como sobre los contactos que mantuvo con el TSJC y el fiscal superior el mismo día 27. La letrada le preguntó si hubiese procedido a detener a Puigdemont o cualquier miembro del Govern que hubiese participado en la DUI, Trapero respondió:

-“Si un órgano judicial ordena una detención evidentemente de la persona que sea se hubiese cumplido eso es obvio. También le voy a decir que se había previsto un dispositivo por parte de Mossos desde dos días antes [24 de octubre] para si se recibía cualquier orden judicial ante los hechos que podían suceder”.

Y el fiscal Rubira, tras escuchar esto, señaló que los nuevos datos revelaban que si Trapero hubiese “cooperado más activamente se hubiese evitado mucho trabajo a la Administración y, habida cuenta de que se le imputaban dos delitos de sedición, solicitó una fianza de 50.000 euros para que siguiera en libertad. La magistrada Lamela desestimó la fianza.

En el Supremo Trapero repitió ya en calidad de testigo, con obligación de decir verdad, que existía un dispositivo para detener a los miembros de Govern.

Fueron los comisarios Ferran Lopez y Joan Carles Molinero, quienes participaron con Trapero en la elaboración del dispositivo el 24 de octubre. La Prefectura les pidió, en julio de 2019, que informaran de ello para enviar el documento a la Audiencia Nacional.

Ferran López fue nombrado el 28 de octubre de 2017 jefe de los Mossos por el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, tras aplicarse el artículo 155 de la Constitución la noche anterior.

Las dudas planteadas por el fiscal Carballo sugieren una concertación de falso testimonio entre Lopez, el jefe puesto por el 155, y Molinero.