Adultos en la sala

Un Pacto de Salud debe estar por encima del Pacto de Estabilidad de la UE

Ernesto Ekaizer
3 min
Inscripción en una clínica británica.

Madrid"La clave en esta emergencia es restablecer el diálogo con adultos en la sala", dijo Christine Lagarde el 19 de junio de 2015 al fracasar la ronda de conversaciones de los ministros de finanzas de la zona euro a menos de dos semanas de que Atenas tuviera que devolver 1.600 millones de euros al FMI.

¿Puede haber otro momento para concretar esta exhortación -utilizada dicho sea de paso para subyugar a Grecia por decir óxi (no) catorce días antes en un referéndum sobre las condiciones crediticias exigidas por el Eurogrupo- no tanto para frenar o amortiguar, como se dice una y otra vez, la recesión en ciernes, sino para colocar la salud pública como el pacto o ley suprema?

Los médicos de la Clínica Walworth en el distrito londinense de Southwark, precisamente, tradujeron en 1937, al inaugurar el hospital, la frase de Cicerón: “Salus populi suprema est lex”. Identificaron la palabra salus en latín con salud.

¿Qué significa pactar que la salud es lo primero?

Aparte de sustituir de facto y de iure, o vaya, ponerlo por encima, cuanto antes, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997, reforzado con el llamado compacto fiscal, aprobado durante la crisis de 2008-9, supone poner todos los medios para frenar la propagación del coronavirus.

Y detener el virus exige, ahora, una cosa: paralizar gran parte de la economía. Porque esa paralización es la garantía de que las normas de aislamiento personal y social, el confinamiento y la cuarentena, se cumplirán a rajatabla. De que aquellos que tienen que ir a trabajar para no perder sus empleos o sus ingresos tienen prohibido hacerlo por el bien común.

La economía sufre un shock de oferta y de demanda. El shock de oferta es la suspensión de la actividad económica; el shock de demanda es provocado por la inevitable caída del consumo.

No hay crisis con la que comparar lo que está ocurriendo ni lo que va a suceder.

¿Por qué?

Porque estamos ante una decisión de autoparálisis para salvar vidas humanas.

El gobierno español, como todos los gobiernos, tiene al menos dos tareas centrales: hacer todo lo posible para que funcione el sistema sanitario, cubriendo las disfunciones, comprando y suministrando el material necesario, por un lado, y asegurar, mientras dura el shock de oferta, los servicios esenciales (suministro de agua, electricidad, gas, y vigilar el abastecimiento de alimentos).

Por tanto, si la salud es lo primero, cómo combatir la recesión o depresión solo se podrá debatir en detalle más tarde, cuando tengamos claridad sobre la duración de la parálisis, cuando la parálisis, precisamente, haya conseguido facilitar el control de la situación.

No está menos claro que aparentemente “ahora todos (los gobiernos) somos keynesianos”. Trump, por ejemplo, ha tenido que obligar a General Motors a fabricar ventiladores para respiración invocando la ley de Producción para la Defensa, aprobada en la época de la guerra de Corea, que permite al presidente de Estados Unidos forzar a una empresa para que fabrique productos para la defensa nacional.

GM arrastraba los pies, quizá olvidando aquello de que había declarado en 1952 en el Congreso de Estados Unidos su entonces presidente Charles Erwin Wilson. “Durante años he pensado que lo que era bueno para nuestro país era bueno para General Motors y viceversa. La diferencia no existe. Nuestra compañía es demasiado grande. Acompaña el bienestar de nuestro país. Nuestra contribución a la nación es considerable”

No es ningún secreto que habrá que gastar, gastar y seguir gastando durante los meses que dure la parálisis y con posterioridad, al ir saliendo gradualmente de ella.

Para eso España y todos los países tendrán que endeudarse para financiar ese gasto. Y tampoco es un secreto que una parte importante del crecimiento de esa deuda pública terminará en las arcas de los bancos centrales durante muchos años.

Pero el mayor esfuerzo tiene que venir de una fuerte inversión directa del Estado, un relanzamiento de las infraestructuras, y, vuelta al principio: con la prioridad absoluta de la salud pública, esto es, la reconstrucción de un poderoso sistema de salud para no tener que asistir -nunca más- con fuerzas diezmadas al combate, si se presentase, de una segunda oleada del coronavirus o de otra emergencia.

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