ANÀLISI

El ÁticoGate

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su esposa Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, prestarán declaración este lunes ante la juez Isabel Conejo

Ernesto Ekaizer
3 min
Enrique Cerezo i Ignacio González en una imatge d’arxiu.

MadridEl ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su esposa Lourdes Cavero, y el empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, prestarán declaración este lunes ante la juez Isabel Conejo, titular del juzgado de instrucción y primera instancia número 5 de Estepona como investigados por la extraña operación de compra del lujoso y ya célebre ático dúplex de quinientos metros cuadrados en la Urbanización La Alhambra del Golf de Estepona. Una operación en la que juegan un papel estelar dos colaboradores y socios de Cerezo: el mexicano Rudy Valner y el argentino Luis Osvaldo Repetto

El periplo hasta llegar a las declaraciones de hoy ha llevado cinco años, desde las primeras diligencias sigilosas de la Policía en Marbella. La conclusión preliminar: estamos ante un ÁticoGate.

Es decir: por encima de los indicios delictivos (presunto cohecho) que jalonan la compra ha habido una trama de obstrucción a la justicia protagonizado por el político madrileño y la cúpula de la Policía y del Ministerio del Interior a partir de 2012.

Las indagaciones policiales empiezan en agosto de 2011. Los comisarios Hermes Agapito de Dios en Marbella y José Villarejo, otro célebre agente, en Madrid, hacen varios informes reservados.

Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, es inquilino del ático desde 2008. Lo alquila al propietario que lo acaba de adquirir: Coast Investor, sociedad de Delaware, USA. Paga 2.000 euros mensuales. En la zona se pide por algo similar 6.000.

González se entera de las diligencias sigilosas. Nada ha trascendido públicamente. Nueve días después de la victoria del PP en las elecciones del 20-N, González tiene un encuentro, sin saberlo exactamente, con el sabueso que le olisquea, Villarejo, y otro comisario, Enrique García Castaño, para pedir ayuda.

Ha ido a la boca del lobo. En la cafetería La Mallorquina de Madrid, Villarejo le dice que la sociedad de Delaware es suya. González dice: ”Ya el tema es que si sale…eso es lo que yo no quiero”. Villarejo graba la conversación y al dejar la cafetería le dice a su colega que González lo tiene mal. “Está más pillado que la polla; está cagao” se oye en la grabación.

El encuentro se mantiene en secreto. En abril, González obtiene el apoyo del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien declara, el 10 de abril de 2012, en los pasillos del Senado, que se ha "investigado irregularmente al margen de los protocolos establecidos, sin autorización judicial, entre finales del mes de julio y principios del mes de agosto de 2011". El comisario de Marbella Agapito Hermes de Dios es sancionado.

Pero el comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, nombrado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó cinco meses antes, inicia una investigación el 18 de junio de 2012 a raíz de la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Y es destituido ipso facto.

El 29 de junio de 2012, según ha explicado Rodríguez Ulla ante la juez de Estepona el pasado 3 de marzo, le cita Cosidó a su despacho. “En días como hoy estaría mejor en el escaño como diputado que dándote la noticia de tu cese”.

La obstrucción retrasa la investigación pero no consigue abortarla. El entonces secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, impulsa en octubre de 2012 una denuncia penal, lo que judicializa las actuaciones.

González, poco después, en diciembre de 2012, anuncia que ha decidido adquirir el ático por un precio de 700.000 euros.

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