El ex jefe de grupo del Banco de España en Bankia ve normal que Goirigolzarri saneara más de lo necesario

José Antonio Gracia justifica el salto de ayudas públicas de 9.000 a 19.000 millones

Ernesto Ekaizer
3 min
L'expresident de Bankia, Rodrigo Rato, al costat de l'exconseller de Caja Madrid, José Antonio Moral, durant la primera sessió del judici.

MadridJosé Antonio Gracia, que fuera jefe de grupo del Banco de España en Bankia en un momento decisivo de la crisis de la entidad, a partir de septiembre de 2011, justificó ayer, al declarar como testigo en el juicio oral, el salto de los aproximadamente 9.000 millones de euros en ayudas públicas estimadas en abril de 2012 a 19.000 millones en mayo de 2012 (aparte de los 4.465 millones de participaciones preferentes), tras la destitución de Rodrigo Rato y el nombramiento en su lugar de José Ignacio Goirigolzarri como presidente del grupo BFA-Bankia.

"Es normal que [Goirigolzarri] quisiera hacer saneamientos mayores a los necesarios. Los gestores anteriores [Rato] hicieron lo mismo cuando se constituyó BFA, siempre quieren asumir la nueva etapa sin lastre", explicó.

Gracia, precisamente, firmó junto con el entonces director general del departamento de Cajas de Ahorro, Pedro González, el informe de fecha 13 de abril de 2012 a la Comisión Ejecutiva del Banco de España en el que recomendaban la aprobación del Plan Rato I "por considerar que las palancas incluidas en el mismo (….) deberían ser suficientes para dinamizar su negocio y moderar su estructura de costes". La comisión ejecutiva les hizo caso y aprobó el plan el 17 de abril de 2012.

Pero solo tres semanas después de este informe, Gracia y González, tras la destitución de Rato, sin digerir lo que pasaba -"nos enteramos por la prensa" dijo este lunes en el juicio oral "y aún desconocemos lo que ocurrió"- proponían a la comisión ejecutiva, en un nuevo informe de fecha 11 de mayo de 2012, aceptar la petición de BFA de convertir las participaciones preferentes (4.465 millones de euros) en capital. Es decir: apoyaban la nacionalización.

Gracia explicó ayer que el descuento del 74% en la salida a Bolsa de Bankia –diferencia entre los 15,28 euros del coste del titulo en los libros de BFA y los ofrecidos a la venta de 4/5 euros, y más tarde los 3,75 euros pagados por el mercado- restó importancia al hecho. "No se me parte la vida, uno vende las acciones lo mejor que puede", dijo. Pero es que el propio Banco de España vaticinó, al dar luz verde a la operación, que descuentos del 40% "cuestionaban la operación", siendo que como se ha apuntado en el caso de Bankia fue del 74% sobre el valor en libros.

También declaró ayer Javier Azcárate, ex responsable de la Secretaría Técnica de Relaciones Institucionales (STRI) del Banco de España dentro de la Dirección General de Supervisión y representante de la entidad en el Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Azcárate consideró en sus informes a la Comisión Ejecutiva del Banco de España las llamadas provisiones específicas pendientes de asignación (pepas) del grupo Bankia como correctas, aunque señaló que es una práctica que no está regulada.

El folleto de salida a Bolsa, pues, cifra en 6.913 millones esas pepas no reguladas, según admitió Azcárate.

El funcionario del Banco de España votó en el Comité de Auditoría del ICAC, en julio de 2014, con la minoría, en contra de sancionar a la auditora Deloitte por una falta muy grave y dos infracciones graves (vulnerar la independencia del auditor en sus trabajos de consultoría para Bankia) con una multa de 12 millones de euros en el caso de la empresa auditora y 44.000 euros al socio auditor, Francisco Celma. La presidenta del ICAC, Ana Martínez Pina, actual vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) asume la propuesta de sanción. La multa será rebajada a 10,4 millones de euros. Y está pendiente en la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por prejudicialidad penal del caso Bankia.

La fase testifical del juicio oral acaba este miércoles 5 de junio. El 17 de junio empieza la llamada superpericial en la que, durante un mes, los dos peritos judiciales y dos miembros de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la Fiscalía Anticorrupción se enfrentarán a una decena de peritos contratados por acusados, BFA, Bankia, y Deloitte.

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