Bankia, entre todos la mataron y ella sola se murió

El informe definitivo de los peritos del Banco de Españaa refuerza la tesis del fraude orquestado

Ernesto Ekaizer
4 min
Rodrigo Rato va pilotar Bankia entre el 2010 i el 2012, i era el president de l’entitat quan va sortir a borsa el 20 de juliol del 2011.

Los peritos judiciales Víctor Sánchez y Antonio Busquets –inspectores del Banco de España- sostienen en sus informes definitivos al juez Fernando Andreu que la quiebra del grupo BFA-Bankia era conocida, antes de salir a Bolsa, por los administradores, los auditores, valoradores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España.

La mitad de los 15.000 millones de euros con los que nació el grupo inicial de siete cajas a mediados de 2010 fue consumida a los seis meses –diciembre de 2010- cargando las pérdidas en reservas en contra del Código de Comercio, según los informes; la pérdida de la otra mitad quedó en evidencia en la salida a Bolsa, al ofrecer por 3 euros lo que según los balances valía 15 euros.

Esta pérdida, de alrededor de 10.000 millones, se ocultó con el respaldo del auditor Deloitte, las valoraciones de activos y pasivos realizada por la sociedad Analistas Financieros Internacionales (AFI), todo ello con la aprobación de la CNMV y el silencio cómplice del Banco de España. Solo el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha sancionado ya a Deloitte y su socio Francisco Celma.

Los peritos no se limitan a analizar la salida a Bolsa de Bankia. También entran a fondo en la política de saneamiento que ha costado, a mediados de 2012, a través de un rescate europeo hecho a medida, alrededor de 46.000 millones de euros. Se trata de la suma entre la recapitalización (23.475 millones) y 23.000 millones a través de la venta de activos al llamado banco malo, la SAREB.

Y señalan que la reformulación de las cuentas de Bankia por el equipo nombrado por el Gobierno del Partido Popular tras la destitución sumaria del ex vicepresidente y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, son “inexplicables, sorprendentes y contrarias a la normativa nacional e internacional, ya que ninguna entidad española reformuló sus cuentas a causa de la crisis, ni los decretos del ministro Luis de Guindos ni por los informes del FMI”. Los peritos citan la violación del Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad y la normativa europea.

Los peritos aportan cifras de las que se deduce que tal vez el equipo gestor de José Ignacio Goirigolzarri recibió más ayudas de las realmente necesarias. El agujero o déficit patrimonial llegaría a 18.000 millones de euros y los gestores pidieron y obtuvieron casi 24.000 millones de euros. Además, la venta de activos a la Sareb se elevó a 23.000 millones a lo que se agregan casi 7.000 millones de activos fiscales difereridos.

¿Qué pasó realmente? ¿Fue producto la caída de Bankia el producto de la Gran Crisis, de la doble recesión de la economía española?.

Los peritos dicen rotundamente que no es así. La morosidad derivada de la política de expansión crediticia de la época de Miguel Blesa se remonta al periodo 2003-2010. Y sus estragos afloraron antes de la salida a Bolsa. Los peritos señalan que los inspectores del Banco de España documentaron esa situación sin que la dirección de Jaime Caruana y Miguel Ángel Ordoñez tuvieron una reacción para frenar el deterioro. En cambio, la política de Fernández Ordoñez, las llamadas “fusiones frías”, actuó como una huída hacia delante con la esperanza, vana, de un cambio de ciclo. La bola de nieve, como se suele enseñar a los inspectores, creció de forma exponencial. Llamó la atención que el Estado inyectara fondos públicos sin exigir cambios de gestores.

La salida a Bolsa de Bankia, pues, fue la guinda que coronó la operación de encubrimiento. La entidad ya estaba quebrada antes de salir a Bolsa. Los peritos dicen que los auditores y la CNMV no velaron por la protección eficaz de los inversores.

Pero a este encubrimiento, que fracasó y obligo al Gobierno de Rajoy a solicitar, bajo presión del Banco Central Europeo, un rescate a medida en julio de 2012, ha seguido, según el relato de hechos de los peritos un nuevo intento de enmascarar las falsedades.

¿En qué ha consistido esta nueva maniobra?

En el vértice se encuentra el actual subgobernador, Fernando Restoy, que era, durante la salida a Bolsa de Bankia la máxima autoridad de la CNMV. Más tarde, pasó a ser subgobernador del Banco de España y como tal presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el órgano de resolución bancaria en la crisis bancaria española.

Restoy autorizó desde la CNMV el folleto de la salida a Bolsa y no practicó, según los peritos, la diligencia debida para proteger a los inversores, especialmente al tramo minorista. Y desde el FROB, según el relato, intentó descalificar los dos primeros informes periciales de noviembre de 2014.

El ardid de Restoy, que recogieron otros peritos de parte, pagados algúnos de sus informes con dinero del Estado, consistió en acusarles de no tener en cuenta la existencia de presuntas provisiones “no asignadas” en el balance de Bankia.

Los peritos demuestran que esas provisiones son una falsedad. Y para ello se basan en los balances y cuentas de resultados. Y para rematar, aportan un informe de la Dirección de Regulación del Banco de España, según la cual si tales provisiones existiesen “carecen de trascendencia patrimonial, económica y financiera”. Es el Mcguffin de Restoy, es decir, aquel recurso de suspense que Hitchcock usaba para hacer avanzar la trama sin la menor relevancia.

Los informes no pasan por alto operaciones llamadas “carentes de racionalidad económica” en Bancaja. Se cruza en la escena Esperanza Aguirre, quien recomienda a Rato recibir al entonces alcalde de Gandía y presidente del Partido Popular en dicha localidad, Arturo Torró Chisbert, para desatacar operaciones de crédito denegadas. El Grupo Torró está metido en la trama Gürtel.

También operaciones como la apropiación, sin autorización alguna, de tres fondos de pensiones por parte del secretario del consejo de administración Miguel Crespo (169.967 euros), Luis Maldonado, director general adjunto de Presidencia (184.863) y Pedro Vázquez, director general de Medios (197.773). Ante la evidencia devolvieron el dinero dos años más tarde. Y los servicios jurídicos del Banco de España consideraron insuficientes los hechos para iniciar un expediente sancionador.

Uno de los informes califica, además, de "fraudes contables" ciertas anotaciones de las cuentas de Bankia. El trabajo de los dos peritos da una versión sobre lo que realmente ocurrió con la crisis en España y refuerza con mayores fundamentos la sentencia de la sala civil del Tribunal Supremo que dio la razón a los inversores minoritarios al considerar la salida a bolsa un engaño.

Uno de los peritos, Víctor Sánchez, cumple desde ayer servicios para el Banco Central Europeo en su sede de Francfort. Quizá debería informar a Danièle Nouy, reponsable de supervisión, y a Mario Draghi sobre la verdad del caso Bankia.

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