Casado, Abascal y el "yo acuso" de Consuelo Madrigal

Pablo Casado perdió su órdago contra la cuarta prórroga del estado de alarma durante la jornada del martes. Alberto Nuñez Feijóo, Juan Manuel Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente, cortocircuitaron el alcance de la apuesta, sugiriendo dar quince días más al Gobierno; por la otra, Pedro Sánchez, tras mantener una conversación telefónica con Casado el lunes, decidió dar a Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, el protagonismo, situándola bajo los focos con un pacto bilateral, al tiempo que negoció el respaldo con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y dio por consumado el anunciado voto negativo de Esquerra Republicana de Cataluña. Casado entró al hemiciclo con la pólvora mojada. El PP compitió con Vox por la derecha y ahora solo le quedaba la abstención, un desenlace incoherente con la agresividad de su discurso.

El estado de alarma se ha convertido en el común denominador de los ataques de Casado, Abascal y las fuerzas independentistas. La abominación trae causa para unos en que es el instrumento de un gobierno socio-comunista chavista responsable de las muertes del Covid-19 que debería dimitir para defenderse ante los tribunales (Vox); porque es la vía ilegal que consagra el “estado de excepción” (PP) y, finalmente, por ser un recurso del Gobierno para anular el estado autonómico y recentralizar estratégicamente España bajo un mando único.

El discurso de la derecha ha tenido una fuente impagable en la cual abrevar, setenta y dos horas previas al debate en el Congreso de los Diputados, en el artículo publicado por la exfiscal general del Estado y actualmente fiscal de sala del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, en el diario El Mundo, el pasado lunes 5 de mayo: La sociedad cautiva.

Mujer de talante cordial, aunque es indudable que el escrito refleja sus convicciones, es difícil no advertir que la fiscal acusa dolor personal. Nos habla del coronavirus sin mencionar las palabras virus, pandemia o Covid-19, y apunta la “muerte, enfermedad, pérdida de seres queridos, temor al contagio propio y ajeno, inaccesibilidad al diagnóstico y al tratamiento, inexistencia de instrumentos de protección” Según cuenta, “a tanta aflicción se han sumado la impotencia del aislamiento y la amargura de la soledad”.

Sin mencionar el virus, según se ha apuntado, ni lo que ocurre en el mundo, señala que “por el confinamiento, muchos, demasiados, han perdido, tal vez irremediablemente, trabajo, negocios y oportunidades. Algunos aún deben tributar por actividades no realizadas y ganancias no recibidas. Todos nos hemos empobrecido. Y, como siempre, unos pocos han hecho negocio”.

Y, atención, dispara: “Pero el más sucio de los negocios es la apropiación ilícita de poder; la que aprovecha el miedo, el cautiverio y la postración de la sociedad”.

A partir de aquí tenemos una catilinaria contra las autoridades en toda regla, que va deslizándose por una catarata de hechos probados incardinados cual sentencia.

“En primer lugar, padecemos el tardío abordaje de una crisis sanitaria -que no de orden público- mediante la privación de libertad bajo una coerción policial, innecesaria sobre una ciudadanía mayoritariamente responsable; padecemos la exasperación de esas medidas en contra de la propia ley de estado de alarma que, como regla general, impone la libertad y sólo como excepción temporal, su restricción y cuyo artículo 1.2 somete toda intervención a los principios de proporcionalidad y necesidad, que no han sido aplicados a los ciudadanos sanos. Nos preguntamos por qué se carga el peso de los sacrificios sobre los profesionales y los ciudadanos, sin dotarles de los mecanismos de diagnóstico y protección que hubieran minimizado la carga y aliviado el sacrificio. La pregunta es tan pertinente como el debate sobre las confusas y contradictorias respuestas que hasta ahora se han recibido”.

El hecho que da como probado sobre el estado de alarma es tajante.

“Constituye un ejercicio antidemocrático de poder la imposición encubierta, y sin el control interno y europeo, de un verdadero estado de excepción, en el que se restringen severamente los derechos, bajo cobertura de la prórroga del estado de alarma que garantiza al Gobierno el mando único en la fase aguda de la excepcionalidad y en la vuelta a la ya imposible normalidad. Ante una sociedad cautiva, se han dictado sucesivas órdenes ministeriales de inmenso calado económico y fuerte compromiso de derechos, y un sinfín de decretos leyes restrictivos de derechos fundamentales, frecuentemente oportunistas, sobre materias que poca o ninguna relación guardan con las razones sanitarias y de orden público que formalmente demandaron el estado de alarma”.

La compra de la prensa es otro de los hechos probados.

“En su cautiverio, la sociedad ha asistido al cierre del portal de transparencia del Gobierno, la imposición de filtros a las preguntas de la prensa, la financiación pública oportunista de medios de comunicación vasallos, la restricción en la difusión de mensajes y la evaluación de la verdad o falsedad de las noticias y los enunciados. En nuestro mundo relativista, la verdad se ciñe a la identidad entre nuestro pensamiento sobre las cosas y la realidad de las mismas cosas. Algo que guarda relación con la investigación y el juicio y que se concreta en la búsqueda de la verdad. A este uso común se añade un rasgo relacionado con la fe. Decir que una proposición, opinión o noticia es un bulo es invocar una norma que rige la fe y el juicio, para afirmar que esa proposición, opinión o noticia es indigna de asentimiento, no debe ser creída. Pero, ¿quién se erige en autoridad normativa de lo falso para separarlo de lo verdadero que-debe-ser-creído? ¿por qué y para qué lo hace? Las respuestas a estas preguntas se han tornado amenazas para quienes hemos asistido al impúdico reconocimiento oficial de la monitorización de redes sociales y escuchado en palabras de su máximo responsable en esta crisis, que la Guardia Civil destina parte de sus esfuerzos a minimizar la crítica al Gobierno, para comprobar después que los contenidos intervenidos son los que guardan alguna relación, siquiera lejana o indirecta, con el cuestionamiento de la gestión y la versión oficial de la crisis.”

Consuelo Madrigal asume, precisamente, el papel de “autoridad normativa de lo falso” que atribuye a los destinatarios de sus acusaciones.

¿Y qué pruebas aporta? No hacen falta.

El argumento contra los medios sigue.

“Y, todo, al tiempo que los medios de comunicación vasallos nos martillean la representación idealizada del heroísmo de los profesionales (esos que son enviados al trabajo sin condiciones ni protección) y los diversos formatos del mensaje, irisado y pueril, de que “resistiendo”, “todo acabará bien”… Siempre debe frenarse la ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente constituidos. Algunos creen que esto solo es necesario cuando lo hace la derecha…”

Su descripción sobre la innombrable pandemia también dar los siguientes hechos probados.

"Al margen de las cifras manipuladas, la magnitud del desastre se mide ya en términos de derrumbe social, moral y económico. En la falta de credibilidad de un sistema que sí dejó atrás a muchos, a todos los mayores de 80 años a quienes, en residencias y domicilios, se negó la hospitalización, el tratamiento y las pruebas diagnósticas, sin discernir situaciones concretas; que envió y mantiene en primera línea sin protección, a los profesionales de la salud y el orden público, cuyo heroico esfuerzo es en sí mismo el más elocuente reproche; que sigue sin ofrecer tests a los profesionales, a los enfermos y a la población confinada y sin reconocer las espeluznantes cifras de fallecimientos de las que dan cuenta los datos comparados del Registro Civil”.

¿Va a proponer la fiscal una querella criminal contra todos los aforados que son destinatarios por los delitos que se derivarían de las conductas que describe en su escrito?

Del mismo modo que se erige como “autoridad normativa de lo falso”, Madrigal, que ha formado parte de los cuatro fiscales de la acusación por el delito de rebelión en el Tribunal Supremo contra los hechos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, caracterizados en sede judicial como un golpe de Estado -acusación desestimada por el tribunal- ha escrito sencillamente, fuera del tiempo y del espacio, una página golpista o sediciosa.