"Como diputada, Gabriel no podía influir en una 'violencia potencial' de los Mossos"

MadridJean-Marc Carnicé, fundador del bufete de abogados Bianchischwald, ha sido bâtonnier o decano del Colegio de Abogados de Ginebra hasta 2016. Es experto en extradiciones y derecho penal económico. Trabaja con empresas en Cataluña. Recuerda que el letrado de Anna Gabriel, Olivier Peter, fue alumno suyo en la Escuela de Abogados de Ginebra. He aquí los tramos esenciales de una conversación que mantuvo con ARA vía telefónica esta tarde.

El procedimiento como tal tardará en comenzar.

Hasta que no llegue a la Oficina Federal de la Justice en Berna (OFJ Ministerio de Justicia) la orden de arresto vía Interpol o a través de las autoridades españolas aquí no pasa nada. Si España la envía Suiza puede decidir inmediatamente rechazar la orden de arresto mediante una decisión de la OFJ. O entrar en materia, arrestar a la persona y luego tomar una decisión basada sobre la demanda de extradición que tiene que llegar dentro del plazo de 40 días. Aquí el arresto de una persona requerida para extradición es la norma. La puesta en libertad es la excepción. Por supuesto se puede apelar en un plazo de diez días ante el Tribunal Penal Federal, pero es muy difícil que prospere. Hay una inversión de la carga de la prueba. Es la persona requerida la que debe demostrar que no hay riesgo de fuga. Pero la detención se produce en función de los delitos y la descripción enviada por las autoridades españolas.

¿Cómo participa el gobierno extranjero, en este caso España, en el procedimiento?

España no será parte. Es el Estado suizo el que representa al país requirente. Es la OFJ o Ministerio de Justicia. Una vez que se produce el arresto España tendrá que enviar los documentos solicitando la extradición a través del Ministerio de Justicia en un plazo de 40 días, prorrogables.

Anna Gabriel está bajo investigación, pero todavía no hay un auto formal de imputación o un auto de prisión contra ella.

La orden de ingreso en prisión o un auto de procesamiento es el requisito para cursar la orden de detención internacional vía Interpol. El problema que veo es que si bien ambos países castigan delitos parecidos como la separación de una parte del territorio respecto del Estado mediante el ejercicio de la violencia, lo que, aparentemente, cumpliría el principio de doble incriminación, tenemos que guiarnos por el nomen iuris, es decir, por la primacía de la realidad: las cosas son tal como son y no tal como las partes aseguran que son. ¿La violencia en el caso de una diputada cómo se justifica? En resumen: lo que importa para el principio de doble incriminación son los hechos descritos. Y no el nombre que los estados dan a las disposiciones penales aplicables.

La construcción jurídica de la querella criminal es que el gobierno autónomo controlaba una fuerza policial de 17.000 hombres, los Mossos, una amenaza potencial de violencia.

Precisamente, he seguido la situación, y en el caso de una diputado no veo cómo una diputada como Gabriel podía tener influencia sobre los Mossos desde el Parlamento catalán. Puedo entender que miembros del Ejecutivo pudieran ejercer ese poder, ¿pero un miembro del Parlamento? Por tanto creo que el planteamiento es político. Se estaría juzgando a una diputado por sus ideas políticas ya que no habría podido cometer actos violentos, que es el elemento típico del delito tanto aquí en Suiza como en España. Desde el punto de vista del derecho suizo, el Parlamento adopta decisiones de carácter político, puede desobedecer, pero no supone violentar del orden político del país. Son ideas.

La reacción del portavoz de la OFC ha sido precisamente advertir que Suiza no concede una extradición por delitos políticos…

Sí, he visto esa precisión. Quizá haya querido advertir a España de que no envíen la demanda de extradición para evitar a los españoles una humillación con una posible denegación.

Aunque ha habido extradición de terroristas de ETA de Suiza a España es cierto que existe un gran caso donde se produjo "falta de reciprocidad" de España con las autoridades helvéticas en el affaire Falciani.

Sí, es así, y es un caso muy relevante que puede pesar. Pero creo que el tema central es político. Por otra parte, Suiza es un país al que le gusta votar y los referéndums son algo cotidiano. Cada año hay dos o tres referéndums a nivel nacional y muchos otros en los cantones.

Con todo, si bien la OFJ toma la decisión final sobre la entrega (artículo 55.1 ley Federal de Asistencia Jurídica Internacional) cuando se plantea el tema de la persecución por razones políticas, el tema pasa a decisión de la sala de queja (Cour de Plaintes) del Tribunal Penal Federal en Bellinzona y hay posibilidades si es caso relevante de apelar ante el Tribunal Federal [Tribunal Supremo].

En efecto. El tema político traslada la decisión de la OFJ al TPF y al TF. Y creo que las razones de carácter político caracterizan este caso.