Dos pájaros de un tiro

La Sala Tercera ha tomado de facto una doble decisión: sobre la forma y el fondo

"Lo único que se me ocurre es que pongan en la puerta del Parlament un policía que le impida la entrada", ironizó una fuente judicial ante la pregunta sobre cómo puede asegurar la Junta Electoral Central el cumplimiento de la exigencia de desposeer a Quim Torra de su escaño. Porque la JEC no es un órgano judicial y como la ley no le otorga competencia para quitar un diputado tampoco le confiere la facultad para hacer cumplir la resolución de separarlo.

El rechazo de la Sala Tercera del Supremo (sección cuarta) a adoptar una medida cautelar que suspenda temporalmente la inhabilitación de Torra -acuerdo adoptado por la JEC el viernes 3 de enero- hasta dirimir el fondo -si la JEC tiene o no competencia para adoptar ese acuerdo- fue solicitada por la defensa del President, pero recibió el apoyo del fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Pedro Crespo.

Fuentes judiciales habían señalado a primeros de semana, según pudo saber ARA, que la sección cuarta iba a denegar la suspensión cautelar. Y en efecto: la deliberación del pasado miércoles acabó con el acuerdo de denegar, que fue redactado en la mañana del jueves.

Nada más conocer la decisión del Supremo, el partido Vox elevó un escrito a la JEC en el que solicitaba que se hiciera un requerimiento al Parlament catalán para cumplir la resolución. La JEC se reunió y consideró que habiendo sido declarado un acuerdo ejecutivo por el Supremo no había alternativa más que enviar el requerimiento que pedía Vox. 

La sección cuarta ha matado dos pájaros de un tiro. Suspender el acuerdo hasta resolver si la JEC tiene o no competencia para dar de baja a Torra podía suponer algunas semanas más hasta dictar la sentencia. Pero todas las fuentes coinciden: ya tiene tomada también la decisión de fondo. ¿Para que suspender cuando ya sabes lo que será el desenlace?

Fuentes judiciales y también de la JEC consultadas por ARA señalan que los magistrados de la sección cuarta van a por todas, que se han lanzado a la guerra, una forma de apuntar que ya habrían resuelto, como se ha señalado, sobre el fondo, a saber, que la JEC es competente para quitar un diputado en base a una sentencia no firme por causa de "inelegibilidad sobrevenida".

Porque, ¿qué sentido tiene mantener la anulación del escaño y generar un conflicto institucional con el Parlament catalán con posibles consecuencias constitucionales si cabía alguna posibilidad real de resolver sobre el fondo a favor de Torra, esto es, sentenciar que la JEC no tenía competencias para anular su escaño?

Los magistrados vienen a decir que conceder la medida cautelar de suspensión representa el sacrilegio de mirar hacia otro lado en lugar de aplicar la norma de "inelegibilidad sobrevenida".

Teóricamente, la presidencia de la Generalitat no estaría en el aire toda vez que la JEC se ha abstenido de entrar en la cuestión de la presidencia. El letrado mayor del Parlament sostuvo en un segundo dictamen, contradictorio con el primero, que si bien para ser elegido president resulta necesario ser diputado, no está entre las causas de su inhabilitación dejar de tener escaño.

El conflicto institucional está servido ya que el Parlament puede resolver desobedecer la resolución de la JEC, afirmando que no tiene competencia para quitar un diputado ni para imponer el cumplimiento de su resolución.

Pero, además, partidos como Vox que además de instar en diciembre pasado -junto con PP y Ciudadanos- la anulación del acta de Torra, solicitó ayer enviar el requerimiento al Parlament se preparan para extraer los “dividendos” penales con una querella criminal contra Roger Torrent y la Mesa del Parlament caso de que no se ejecute el acuerdo con la idea de fabricar un nuevo caso Atutxa (Juan María Atutxa, el presidente del Parlamento vasco condenado por desacato en el Tribunal Supremo en 2008).

La Sala Tercera podía mantener la situación de Torra hasta resolver sobre el fondo en algunas semanas o esperar a que la Sala Segunda resuelva dar firmeza a la sentencia del TSJC que será recurrida en casación en las próximas semanas. La sentencia firme incluirá la inhabilitación de Torra como president.