El juez Llarena, el fiscal general en funciones Navajas y los cuatro fiscales decidirán sobre la prisión de los consellers

Catalá no descarta un catedrático de prestigio para relevar a Maza

Ernesto Ekaizer
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El fiscal general de l’Estat, el 7 de febrer, en una entrega de premis.

MadridLa muerte de José Manuel Maza en Buenos Aires el pasado sábado, día 18 de noviembre, abrirá un periodo de tres semanas hasta el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado. Este paréntesis deja en manos del magistrado Pablo Llarena, del fiscal general del Estado en funciones, Luis Navajas, y los cuatro fiscales de sala, la posible revisión de la situación de prisión de los ocho consejeros y a los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium, Jordi Cuixart, cuando el Supremo se haga cargo de toda la investigación, a finales de esta semana o principios de la próxima.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, sopesará, según fuentes jurídicas, diferentes opciones para nombrar al nuevo fiscal general del Estado. Una opción con muy reducidas posibilidades es la elección de un miembro de la carrera fiscal, según esas fuentes; es una alternativa que Catalá ya descartó cuando en noviembre de 2016 se echó atrás en el nombramiento de la fiscal Consuelo Madrigal, quién, por haber cumplido menos de dos años en el puesto, podía optar a un mandato completo de cuatro años.

La segunda opción sería insistir en la vía elegida con Maza, es decir, proponer a un magistrado de la Sala Segunda del Supremo. El Gobierno ya intentó que Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda, aceptase el cargo, pero no consiguió persuadirle para ello. Fuentes jurídicas señalan que si Catalá insiste ahora es poco probable que tuviera eco.

Magistrado de esa sala de lo penal desde 2007, Marchena fue elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para presidirla en septiembre de 2014, y según esas fuentes, su plan de trabajo tiene recorrido. En la Sala Segunda, además, ya hay varias vacantes que se hace imprescindible cubrir, proceso que no se puede demorar más allá de enero.

La otra alternativa es explorar a posibles catedráticos de prestigio para el cargo, camino que no se descarta. El nombramiento exige unas tres semanas, porque el Gobierno propone al candidato y el CGPJ tiene que emitir su dictamen, lo que devuelve el asunto al consejo de ministros, pero, antes de ser nombrado, el candidato debe exponer sus planes y someterse al escrutinio, no vinculante, de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Una vez obtenida la luz verde, el consejo de ministros propone el nombramiento al Rey.

La causa catalana

Mira por dónde, precisamente durante estas tres semanas se va perfilar la acumulación de las causas de rebelión contra los exconsejeros de la Generalitat –ocho de ellos en prisión y cinco en Bélgica- en el Tribunal Supremo, a cargo del magistrado Pablo Llarena.

El pasado martes, día 14, Llarena dio un plazo de cinco días a la Audiencia Nacional para que la jueza Carmen Lamela informe sobre las investigaciones que lleva adelante, cuya acción penal - por sedición y rebelión- está dirigida contra Sánchez, Cuixart, la intendente de los Mossos d’Esquadra Teresa Laplana y el mayor José Luis Trapero, por una parte, y contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros doce consejeros.

Fuentes jurídicas señalaban que ese informe podría ser entregado por la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo hoy mismo aunque el plazo de cinco días dado por Llarena venciera mañana martes. El paso siguiente sería dictar un auto por parte del magistrado Llarena mediante el cual se acumularían las causas de la Audiencia Nacional y el Supremo, y a partir del mismo, un requerimiento a la Audiencia Nacional para que envíe las diligencias al Supremo.

En dicho auto, que podría estar a punto a finales de esta semana, el magistrado Llarena deberá puntualizar el perímetro de la causa que va a instruir. Si bien parece claro que la acción contra “los Jordis” pasará al Supremo, no lo es tanto que eso vaya a ocurrir con la investigación sobre la presunta pasividad de los Mossos d’Esquadra durante la manifestación del 20/21 de septiembre frente a la consejería de Economía.

La estrategia de la Fiscalía

El teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ahora fiscal general del Estado en funciones, ha tenido una participación activa en la estrategia de Maza sobre el referéndum del 1-O. Y, según fuentes judiciales, llevará adelante la orientación de los cuatro fiscales de sala de lo Penal a cargo de la instrucción: Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno y Javier Zaragoza.

Los fiscales no han recurrido el auto de medidas cautelares (prisión con fianza) dictado por el magistrado Llarena el pasado 9 de noviembre que dejó en la calle a los miembros de la Mesa del Parlament Carme Forcadell, Josep Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet.

Por tanto, cuando Oriol Junqueras, los otros siete consejeros y Sánchez y Cuixart declaren ante el magistrado Llarena, hecho que puede producirse a primeros de diciembre, su puesta en libertad bajo fianza para que puedan participar en la campaña electoral del 21-D que empieza la noche del 4 de diciembre, dependerá de lo que "ofrezcan" a los fiscales y al magistrado, es decir, de los argumentos que expongan.

Los riesgos de fuga y reiteración delictiva, como tales, se reconoce, han mermado como para que sean el obstáculo a su salida de prisión

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