La Fiscalía ya habla de autos de procesamiento al referirse a los exiliados

MadridLa figura del auto de procesamiento en la causa de rebelión comienza a ser usada oficialmente por la Fiscalía General del Estado, señal de su proximidad (https://www.ara.cat/es/ Marchando-autos-procesamiento- rebelion-sedicion_0_ 1975602695.html), de acuerdo con un comunicado difundido ayer en el que los fiscales advierten que esperan dichas resoluciones del magistrado instructor, Pablo Llarena, para “ejercitar las oportunas peticiones [euroorden para los que se encuentran fuera del territorio nacional] una vez que se haya dictado auto de procesamiento en la causa”.

La Fiscalía, asimismo, se ha pronunciado ayer contra la solicitud de libertad provisional del ex consejero Joaquím Forn y del presidente de Omnium, Jordi Cuixart. La precisión de los fiscales sobre los investigados que se encuentran fuera de España (Carles Puigdemont, Toni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret) ha tenido lugar a raíz del traslado de Ponsatí de Bruselas a Escocia, Reino Unido, donde se ha reincorporado a la Universidad de St. Andrews.

Lo cierto es que la euroorden de detención y entrega en Bélgica y la orden de arresto internacional contra ella –y los demás exconsejeros-quedaron sin efecto en diciembre pasado. Hasta los autos de procesamiento, previstos para mediados de abril, pues, no habrá peticiones de euroorden. Es la Fiscalía la que tiene conferida –ni el juez instructor ni la acusación popular pueden impulsarla- la facultad para solicitar la orden de detención.

Ayer, los fiscales elevaron al juez sendos escritos en los que se oponen a las peticiones de libertad de Forn y de Cuixart. La defensa de Forn, precisamente, solicitó el pasado 7 de marzo la libertad del exconsejero y exdiputado por razones de salud. Forn ha dado una reacción positiva a la bacteria de la tuberculosis (tuberculina), lo que aconsejaría, según un informe del Instituto Médico Dres. Padrós, que sea sometido a un tratamiento médico preventivo (quimioprofilaxis).

Dicho tratamiento se le puede administrar en prisión, lo que lleva a la Fiscalía a proponer que sean los servicios sanitarios de la cárcel de Estremera los que se encarguen del mismo o si es necesario se traslade a Forn a otro centro hospitalario.

“Todo ello sin perjuicio de que, en atención al contenido de los informes médicos que se vayan aportando, a la propia evolución de la enfermedad detectada y a las necesidades asistenciales que los facultativos determinen, la situación pueda aconsejar en el futuro la modificación de las medidas cautelares actualmente vigentes”, señala el fiscal.

La razón para mantener la prisión, según el escrito, es el riesgo de reiteración de los delitos en función de la evolución política en Cataluña. Como ya hiciera constar en su informe contra la libertad provisional de Jordi Sánchez, la Fiscalía subraya “el reciente acuerdo alcanzado por las formaciones políticas Junts pel Cataluña y ERC que prevé la continuación del proceso constituyente que termine con la constitución de la República, la creación de instituciones paralelas como la Asamblea de Representantes o el Consell de la República en el exilio o en la sombra que dirijan los destinos de Cataluña”.

En relación con Cuixart, la Fiscalía se opone a su libertad provisional también apelando al riesgo de reiteración delictiva. Según enfatiza, citando el auto de prisión del magistrado Llarena del pasado 4 de diciembre de 2017, “la posición de dominio” de Cuixart puede “resultar clave en la reproducción de actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias en la comunidad” y aunque Cuixart ha declarado que acata el orden constitucional, la Fiscalía señala que ello no reduce el riesgo.

“El peligro no desaparece –dice el escrito- con la afirmación de su formal acatamiento a la Constitución Española sino que en atención a su control de las masas y a su participación en explosiones de violencia sigue subsistiendo”.