La Fiscalía ya no insistirá en asumir a Trapero y la cúpula de Mossos en el Supremo

PeriodistaLa decisión de la juez Carmen Lamela de avanzar en la investigación de nuevos miembros de la cúpula de los Mossos –ha citado en calidad de investigados el ex director general Pere Soler y el ex secretario de Interior, César Puig el próximo 9 de marzo- puede concretarse antes de incoar sumario ordinario, según fuentes judiciales consultadas por ARA, con más imputaciones, entre las que no se descartan, entre ellos, al actual jefe Ferrán López y otros comisarios que han desfilado ante Lamela el pasado viernes 23 de febrero y el magistrado instructor Pablo Llarena el pasado lunes, día 26 de febrero.

Aunque el magistrado Llarena ha declarado este jueves “instrucción compleja” para la causa de rebelión y ha ampliado en 12 meses los seis iniciales que se cumplirán el 1 de abril, según ya había anticipado ARA, el magistrado sigue decidido a dictar los autos de procesamiento de los imputados durante el mes de abril.

La Fiscalía del Supremo ha adoptado la decisión de dejar definitivamente en manos de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, la investigación sobre la participación de la cúpula de los Mossos en la manifestación de la consejería de Economía el 20 y 21 de septiembre y la jornada del 1 de octubre.

La Fiscalía esperaba, desde el 22 de diciembre, fecha en la que pidió incorporar a Josep Lluís Trapero y al diputado Josep María Jové al Supremo, una resolución del magistrado Llarena, quien ha mantenido su voluntad de dejar a Trapero y la cúpula de los Mossos en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, se ha producido un cambio importante: La Fiscalía, según fuentes judiciales consultada por ARA, ya no insistirá en interrogar a Trapero.

¿Por qué? La razón es que está funcionando una división objetiva de trabajo y se advierte que la juez Lamela marcha a toda maquina hacia la imputación de la cúpula de los Mossos por delitos de sedición (en la Audiencia Nacional Lamela no contempla el delito de rebelión).

Esas fuentes advierten de que ni siquiera Ferrán López, actual jefe de los Mossos nombrado por el ministro Juan Ignacio Zoido tras la aplicación del artículo 155 (ex número dos de Trapero durante la gestión del referéndum del 1-O), se salvará de ser investigado, suerte que también correrían otros miembros de la cúpula, quienes declararon el pasado lunes ante el magistrado Llarena.

La Fiscalía del Supremo espera, eso sí, que Llarena admita finalmente “trasladar” a Jové, cuya agenda Moleskine con diversas de encuentros “conspirativos” es usada por el magistrado como prueba de cargo en todos los interrogatorios relevantes, y de Josep Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda, a la causa del Supremo.

La Guardia Civil, según estas fuentes, ya está finalizando los informes solicitados por el magistrado Llarena para elaborar los autos de procesamiento que podrían quedarse, de los 28 investigados actuales, en 20, en el Supremo.

Aparte están los procesamientos de la cúpula de los Mossos que elabora la juez Lamela y aquellos que dictará el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que, según fuentes judiciales, alcanza a “fontaneros” –funcionarios de menor rango- de varias consejerías.

El plan de Llarena, según las fuentes judiciales consultadas, es dictar primero el auto de apertura de sumario ordinario y enseguida, en cuestión de días, anunciar al mismo tiempo los aproximadamente veinte autos de procesamiento.

Una vez dictados, esos autos pueden ser recurridos en reforma ante el propio magistrado y ante la Sala de Recursos, un proceso que será muy breve.

Al adquirir firmeza los autos de procesamiento, el magistrado procederá a la declaración indagatoria de los procesados.

Y aquí se presenta el gran escollo. La declaración indagatoria sobre los hechos descritos en el auto de procesamiento deben ser notificados a las partes personadas en el procedimiento, a los investigados a disposición del juez.

Esa declaración, aunque formal, es una pieza imprescindible para que el magistrado pueda formular su auto de conclusión del sumario.

Carles Puigdemont, por ejemplo, no es parte del procedimiento por no haber comparecido ante la justicia y permanecer en Bélgica.

El magistrado Llarena ¿podría utilizar la vía de reactivar la euroorden de detención y entrega para cumplir el trámite de tomar declaración indagatoria a Puigdemont antes de que la justicia belga resuelva si le entrega por el delito de rebelión?

Fuentes fiscales consultadas por ARA señalan que esa vía se ha practicado en el caso de algunos dirigentes etarras que Francia ha entregado de forma temporal a España para tomarles declaración indagatoria en la Audiencia Nacional tras lo cual han sido devueltos para responder por hechos cometidos pendientes de ser juzgados.

Esas fuentes señalan, empero, que parece muy difícil, por no decir imposible, pensar que Bélgica entregará temporalmente a Puigdemont para que el magistrado Llarena pueda tomarle declaración indagatoria y cumplimentar así el requisito necesario para dictar el auto de conclusión del sumario en relación al expresident. Puigdemont, según la ley vigente, no puede ser juzgado en ausencia.

Esas mismas fuentes apuntan que igualmente hay que empezar a descartar la posibilidad de solicitar la orden de arresto internacional de Ana Gabriel, dirigente de la CUP, que se encuentra en Suiza.

“El hecho de que todo lo que se puede imputar a Gabriel son actos que apoyó cuando era diputada del Parlament supone tratar de extraditarla por su actividad política, lo que parece prácticamente imposible”, señaló la fuente, para quien ni siquiera es posible pensar que la exdiputada será objeto de un auto de procesamiento de Llarena.