El juez García-Castellón envía los audios de Corinna-Villarejo sobre Juan Carlos I a Suiza

El fiscal Bertosa enviará datos sobre los 100 millones de dólares de la cuenta del rey emérito

El juez Manuel García-Castellón ya ha enviado a Suiza el paquete de audios que forman parte de las presuntas confesiones de Corinna zu Sain Wittgenstein, la amiga íntima del rey Juan Carlos I en tiempos en que era jefe de Estado, sobre su patrimonio presuntamente oculto, un material que le fue incautado al expolicía José Manuel Villarejo en el registro del domicilio de su socio, el abogado Rafael Redondo.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional lo ha hecho en respuesta a una comisión rogatoria cursada por el fiscal de Ginebra, Yves Bertossa. 

Ahora, según el acuerdo alcanzado por el juez García-Castellón y el fiscal Bertossa, el fiscal suizo enviará a la Fiscalía Anticorrupción los datos de una investigación abierta en 2019 sobre el pago de 100 millones de dólares del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí, el 8 de abril de 2008, a la cuenta de una fundación panameña llamada Lucum en la banca Mirabaud & Cie SA, domiciliada en Boulevard Georges-Favon 29, 1204 Ginebra, Suiza. La Fiscalía Anticorrupción ya envió a Suiza sus datos sobre el AVE a la Meca.  

Fuentes jurídicas señalan que  ayant droit economique ( beneficial owner en inglés) o beneficiario último de la citada fundación panameña ha sido el rey Juan Carlos I y es el ahora rey emérito.

En uno de los citados audios, Corinna desvela que Juan Carlos I “cobró parte de la comisión del AVE a La Meca”. Por la operación, que fue adjudicada en 2011 a un consorcio español liderado por el empresario Juan Miguel Villar Mir, presidente de la constructora OHL, las empresas contratistas habrían pagado con antelación una comisión de 100 millones de dólares.

Estos audios motivaron en 2018 la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional. Pero las mismas no duraron más de mes y medio. Diego de Egea, entonces magistrado instructor de la causa de Villarejo, decidió archivar la causa en septiembre de 2018 a petición de la Fiscalía Anticorrupción por estimar los indicios extraordinariamente débiles y considerar “inviolable” la figura del Rey, según señalaba en su auto de archivo.

Con todo, la Fiscalía Anticorrupción, a través del fiscal Luis Pastor, abrió una investigación sobre las comisiones del AVE a La Meca y tomó declaración por videoconferencia a Corinna zu Sain Wittgenstein. Pastor continúa con las diligencias.

Precisamente por ello la relación con la justicia suiza se desarrolla, según fuentes jurídicas, a través de un doble carril.

El juez García-Castellón viajó a Ginebra en la primera semana de agosto de 2019 para mantener una reunión con el fiscal Bertossa, según ha podido confirmar ARA. El fiscal de Ginebra estaba interesado tanto en los audios de Corinna con Villarejo, por una parte, y en las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción sobre las comisiones del AVE.

Se acordó intercambiar información por comisión rogatoria. El fiscal suizo debía dirigirse al juez español en lo que se refería a los audios, pero también debía cursar su petición a la Fiscalía Anticorrupción por los indicios sobre las comisiones del AVE. El juez García-Castellón envió los audios solicitados a Ginebra.

En este contexto, el fiscal Bertossa viajó a Madrid hacia el 21 de octubre pasado. Se acordó precisamente por el destinatario de la petición pendiente -las comisiones del AVE a La Meca- una reunión en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, en la madrileña calle de Manuel Silvela, a la que acudió el juez García-Castellón.

En la reunión participaron el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, Bertossa, el juez García-Castellón, el fiscal Luis Pastor, a cargo de las comisiones del AVE, y los fiscales del caso Villarejo, Ignacio Stampa y Miguel Serrano. 

La Fiscalía Anticorrupción, pues, cursó una comisión rogatoria a Suiza para que el fiscal de Ginebra aporte los datos de su investigación sobre la transferencia de 100 millones de dólares y posteriores movimientos dinerarios. Estos datos están pendientes de llegar a España.

Mientras, los abogados de Corinna han hecho declaraciones justificando una transferencia desde la cuenta de 65 millones de euros de la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud de Ginebra a una cuenta de la amiga del rey emérito.

Robin Rathmell, abogado londinense de Corinna, ha explicado: “En 2012 nuestra cliente recibió un regalo no solicitado del Rey emérito, quien lo describió como una forma de donación para ella y para su hijo, con los cuales se había encariñado. Había pasado varios años de mala salud durante los cuales nuestra cliente lo cuidó. La donación se documentó como un regalo y los bancos realizaron el cumplimiento y la diligencia debida sobre los fondos”. 

La secuencia que investiga el fiscal Bertossa plantea claros interrogantes. 

¿Por qué motivo el entonces rey saudí Abdalá bin Abdulaziz, ordenó transferir 100 millones de dólares el 8 de agosto de 2008 a una fundación del entonces Rey de España?

Una gran parte de ese dinero, que Juan Carlos I no declaró al fisco español, lo transfirió en 2012, cuatro años después de recibirlo en Ginebra, a su amiga íntima. 

Esa transferencia se produjo en coincidencia con la Gran Recesión y la crisis financiera mundial y en especial del euro. 

España, después de Grecia, Portugal e Irlanda, sufría un ataque de los mercados cuyo objetivo último era acabar con la moneda única europea.

Según el artículo 56.3 de la Constitución “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, dicha inviolabilidad estaría referida a los actos y funciones que como jefe de Estado le son propios, pero siempre que sean refrendados por el presidente del Gobierno y por los ministros competentes. En otros términos, el rey no estaría por encima de la ley del Estado de Derecho.

En cualquier caso, la investigación del fiscal Bertossa no está limitada por ninguna inviolabilidad y sus repercusiones ya se dejan sentir en España, donde Unidas Podemos, miembro de la coalición de gobierno con el PSOE, apoyará la constitución de una comisión de investigación de la presunta corrupción del rey emérito (en realidad por actos cometidos durante el ejercicio de su reinado).

Las informaciones apuntadas coinciden con el próximo juicio, citado para el próximo 23 de marzo, a raíz de la querella por presunto delito de calumnias presentada por el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, en los juzgados de Plaza de Castilla contra el expolicía José Manuel Villarejo.

Sanz Roldán le acusó de un delito de calumnias por afirmar Villarejo que el antiguo director del CNI amenazó a Corinna de muerte en 2012 para que no hiciera pública la información que conocía sobre el rey emérito y de la que se podrían extraer presuntos delitos cometidos por éste. 

Corinna ha dejado saber que se ratificará ante el juez. De ocurrir así, la justicia daría la razón a Villarejo por exceptio veritatis, es decir, demostrar que su afirmación era veraz.