El juez García-Castellón amplía la expedición de pesca contra Iglesias

MadridEl caso Tándem-Villarejo, uno de los casos más relevantes de corrupción por las entidades y personalidades que involucra -BBVA, Iberdrola, Pérez Maura, Kitchen-Bárcenas, entre otros-, y porque mantiene al expolicía José Villarejo más de 1.000 días en prisión -desde el 3 de noviembre de 2017- se ha metamorfoseado. Si se mide por el interés de gran parte de los medios de comunicación, el caso es ahora el caso Dina o el robo del teléfono de la excolaboradora de Pablo Iglesias cuando era diputado del Parlamento Europeo, Dina Bousselham, y las filtraciones de su tarjeta a varios periódicos en 2016.

El juez Manuel García-Castellón está convencido de que en cuarenta y dos años de ejercicio jamás había visto algo así como el caso Dina. Cree que Dina Bousselham y Pablo Iglesias le han engañado. Que han simulado ser víctimas de operaciones de guerra sucia contra Podemos, operaciones que serían un invento para aprovechar la campaña electoral de junio de 2019.

Para probarlo, el juez ha ordenado una serie de diligencias de oficio, sin solicitar informe de los fiscales. La primera, en la cual tenía serias expectativas, al punto de anticipar que estaba dispuesto a hacerse el viaje, fue el envío de una comisión rogatoria a Gales (Reino Unido) para saber el estado de la tarjeta del teléfono.

Pablo Iglesias recibió del empresario de prensa Antonio Asensio esa tarjeta el 20 de enero de 2016 y se la entregó a Dina cinco o seis meses más tarde. Al no poder abrirla, Dina y su esposo, Ricardo Sa Ferreira, la enviaron a una empresa hispano-inglesa para recuperar el contenido.

Tras conocer la respuesta de Gales en el sentido de que la tarjeta era inaccesible, aunque estaba "intacta físicamente", el juez solicitó a la policía la revisión de la denuncia presentada en un juzgado de Alcorcón por la excolaboradora y su esposo, Ricardo Sa Ferreira, el 1 de noviembre de 2015.

A continuación, el juez libró oficio para que la policía obtenga el libro de visitas del Grupo Zeta, editor en 2016 de la revista Interviú, ya cerrada, correspondiente a diciembre y enero de 2016. Dos periodistas de la antigua revista, Alberto Pozas, que tuvo que dimitir de su puesto en La Moncloa, y Luis Rendueles, están imputados en el caso Dina al confesar que le entregaron la tarjeta a Villarejo hacia marzo-abril, aproximadamente, de 2016.

Se supone que el juez ha pedido el libro de visitas porque alguien le ha dado a entender que de allí puede surgir un nombre clave, la del presunto filtrador de la tarjeta, por temas de falda, se dice, a la citada revista.

La cadena de diligencias de oficio no cesa. La última, hasta ahora, es la citación para el próximo 5 de septiembre del abogado José Manuel Calvente, despedido de Podemos, quien ha hecho declaraciones al diario El Mundo en las que califica de "montaje" tanto la historia del robo del teléfono como la denuncia de una operación contra Podemos por parte del aparato policial.

¿Adónde va el juez? García-Castellón impulsa lo que los anglosajones llaman una expedición de pesca en busca de pruebas para demostrar que Iglesias pudo haber incurrido en una estafa procesal o la simulación de un robo para aprovechar el procedimiento judicial -fue el propio juez quien le ofreció personarse como perjudicado en marzo de 2019- para su campaña electoral.

Problema: ni la estafa procesal ni la simulación de robo son delitos sobre los cuales la Audiencia Nacional es competente.

El juez ya sabe lo que se debe hacer en estos casos porque él mismo lo ha hecho en su día al deducir testimonio sobre unas conversaciones telefónicas y enviarlo a la Audiencia Provincial de Madrid para perseguir un presunto delito de falso testimonio en el caso del empresario Juan Miguel Villar Mir en 2018 porque carecía de competencia para hacerse cargo.Pero es que recientemente, en el mes de julio, García Castellón desestimó, siguiendo el informe de la Fiscalía Anticorrupción, la personación del diario OK Diario en la pieza Dina por considerarse perjudicado, al ser objeto de afirmaciones de Iglesias en el sentido de que dicho diario digital, entre otros, había publicado filtraciones de conversaciones secretas procedentes de Villarejo que afectaban al dirigente de Podemos, a partir de julio de 2016.

El juez, apoyándose en la Fiscalía, señaló en su auto de 14 de julio pasado que los hechos denunciados por OK Diario para personarse "no guardan conexidad alguna con los que se investigan en esta pieza separada…Los delitos de injuria y calumnia que pretende denunciar el perjudicado no se entienden conexos con los que se investigan en este procedimiento, ni siquiera entrarían dentro del ámbito competencial de este órgano judicial".

Lo mismo cabe, según fuentes judiciales, señalar sobre la estafa procesal o la simulación de robo que busca acreditar la expedición de pesca de García-Castellón.

"El juez ha llamado a declarar al antiguo abogado de Podemos basándose en informaciones periodísticas. No es competente por tres motivos legales. Porque Iglesias es aforado, porque no son de delitos conexos con los que investiga en el sumario del caso Tándem-Villarejo, según establece el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal modificada en 2015 y porque la estafa procesal o la simulación de robo no son competencia de la Audiencia Nacional", señaló una fuente judicial a ARA.

La intensa actividad de oficio desarrollada por el juez en el caso Dina difiere, según fuentes judiciales, con su actividad en las piezas relevantes del caso Tándem-Villarejo como BBVA, Iberdrola, Kitchen-espionaje de la policía del gobierno del PP al ex tesorero Luis Bárcenas, o Pérez Maura, donde, en cambio, ha ejecutado las diligencias solicitadas por los fiscales. La iniciativa siempre ha sido de los fiscales.

El juez consigue con cada diligencia en el caso Dina, por más insignificante que sea, una notable repercusión mediática. Los mismos medios de comunicación que se han beneficiado con las filtraciones de Villarejo durante largos años -y con la tarjeta de teléfono robada a Dina- son los que ahora también se benefician de las filtraciones de cada diligencia del juez García-Castellón y las publican "en exclusiva".