El Gobierno quiere nombramientos esta semana en la Fiscalía General y la Abogacía del Estado

BarcelonaLos nombramientos para ocupar la cabeza de la Fiscalía General y la Abogacía General del Estado pueden concretarse, según fuentes consultadas por ARA, esta misma semana. La idea de la ministra de Justicia Dolores Delgado de nombrar a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, fiscal general del Estado, competirá con otras recomendaciones que han llegado al Gobierno desde el partido Socialista y sectores de la judicatura; entre ellas la del fiscal de sala y jefe de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, Pedro Crespo, ex jefe de la secretaría técnica de la FGE durante parte del mandato de siete años (2004-2008 y 2008-2011) del fiscal general Cándido Conde-Pumpido.

Pero la atención, señalan esas fuentes, sobre la FGE ha desplazado el interés por otro nombramiento no menos relevante y, especialmente para Cataluña: el del abogado general del Estado y jefe de su Servicio Jurídico. Es una pieza clave en general del organigrama de la ministra de Justicia y, según se ha apuntado, tiene repercusión sobre leyes de carácter social aprobadas por el Parlament catalán y que están suspendidas en el Tribunal Constitucional a la espera de sentencia.

La ministra Delgado, asimismo, según fuentes consultadas por ARA, tiene la intención de nombrar a su número dos, el secretario de Estado de Justicia, en la persona del juez Fernando Andreu, titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Ambos han trabajado largos años allí; Andreu es persona de toda confianza de la ministra.

Aunque el FGE cesa junto con el Gobierno y su puesto es ocupado en funciones por el teniente fiscal del Supremo, en este caso Luis Navajas, la ministra Delgado ha solicitado a Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado en funciones, que permanezca hasta la designación de su sucesor.

Al parecer, ha primado el deseo de evitar públicamente la imagen aparente de cierto retraso en el nombramiento de ese puesto que transmitiría la asunción de Navajas como fiscal general en funciones. La nueva ministra desea que la persona a nombrar en la FGE sustituya directamente al fiscal general saliente.

Sánchez Melgar, cuyas relaciones con la hasta ahora fiscal de la Audiencia Nacional y ministra de Justicia, son muy buenas, ha aceptado quedarse con la recomendación de que el decreto de su cese no se prolongue más allá del próximo viernes. “Una semana es tiempo suficiente para resolver”, señalan fuentes conocedoras de la situación.

Los nombramientos de Dolores Delgado como titular de Justicia y del juez Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior han dinamizado en sectores del PSOE y de la judicatura movimientos de tierra. Porque dichos nombres fueron mantenidos en el más estricto secreto, como designaciones sorpresa, por parte de Pedro Sánchez. Se contaba en dichos círculos, por ejemplo, con el nombre de Margarita Robles para el Ministerio del Interior.

Por tanto, el nombramiento de la cabeza para el Ministerio Fiscal, o la propuesta de la ministra Delgado, será objeto de escrutinio en el Gobierno o, para ser más precisos, por parte de Pedro Sánchez.

Ya en noviembre de 2016, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, prometió a Consuelo Madrigal que sería nombrada para otros cuatro años como fiscal general del Estado para cambiar, de un día a otro, de criterio. Al parecer, Madrigal no estaba de acuerdo con la sugerencia de Catalá de dejar vencer el mandato de Javier Zaragoza como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y no renovarle.

Catalá y el gobierno de Rajoy optaron por dejar en el aire lo prometido a Madrigal. En aquellos días, competían por el puesto el magistrado de la Sala Segunda del Supremo. José Manuel Maza, y el juez Fernando Grande-Marlaska, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El citado juez contaba, entre sus apoyos, con el del también vocal del CGPJ Vicente Guilarte, abogado, catedrático de Derecho Civil y ex letrado del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, donde ha coincidido con Enrique Rajoy, registrador de la propiedad, hermano del entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Pero Maza se impuso a Grande-Marlaska.

El nombramiento de Abogado General del Estado y, por tanto, jefe del Servicio Jurídico del Estado, tiene relevancia especialmente en el caso de Cataluña. Porque aparte de las decisiones adoptadas por el actual abogado general, Eugenio López Álvarez (en sustitución de Marta Silva, en noviembre de 2016), en relación al procés de independencia catalán, hay una docena leyes de carácter social aprobadas por el Parlament que, aparte de las anuladas, han sido suspendidas a iniciativa de la Abogacía del Estado en el Tribunal Constitucional.

Dichas leyes están a la espera de que el tribunal resuelva si infringen la legislación vigente. No pueden ser aplicadas hasta que el TC haga publica su sentencia.

Se trata de las leyes de emergencia en la vivienda y pobreza energética. El TC suspendió la parte que obligaba a ceder un piso social o vacío a las personas desahuciadas, pero mantuvo las medidas contra la pobreza energética. El Parlamento aprobó una segunda ley para evitar esta decisión; ley de acceso a la sanidad universal; ley sobre el impuesto a los bienes de lujo; ley sobre las voluntades digitales; ley sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; ley sobre comercio, que reguló horarios comerciales; ley sobre el cambio climático. El Constitucional ha levantado la suspensión excepto en el punto de la fracturación hidráulica; ley que regula las asociaciones cannábicas, y ley sobre el impuesto a pisos vacíos. El Constitucional ha levantado la suspensión.

A diferencia del Gobierno de Rajoy, el de Sánchez podría estar de acuerdo con algunas de estas leyes e incluso promover su aplicación en el resto de España. Por tanto, el nombramiento del nuevo abogado del Estado es especialmente relevante en relación a Cataluña.