Juan Carlos I, en las manos exclusivas de Yves Bertossa

MadridEl jueves 28 de junio de 2007, el Grand Conseil o Asamblea del Cantón de Ginebra (legislatura) elegía a Yves Bertossa, un joven abogado de 33 años para el cargo de fiscal por la lista del Partido Socialista Suizo. La Asamblea acababa de optar por un apellido popular: Bertossa. Su padre, Bernard Bertossa, había marcado durante dos mandatos consecutivos como fiscal general de Ginebra - entre 1990 y 2002- una de las etapas más fructíferas de lucha contra la utilización del secreto bancario helvético como instrumento de la evasión fiscal y el blanqueo internacional de capitales. De aquella época, en efecto, viene la cooperación jurídica entre Bertossa y los fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo y Alejandro Luzón en el caso Roldán, el primer civil en ocupar, en 1986, durante el gobierno de Felipe González, el puesto de director de la Guardia Civil, y el que diera lugar a uno de los más sonados escándalos de corrupción que provocarían el desgaste del gobierno socialista.

La Asamblea había elegido, pues, a un joven que hasta entonces ejerció la abogacía, entre 2003 y 2007, a través de su propio bufete, Hayat-Bertossa. Yves Bertossa se había asociado a la abogada Yaël Hayat.

En estos trece años, entre 2007 y 2020, el joven que inició su carrera de fiscal con un gran apellido, ahora ya posee un gran nombre de pila.

Yves Bertossa, 46 años, primer fiscal de Ginebra encargado de “investigaciones complejas” en el terreno de la delincuencia económico-financiera ha competido con su padre en los casos más importantes de la justicia helvética. Desde el descubrimiento de la cuenta secreta en Suiza del ministro de Hacienda del gobierno socialista francés Jérôme Cahuzac en 2013, durante la presidencia de François Hollande, hasta el registro de la sede ginebrina del banco HSBC en 2015, después de conocer la denuncia del informático Hervé Falciani, la célebre lista Falciani, de lavado de dinero ocultado al fisco, operación que condujo a un pacto por el cual la entidad bancaria pagó 40 millones de francos suizos (38 millones de euros). O su investigación contra el ex jefe de la Policía de Guatemala Erwin Sperisen, refugiado en Ginebra, que resultó condenado a 15 años de prisión.

“Es un socialista orientado a la izquierda de la socialdemocracia tradicional. Idealista. Trabaja con la idea de que se puede cambiar el mundo. Se puede definir como un activista judicial”, dice una abogada de Lausana que sigue su trayectoria desde su época de abogado. “Si la corrupción cree tener en Suiza un paraíso fiscal, Yves Bertossa está para demostrar que se equivocan, que Suiza no es ese paraíso”, añade.

Por esta razón uno de sus principales objetivos siempre es verificar el comportamiento de las entidades financieras. Posee para sus investigaciones los poderes delegados de la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiera (FINMA), responsable de la regulación y supervisión de bancos, compañías de seguros, bolsas, operadores de valores y otros intermediarios financieros.

Fue así que en agosto de 2018, después de conocer -a través de la filtración de las cintas del excomisario José Villarejo y Corinna zu Sayn-Wittgenstein en España- que Juan Carlos I podía tener cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la firma Rhône Gestion en Ginebra, Bertossa ordenó la entrada y registro en la firma. Allí se incautó de una valiosa documentación sobre dos fundaciones en las que aparecía el nombre del entonces rey de España y jefe del Estado: Lucum (Panamá, 2008) y Zagatka (Liechtenstein, 2003).

A continuación, ordenó el registro del banco Mirabaud para conocer los movimientos de la cuenta bancaria número 505523 de Lucum.

El 8 de agosto de 2008, según las cuentas, el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí transfirió 100 mil elones de dólares (64,8 millones de euros) a esa cuenta. A partir de 2011, después de Juan Carlos I como primer beneficiario figuraba el entonces príncipe Felipe como segundo.

Bertossa decidió investigar por “blanqueo de capitales agravado” estos fondos y los vinculó a una presunta comisión por gestiones de intermediación del entonces rey Juan Carlos I en la adjudicación del tren de alta velocidad a empresas españolas en 2011. Imputó al gestor y al abogado del ahora rey emérito: Arturo Fasana y Dante Canónica. Ambos eran presidente y consejero respectivamente en la Fundación Lucum.

Fasana, a su vez, es gestor de fortunas españolas no declaradas en España, que canaliza a través de una cuenta nodriza llamada Soleado.

En la operación de Lucum, aparte de Fasana y Canonica, el fiscal imputó también a Corinna y al banco Mirabaud, a esta última entidad por incumplir la normativa que le obligaba indagar la procedencia de los 100 millones de dólares, habida cuenta que eran propiedad de una Personalidad Expuesta Políticamente (PEP) en la figura de Juan Carlos I.

Sin embargo, Bertossa no imputó al primer beneficiario de Lucum, es decir, a Juan Carlos I. Fuentes jurídicas helvéticas señalan que Bertossa confiaba esa tarea a la justicia española, con la cual inició la cooperación judicial en el agosto de 2019.

Si los hechos del Ave Medina-La Meca se refieren a los años en que Juan Carlos I era rey en ejercicio y, por tanto, gozaba de inviolabilidad (artículo 56.3 de la Constitución), los que atañen a la fundación Lagatka se extienden hasta 2018, abarcando cuatro años posteriores a la pérdida de su inviolabilidad/inmunidad. A partir de julio de 2014, Juan Carlos I es responsable penalmente y toda acción debe dirigirse, por estar aforado, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

La citada fundación, empero, tiene como primer beneficiario a Álvaro de Orleans-Borbón y como segundo a su hijo, siendo Juan Carlos I y Felipe VI tercer y cuarto beneficiarios, respectivamente.

La citada entidad ha financiado viajes de Juan Carlos I en aviones privados por valor de 5 millones de euros.

Bertossa ordenó en un primer momento bloquear los fondos de Zagatka (“enigma”, en ruso). A continuación, aceptó la declaración voluntaria de Álvaro De Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, el 10 de octubre de 2018. Tras el interrogatorio decidió, a través de una resolución (ordonnance) desbloquear los fondos, unos 10 millones de euros.

“´Álvaro de Orleans nunca estuvo imputado. Declaró voluntariamente como testigo asistido, con letrado, e inmediatamente, en pocos días, la cuenta de su fundación fue desbloqueada. No podemos decir que se la ha desimputado porque nunca lo estuvo. Pero si el fiscal hubiera dudado de su declaración, los fondos seguirían bloqueados”, explicaron a ARA los abogados Philippe Cottier y Jean-Marc Carnicé que representan a De Orleans.

Corinna declaró ante Bertossa: “Para mi la fundación Zagatka era Juan Carlos I”. La examante de Juan Carlos I sostiene, según señalan a ARA fuentes próximas a su defensa, que Zagatka se constituyó con una comisión de 50 millones de euros que se habría ingresado por intermediar en la venta del Banco Zaragozano en 2004 al Barclays Bank. Una alusión nada velada a la estrecha amistad de los entonces accionistas del banco español, los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y Juan Carlos I.

En la apertura de la cuenta de la fundación en el banco Credit Suisse -más tarde traspasada al banco Lombard Odier- figuraba, precisamente, la referencia a una comisión por “presentar a las partes intervinientes en la venta del Zaragozano al Barclays”.

“Es falso. No hay comisión por la venta del Banco Zaragozano en la contabilidad de Zagatka. Eso lo pusieron en el banco quizá por indicación de Arturo Fasana. No lo sabemos. Pero es una acusación infundada”, señalaron a ARA Carnicé y Cottier.

Fasana ha sido el gran gestor de fortunas españolas ocultas a la Hacienda española durante décadas. ¿Por qué le dijo a los ejecutivos de Credit Suisse que Zagatka se creaba a partir de una comisión de intermediación por la venta del Zaragozano a Barclays? "Lo ignoramos. Nuestro cliente no tiene idea de esta operación", enfatiza Carnicé.

Más allá de las investigaciones de Bertossa sobre Zagatka, es lo cierto que la Fiscalía Anticorrupción solo solicitó a Suiza los datos de la fundación Lucum por haber recibido la transferencia de Arabia Saudí.

Habida cuenta de la pugna desatada entre la Audiencia Nacional y la Fiscalía del Supremo -patrocinada por la Sala Segunda y su presidente, Manuel Marchena - es realista intuir que el horizonte penal de Juan Carlos I depende de lo que haga el fiscal Bertossa.

Durante su residencia en España, cualquier petición de Bertossa de interrogar al rey emérito sobre los hechos de 2008-2012 podía ser respondido negativamente por la justicia española con el argumento de la inviolabilidad constitucional que protegía a Juan Carlos en 2008-2012.

Pero ahora que Juan Carlos I está fuera las cosas cambian.

Corinna, a la que el entonces rey de España hizo 2012 la "donación irrevocable" de los 64,8 millones de euros procedentes de Arabia Saudí, está imputada en el procedimiento suizo, al igual que Fasana y Canonica, gestor de los fondos y abogado del entonces rey de España, respectivamente, y por último y no por ello menos importante el banco Mirabaud.

Solo Juan Carlos ha quedado fuera.

Ahora que el rey emérito ha decidido organizar su vida fuera de España, al menos temporalmente, Bertossa puede, ante la pasividad de la justicia española, intentar hacer aquello que todavía no se había planteado: citar a declarar a Juan Carlos I.