Nueve días después de que estallase el escándalo de las grabaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ni este ni el defenestrado director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, han presentado una denuncia ante un juzgado. Por su obra, pues, les conocemos: no quieren que la justicia investigue esta historia.
¿Por qué? Si denuncian ante un juzgado, saben que serán llamados a ratificar su denuncia. El juez les preguntará si reconocen sus voces y tendrán que asumir el contenido de las cintas. Y, a partir de esa declaración, comenzará la investigación. ¡Vade retro! ¡Virgencita, virgencita, que me quede como estoy!
El diario Público ha aportado a la Fiscalía General del Estado un juego de cintas con las grabaciones. ¿Qué puede hacer la responsable, Consuelo Madrigal? Puede enviar las cintas a alguna de las fiscalías para que investiguen. ¿Al Tribunal Supremo, por ser Fernández Díaz aforado? ¿A la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por tratarse de hechos que ocurren no solo en Madrid –grabación, filtraciones de noticias falsas- sino en otros territorios –origen y objetivo de las acciones de intoxicación– como Cataluña? ¿A la Fiscalía Anticorrupción por tratarse de la corrupción de ciertas instituciones, como la Oficina Antifraude, que se ponen al servicio del ministro del Interior para perseguir a adversarios políticos?
La conducta de la fiscal general del Estado aportará una pista. Madrigal y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no están en su mejor momento, porque ella y el Consejo Fiscal han denunciado que sería imposible cumplir con la exigencia de la reforma procesal (revisar antes del pasado 6 junio todas las causas penales, y archivar aquellas que no fueran declaradas causas complejas). Madrigal no sería, si continúa Catalá, la fiscal general del Estado.
Pero, a parte del comportamiento de Fernández Díaz, de De Alfonso y de la fiscal general del Estado, está la querella criminal que elabora el abogado Xavier Melero, abogado del ex alcalde Xavier Trías, contra el ministro del Interior y el exdirector de la Oficina Antifraude por la filtración de la cuenta bancaria falsa de Suiza que le fue atribuida.
Esta querella, por revelación de secretos, calumnias e injurias, tiene, por fuerza, que ser dirigida a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por el aforamiento del ministro del Interior. Y aquí cabe apuntar que, en las conversaciones grabadas, De Alfonso menciona su amistad con el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.
Mientras se abre la vía judicial, la personalidad de Daniel de Alfonso es objeto de interpretaciones. ¿Cómo llegó a la Oficina Antifraude en julio de 2011? Su valedor ante Mas se llama, según han confiado a ARA fuentes de CDC, Manuel Silva. Este abogado del Estado, miembro del círculo íntimo de Josep Antoni Duran i Lleida en Unió DemocrÀtica, exportavoz de Convergencia i Unió en el Congreso de los Diputados y actualmente miembro del Consejo de Estado, es el que aporta a Artur Mas el nombre de De Alfonso.
De Alfonso, ¿para quién trabajaba? Para sí mismo. “He asistido en Santander al sarao anual al que invitaba De Alfonso. Era impresionante ver los coches que aparcaban allí. Era como un evento de las revistas de corazón”, dice al ARA el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.
Comía, cenaba, anotaba y grababa. Era un adicto del name-dropping, como se llama en Estados Unidos la práctica de mencionar a personas o instituciones importantes en una conversación. No era inofensivo.
