Lesmes pierde a su mano derecha extrema

José María Macías dimite de la Comisión Permanente y sigue en el Pleno del CGPJ

La Comisión Permanente del Poder Judicial (CGPJ) aceptó ayer la renuncia del abogado José María Macías a dicha comisión por razones profesionales, aunque seguirá siendo vocal del llamado gobierno de los jueces. Macías vuelve al bufete Cuatrecasas, donde es socio y tuvo que dejar la actividad al incorporarse en marzo de 2018 a la Comisión Permanente del CGPJ.

Según su escrito de renuncia, “ estrictas razones de carácter profesional derivadas del régimen de incompatibilidad que impone la pertenencia a dicha Comisión me llevan a solicitar que se acepte mi renuncia a la misma”.

Al aceptar su renuncia, la Comisión Permanente ha recordado  que “existe un precedente de renuncia de un vocal a formar parte de esta comisión”.  Según señala, “el 16 de agosto de 2018, la Comisión Permanente aceptó la presentada por Concepción Sáez Rodríguez como consecuencia de su nombramiento como gerente de la Mutualidad General Judicial a propuesta del Ministerio de Justicia”.

La realidad es que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el propio Macías, intentaron expulsar, sin éxito, a la vocal Sáez, que llegó al Consejo a propuesta de Izquierda Unida, el 16 de agosto citado en el comunicado. Al serle ofrecido el puesto de gerente de la Mutualidad, la vocal Sáez pactó con Lesmes renunciar a la Comisión Permanente y seguir en el pleno del CGPJ. Los servicios técnicos presentaron un informe favorable.

El 16 de agosto de 2018, antes de abordar el punto de la renuncia de Sáez, el orden del día tenía previsto analizar la situación de una demanda civil en Bélgica contra el magistrado instructor Pablo Llarena, a raíz de sus declaraciones sobre los encausados del  procésfuera de su ámbito jurisdiccional, en una conferencia patrocinada en Oviedo por un concesionario de BMW. El Ministerio de Justicia se resistía a asumir los gastos de la defensa de Llarena en Bélgica.

Lesmes y Macías asumieron una posición beligerante contra el Ministerio de Justicia, y querían la unanimidad  de la Comisión Permanente. Frente a mayoría, la vocal Sáez expresó su oposición con el argumento de que el Gobierno no tenía por qué asumir los gastos de defensa por unas manifestaciones hechas por el magistrado fuera de la función jurisdiccional. Y anunció que presentaría voto particular.

Lesmes y Macías, irritados con la oposición de Sáez sobre Llarena, impulsaron en el debate  su expulsión del CGPJ. Ambos apuntaron que al abandonar la Comisión Permanente debía renunciar también al CGPJ, a lo que la vocal se negó. Amenazaron con llevar el asunto a un pleno del mes de septiembre de 2018 con la idea de que la vocal presentaría su renuncia al CGPJ. Pero no lo consiguieron. Finalmente, sabiendo que su posición era insostenible legamente se abstuvieron de llevar el asunto al Pleno.

Una situación parecida le había resultado más fácil a Lesmes en noviembre de 2014, cuando obtuvo la dimisión de Mercè Pigem en la Comisión Permanente del CGPJ. Forzó su dimisión con un montaje a raíz de un viaje de la vocal a Andorra y consiguió, precisamente, el ingreso del suplente Macías, primero al pleno del CGPJ y más tarde, en marzo de 2018, a la Comisión Permanente.

Macías, compañero en la Escuela Judicial Española del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, más tarde titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, escribió con ocasión de su muerte, en noviembre de 2018,  que “su trabajo como juez, siempre impecable, se hizo noticiable cuando asumió la investigación inicial de los hechos que desembocaron en los sucesos del 20 de septiembre de 2017 en la consejería de Economía de la Generalitat”. Según Macías, esa instrucción fue clave. “Su investigación constituyó en buena medida la base de la que, a su vez, ha llevado a cabo el juez Llarena por los acontecimientos del 1 de octubre de ese año”. Macías, a su vez, fue el inspirador de la carta que Lesmes envió a Ramírez Sunyer el 2 de noviembre de 2018, dos días antes de su muerte, en la que elogiaba su vocación de servicio público. “Pero ese cumplimiento adquiere dimensiones heroicas cuando todo cuanto te rodea se convierte en hostil”.

    Fuentes jurídicas señalan que ante el nuevo curso político, en el que Lesmes ha tejido buenas relaciones con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y en el contexto de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña, el papel de Macías había quedado desfasado. Con todo,  capacidad de adaptación no es lo que le falta a Macías.

Al día siguiente de la sentencia del 14 de octubre de 2019, estaba al corriente de lo que pasaría con los presos del procés.

"Aunque la sentencia se ha dictado ahora  ya llevan dos años en  prisión, la cuarta parte se va a cumplir en un periodo de tiempo breve. Hay dos años que se computarán como cumplimiento aunque hayan sido preventivos porque esa es la norma. Sobre la posibilidad de poder disfrutar de un tercer grado es conforme a nuestra legislación penitenciaria que se aplica a todo condenado. Se trata de hacer un tránsito desde la situación de prisión a la libertad que asegure la reinserción", explicó.

Su “último combate” relevante en el CGPJ tuvo lugar en el pleno del pasado 16 de enero, cuando le tocó liderar al sector conservador en el debate que terminó con siete vocales cuestionando en un voto particular la “idoneidad” de Dolores Delgado para ser fiscal General del Estado.

Las razones profesionales invocadas por Macías también pueden explicar, según fuentes jurídicas, su renuncia. Porque una socia relevante de Cuatrecasas, Cani Fernández, experta en derecho comunitario, acaba de ser fichada por La Moncloa, lo que podría explicar la decisión de Macías de aprovechar estos momentos a favor de una reincorporación estratégica en el bufete del que es socio.