Llarena conocía los informes de Hacienda sobre el 1-O a través del juez Ramírez Sunyer

No solicitó ningún informe a la Agencia Tributaria sabiendo que contradecía a la Guardia Civil

Al requerir ahora al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro para que aporte el material que le ha llevado a sostener que no se gasto dinero público en el referéndum del 1-O, el magistrado Pablo Llarena ha destapado, quizá sin saberlo, un agujero llamativo en su instrucción: ¿por qué no solicitó, como se hace todos los días por parte de jueces de instrucción, un informe a la Intervención de Hacienda o a la Agencia Tributaria para incorporarlo como prueba a sus actuaciones?

Llarena conocía la posición de Montoro no solo porque éste lleva desde finales de agosto pasado hasta las últimas semanas –antes de sus declaraciones el pasado lunes al diario El Mundo- con la misma posición,  expresada en medios de comunicación y en el la comisión de Economía del Congreso, a saber, que no se usó fondos públicos –ergo, no se desvió-para financiar el referéndum del 1-O. Una posición que mantuvo, asimismo, el pasado 7 de febrero, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados.

Tenía conocimiento Llarena por el conducto por el que un magistrado instructor debe tenerlo: la jurisdicción penal.

¿Sí? En efecto: el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

El 24 de noviembre de 2017, el titular del juzgado, Juan Antonio Martínez Sunyer se había dirigido al Gobierno para indagar sobre el delito de malversación.

En la división de trabajo que ha trazado Llarena, el juzgado 13 se ocupaba de investigar con especial cuidado el delito de malversación. El juez lo hizo a través de la Guardia Civil pero también a través de una petición al Gobierno de Rajoy, que el TSJC hizo llegar a la Secretaria de Estado de Administraciones Territoriales y que esta trasladó a los ministerios de Hacienda, Interior y Presidencia del Gobierno, habida cuenta de que eran responsables de la administración catalana incluso mucho antes de la aplicación del artículo 155 de intervención de la autonomía catalana.

En la segunda quincena de febrero llegaron a la mesa del juez Ramírez Sunyer varios informes procedentes de Hacienda. Todos coincidían: no se gastó dinero público en el referéndum del 1-O.

Uno de ellos fue el de Natalia Garriga, directora de Servicios del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, que fue detenida el 20 de septiembre en el marco de la 'operación Anubis', llevada a cabo por la Guardia Civil siguiendo la orden del juez Ramírez Sunyer de entrada y registro de la consejería de Economía, en Rambla Cataluña número 9.

El informe explica que no se ha tramitado ningún expediente de gasto para organizar la financiación del referéndum del 1-O. En  otro informe, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, señala que no le consta ningún expediente de gasto con cargo al programa 132 del presupuesto de la Generalitat para consultas populares, bloqueado, además, por resolución del Tribunal Constitucional. Los únicos gastos han sido 19.366,68 euros y 6.154,66 euros realizados por el CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información)n para mantenimiento “ordinario y evolutivo de programas ya existentes en el Departamento de Gobernación.

Problema: ¿por qué Llarena no tuvo en cuenta estos informes a los que tuvo tenido acceso ya que ha seguido cuidadosamente la instrucción y los hallazgos del juez Ramírez Sunyer?

Y, sobre todo, ¿por qué no solicitó él desde el Supremo un informe completo a Hacienda?

¿Por qué no quería que le estropeara la buena noticia sobre malversación que le transmitía la Guardia Civil?