Los múltiples frentes de la batalla judicial del Procés

Junqueras seguirá los pasos de Puigdemont hacia el TJUE

El laberinto judicial y constitucional se bifurca en innumerables senderos. En lo inmediato, la defensa de Oriol Junqueras seguirá el camino de la defensa de Carles Puigdemont y Toni Comín, a través de demandas contra el Parlamento Europeo ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), sección del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por darle de baja como eurodiputado, a solicitud del Tribunal Supremo español y la Junta Electoral Central (JEC). 

Pero, al mismo tiempo, la batalla ya se ha trasladado  a la situación del president Quim Torra, cuya condición de diputado  ha sido anulada por la JEC el viernes 3 de enero. 

La JEC dejó a cargo de la Junta Electoral Provincial de Barcelona la ejecución de dicho acuerdo y el pasado viernes 10, tras conocer que la Sala III del Supremo rechazaba la suspensión cautelarísima -ipso facto sin oir a las partes- de la solicitud, la Junta Provincial notificó al Parlament para que adopte la resolución. 

Por tanto, la Mesa del Parlament deberá convocar un Pleno para someter la cuestión a votación.

¿Se aplicará el acuerdo de la JEC?

La pérdida de su condición de diputado ¿supondrá, según ha sostenido el letrado mayor del Parlament, que Torra no podrá seguir siendo president, habida cuenta que éste se elige entre los diputados?

Si la mayoría del Parlament vota a favor de mantener su acta, el incidente tampoco quedará zanjado. Porque el Partido Popular, Ciudadanos y Vox seguramente presentarán un recurso de amparo contra la decisión ante el Tribunal Constitucional.

Illa, vetado en Política Territorial

Y en el laberinto está el flamante gobierno de Pedro Sánchez y el ministerio de Política Territorial. 

En principio, Salvador Illa, secretario de organización del PSC, estaba predestinado a ser el ministro, pero un debate interno en el equipo de Sánchez descarriló su candidatura y acabó en Sanidad. En ese debate ganaron quienes veían que un ministro catalán -en rigor sucedía a una ministra catalana ya que Meritxell Batet le había precedido- no era lo más adecuado para la fase de negociaciones que se abrirá con el Govern de Cataluña y con ERC. 

Todo ello viene a cuento porque el acuerdo que adopte el Parlament sobre Torra podrá ser recurrido por el Gobierno mediante recurso de inconstitucionalidad ante el TC, el cual suspende su vigencia en virtud de la prerrogativa de que goza el Ejecutivo (artículo 161.2 de la Constitución) hasta entrar en el debate de fondo.

Pero, además, el PP y los otros dos partidos podrían buscar la reedición del caso Atuxta (el presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y dos miembros de la Mesa condenados por desacato en sentencia anulada posteriormente por el TEDH y asumida por el Supremo) mediante una querella criminal por desobediencia contra Roger Torrent y la mesa del Parlament ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). 

Para ello esperarían el desenlace del recurso contencioso-administrativo en la Sala III del Tribunal Supremo, que después de descartar las medidas cautelarísimas oirá a las partes para decidir sobre si procede una suspensión normal hasta resolver sobre el fondo.

Mientras tanto, el tribunal del procés tiene sobre la mesa el incidente de nulidad de sentencia -por vulneración de derechos fundamentales- de todos los condenados por la sentencia del 14 de octubre de 2019. A la vista del auto del pasado jueves, día 9 de enero, sobre las consecuencias de la sentencia del TJUE del 19 de diciembre, es previsible que se desestimen todos los escritos. 

Este es el paso previo -el pasaporte- para presentar en los treinta días siguientes el recurso de amparo contra la sentencia ante el Tribunal Constitucional.

Pendientes de Trapero

Mientras, el próximo día 20 de enero comenzará en la Audiencia Nacional el juicio oral contra el ex jefe de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los ex cargos de Interior, Cesar Puig y Pere Soler.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que denunció a Trapero por delito de sedición, cambió luego la calificación por el de rebelión para Trapero, Puig y Soler y mantuvo el de sedición contra Laplana.

La defensa de Trapero ha solicitado, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional aclare su escrito de acusación. Porque si asume el delito de sedición, la Audiencia Nacional perdería la competencia para juzgar a los acusados, ya que la Audiencia Nacional se ha declarado competente contra un delito de sedición siempre que amenace el orden constitucional, premisa que el Supremo ha invalidado en su sentencia del 14 de octubre.

La Audiencia Nacional puede anunciar el cambio de calificación en la primera sesión del juicio, y ya no se cambiaría de tribunal. 

Y fuera de España, el 3 de febrero tendrá lugar en Bruselas la vista para examinar la situación de la euroorden contra los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín, una audiencia que el magistrado Pablo Llarena ha solicitado aplazar hasta que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre la solicitud de suplicatorio o autorización para proceder contra ambos.