Mensajes cruzados entre Fernández Díaz y su número dos prueban su actuación en el espionaje a Bárcenas

Cospedal y López del Hierro seguían la ‘operación Kitchen’

Ernesto Ekaizer
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El ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, durant la compareixença a la comissió d'Interior del Congrés / EFE

MadridEl juez Manuel García-Castellón ordenó ayer dejar sin efecto el secreto del sumario, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de la llamada operación Kitchende espionaje al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ordenado por altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy “al menos en 2013- 2015”.

La pieza estrella, según ha confirmado ARA, es el informe de los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano del pasado viernes, 4 de septiembre, en el que se describe las participaciones en distinto grado del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y de su esposo, Ignacio López del Hierro. En el informe de la fiscalia anticorrupción, se vincula la exministra de Defensa en la operación porque ella misma tenía un interés personal en que no saliera a la luz determinada "documentación comprometedora" sobre ella.

Según señala el juez, sobre la base del escrito de los fiscales, se trata de una trama que califica como “operativo parapolicial del que serían responsables Órganos Superiores y/o directivos de la Administración General del Estado”.

La “ejecución material” del proyecto de espionaje y eventual secuestro de material “se encomendó” a los investigados Enrique García Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, y al entonces comisario en activo José Manuel Villarejo.

“El encargo que se habría llevado a efecto, al menos en los años 2013 a 2015, consistiría en la captación y la manipulación como colaborador-informante del Cuerpo Nacional de Policía de Sergio Ríos”. Se refiere al que era chófer de Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas desde que se decretó su prisión provisional.

Esta operación de guerra sucia de los mandos policiales al servicio del PP buscaba «la obtención por medio de dicho colaborador en cuanto persona de la máxima confianza del matrimonio, de información concreta sobre el lugar en que Luis Bárcenas y su esposa ocultarían material comprometedor para altos dirigentes del PP, sustrayendo su conocimiento de la autoridad judicial» que investigaba, en la Audiencia Nacional, a través del juez Pablo Ruz, entonces titular del juzgado central de instrucción número 5, la presunta financiación ilegal del partido y el pago de sobresueldos ocultos a la Hacienda pública.

Según el informe de la fiscalia anticorrupción, López del Hierro es quien pone en contacto el responsable de seguridad de Cospedal con Villarejo porque manipulen el chófer de Bárcenas. Dentro de los encargos puntuales que habría recibido Villarejo también había el de "destruir ordenadores del PP", en referencia a los dispositivos de Bárcenas que dieron lugar a la causa judicial contra el partido.

El sumario contiene, según las fuentes consultadas por ARA en la Audiencia Nacional, audios grabados por el propio Villarejo, documentos, declaraciones testificales bajo secreto y el contenido de los mensajes intercambiados por teléfono móvil entre el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su hombre de confianza, Francisco Martínez, quien fuera primero su director de gabinete y a partir de enero de 2013 secretario de Estado de Seguridad, su número dos.

Francisco Martínez fue imputado en la causa en enero pasado y se negó a declarar. Más tarde, su defensa solicitó que se le diera acceso a cierto material del sumario y a que se solicitase autorización al consejo de ministros para hablar sobre materias reservadas.

Pero la fiscalía solicitó al juez la entrada y registro en el domicilio de Martínez, operación que tuvo lugar el 13 de marzo de 2020.

El estrecho colaborador del ministro Fernández Díaz y ex diputado del PP, entregó a una comisión judicial dirigida por el juez García-Castellón una copia protocolizada ante notario de sus mensajes con el ex ministro Jorge Fernández Díaz y subordinados suyos sobre el espionaje que se llevó a cabo al ex tesorero del PP Luis Bárcenas bautizada como operación Kitchen. Esos mismos mensajes también se encontrarían en el registro del domicilio de Francisco Martínez.

La trama policial investigó especialmente el taller que utilizaba Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, para restauración de muebles en la madrileña calle del general Díaz Porlier, número 32, una pequeña habitación de 3 metros por 4, con un pequeño servicio.

Cursado el permiso del gobierno de Pedro Sánchez al juez García-Castellón, a mediados de julio pasado, para la declaración de Martínez sin restricciones, este se echó atrás al citarle el juez y anunció que no declararía.

Utilizó Martínez como pretexto que en el caso Dina existía un pacto entre los fiscales y el partido Unidas Podemos en el caso Tándem-Villarejo, una excusa para seguir sin dar explicaciones, según fuentes de la Audiencia Nacional.

Martínez tuvo acceso al material que solicitó ver su defensa, la cual decidió después que no debía prestar declaración.

Según fuentes consultadas por ARA, la presencia y conocimiento de María Dolores de Cospedal y de su esposo López del Hierro está acreditada.

Ambos ya habían contratado a Villarejo en julio de 2009, con quien se reunieron en la sede del PP de Génova, para que les hiciera llegar información sobre Bárcenas. Cospedal declaró más tarde que al contratar al entonces policía en activo, adscrito a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía (“Pasa lo que tengas que pasar. Baratito porque estamos tiesos” le dice López de Hierro a Villarejo en la entrevista del 21 de julio de 2009), para informarle sobre las relaciones entre Bárcenas, y los altos dirigentes del PP Javier Arenas y Guillermo Galeote, ella “cumplía con su obligación”. Es decir: estaba en su sueldo espiar a Bárcenas.

Aunque la imputación de Fernández Díaz, junto a los “operativos” de la trama, se da por hecha, el juez se propone estudiar los indicios contra Cospedal y su esposo.

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