Objetivo: sacar al fiscal Campos de la causa de Juan Carlos I

Marchena quiere que la investigación sobre el rei emérito la lleve la Audiencia Nacional

Un antes y un después. El comunicado de 8 de junio de 2020 de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el cual se daba cuenta de que Dolores Delgado había encargado -por decreto del 5 de junio- al fiscal jefe de una de las dos salas del Supremo, Juan Ignacio Campos, las diligencias de investigación 387220 sobre el rey emérito, Juan Carlos I, por presuntas comisiones pagadas en la adjudicación del Ave Medina-La Meca en 2011, fue una bomba para la Sala Segunda del Tribunal Supremo y particularmente para su presidente, Manuel Marchena. ¿Por qué? Sucede que el control sobre lo que puede ser uno de los procedimientos más importantes de la historia de investigación y eventual enjuiciamiento de aforados en dicho tribunal, la del rey emérito, quedaba fuera de su control y colocaba el epicentro no en la sala de magistrados sino en Fiscalía del Tribunal Supremo.

Después del protagonismo desarrollado en la causa del procés, resulta que la Sala Segunda se convertía en una convidada de piedra en el affaire de Juan Carlos I, a la espera de pronunciarse sobre lo que decidieran, en su momento, Juan Ignacio Campos y sus muchachos, tres fiscales a los que el 10 de julio pasado se unía una fiscal especializada en cooperación jurídica internacional. La procesión iría por dentro. ¿Por qué está la Fiscalía del Supremo en el epicentro? Porque la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias de investigación el 26 de diciembre de 2018 sobre un “capítulo” de las conversaciones grabadas en 2015 y 2º016 entre Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ahora Corinna Larsen, el excomisario José Villarejo y el amigo de José María Aznar, expresidente de Telefónica y personaje de la jet set internacional afincado en Mónaco, Juan Villalonga. Previamente la pieza sobre este tema a partir de los registros en los domicilios de Villarejo y su socio y el abogado Rafael Redondo, fue archivada urgentemente en septiembre de 2018 prácticamente sin investigación relevante a petición de la misma Fiscalía Anticorrupción. 

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, según se ha apuntado, abrió diligencias tres meses después con el argumento de que las conversaciones grabadas podían contener indicios de un delito de cohecho en las transacciones comerciales internacionales cometido fuera de España (artículo 286 del Código Penal), cuya competencia, según las circulares de la Fiscalía General del Estado, corresponden a los fiscales antes de su judicialización. Por este procedimiento, días antes de recibir de Suiza (causa P 14783/2018) una segunda remesa de documentos, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sabiendo que las diligencias afectaban a una persona aforada, el entonces rey Juan Carlos I y ahora rey emérito, explicó a Dolores Delgado que el asunto debía ser asumido por la Fiscalía del Supremo. Cuando llegó la señalada remesa, la Fiscalía Anticorrupción la envió al Supremo, a mediados de junio pasado. 

El 10 de julio, la Sala Segunda del Supremo, conocía como el resto del público, un nuevo comunicado de la FGE según el cual se daba cuenta de que a Juan Ignacio Campos le acompaña un equipo fiscales especialistas en derecho penal económico formado por Palomas Iglesias, José Antonio del Cerro y Juan Carlos López. A ellos se unía Rosa Ana Morán, la fiscal que dirige la unidad especializada de cooperación penal internacional de la FGE “en atención a las implicaciones internacionales de la investigación”. El comunicado añadía: “Dada la complejidad técnica y trascendencia institucional de la investigación se ha encargado de la misma a los/las fiscales de la más alta categoría y mayor especialización dentro de las materias afectadas”. 

La hipótesis teórica de Marchena es que el fiscal Campos podría elaborar una querella contra el rey emérito para pasar a la Sala de Admisión para aforados. Esta la preside Marchena y entre 1 de junio y el 30 de septiembre está integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Ana María Ferrer y Pablo Llarena. No hay indicios sobre esa hipotética querella. Toda la investigación está, hasta el momento, centrada en la fundación panameña  Lucum, propiedad de Juan Carlos I,que recibió en la cuenta 505523 del banco Mirabaud de Ginebra el 8 de agosto de 2008 100 millones de dólares procedentes del ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Y en esa época Juan Carlos I era rey en ejercicio y gozaba de la protección del artículo 56.3 de la Constitución que la garantiza la inviolabilidad. Es decir, no sería penalmente responsable de sus actos como el común de los mortales. 

Los temores de Marchena, ¿se basan en algún indicio de que Campos quiere hacer una interpretación heterodoxa de la inviolabilidad y creativamente abrir una brecha en la misma? Fuentes judiciales señalan que Campos no ha dado ninguna muestra de lo que va a hacer, habida cuenta que él y sus muchachos/as solo han hecho un mapa con todo el material disponible, tanto de España como de Suiza. Pero España se ha convertido en un estado judicial o más bien penal. Controlar los procedimientos es clave y da poder político en momentos en que los dos grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular, se aprestan a anunciar a principios de septiembre, en coincidencia del día 7 de, el día del acto tradicional de apertura del año judicial, un pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el nombramiento por las cámaras de cuatro magistrados  del Tribunal Constitucional, nuevos nombramientos en el Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo. 

En este contexto, el titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, no ha tardado en olisquear el ambiente, ha hecho sus averiguaciones y ha encontrado propicio para disputar a la Fiscalía del Tribunal Supremo el control de lo que podría ser -o no- una querella contra Juan Carlos I. Así, el pasado 27 de julio, el juez ha reabierto la causa Carol archivada en septiembre de 2018 con el pretexto de investigar un presunto encargo mafioso de Corinna al policía Villarejo -realizar un pretendido y nada concreto espionaje a su empleada doméstica supuestamente desleal, Noelia Muñoz- y ha citado a declarar como imputados a Villarejo y su socio Rafael Redondo el 7 de septiembre y a Corinna y a Juan Villalonga para el día siguiente 8 de septiembre. 

El juez no ha solicitado antes de reabrir la pieza informe a la Fiscalía Anticorrupción, a sabiendas de que las diligencias que esta llevaba sobre el Ave Medina-La Meca las sigue ahora la Fiscalía del Supremo. El juez señala en su auto de reapertura, de fecha 27 de julio, que “se desconoce la suerte del procedimiento abierto en la Fiscalía del Cantón de Ginebra…Sin embargo, se ha tenido conocimiento de la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo de las diligencias preliminares seguidas ante la Fiscalía Anticorrupción…desconociéndose hasta qué punto resultan coincidentes con los hechos que nutren esta causa las pesquisas mantenidas tanto en Suiza como ante la Fiscalía española”. Después de reabrir la causa, sin pedir informe a los fiscales, el juez García-Castellón solicita en el mismo auto un informe sobre “conexidad delictiva así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimiento de estos hechos”. 

Días después de reabrir la pieza, el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, a través de comentarios informales, dejaba saber que es el juez García-Castellón el que debe ocuparse de la investigación de Juan Carlos I y que en todo caso la Fiscalía del Supremo deberá subordinarse a la Audiencia Nacional. “El objetivo es evidente. La movida deniega el protagonismo al Supremo cuando quien lo ejerce no es la Sala Segunda sino la Fiscalía del Supremo”, dijo una fuente judicial consultada. 

A todo esto, la Fiscalía del Supremo tiene que pronunciarse sobre la querella de Omnium Cultural contra el rey emérito por delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales presentada el pasado 3 de julio. El presidente de la Sala de Admisión, Manuel Marchena, ha solicitado el informe preceptivo de la Fiscalía antes de resolver sobre la misma. Fuentes judiciales señalan que la Fiscalía del Supremo seguirá el patrón tradicional: en la medida en que no se aportan indicios nuevos, aparte de lo que se ha publicado en los medios de comunicación, recomendará desestimarla. También podría señalar que la propia Fiscalía está investigando los hechos y que ya resolverá en su momento.