Ernesto Ekaizer

Pineda, Bernad, la infanta y los ‘desleales'

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La caiguda de Manos Limpias deixa tocada l’acusació a la infanta Camps menysté Urdangarin davant el tribunal

¿Explotará la bomba de efecto retardado que ha puesto, de facto, la Audiencia Nacional debajo de la acusación popular contra la infanta Cristina con su investigación del sistema de extorsión de Ausbanc y Manos Limpias? ¿Pedirá la Fiscalía medidas cautelares contra la persona jurídica de Manos Limpias? Y ¿han incurrido en delito los ejecutivos de instituciones que han pagado lo que se les pedía y no colaboran con la justicia?

Fuentes de la Audiencia Nacional aseguran no tener indicios hasta el momento contra la abogada Virginia López Negrete, que es rostro y voz de la acusación popular. Pero no ocultan su impresión de que al estar ejercitada la acusación popular por una presunta organización criminal, en base a los delitos que el juez Santiago Pedraz imputa a Miguel Bernad y a Luis Pineda, “está tocada de muerte”.

Hay una vía en el proceso de instrucción ya utilizada en el caso de organizaciones terroristas, y es la petición de la suspensión cautelar de actividades de Manos Limpias. Ello llevaría a que decaigan todas las acusaciones populares que representa. Fuentes de la Audiencia Nacional señalan que, en efecto, esa vía existe en el proceso de instrucción. “Pero para solicitar al juez esa medida, la investigación tendría que acreditar la existencia un sistema generalizado de extorsiones. De momento, no hemos llegado a tal punto”, señala la fuente consultada.

Una medida de este tipo supondría la injerencia de una causa, la de Manos Limpias y Ausbanc, en otras, el juicio del caso Nóos, entre otros procedimientos. Y sería una injerencia sin que Manos Limpias y Ausbanc hubieran pasado por juicio. Es decir, sin sentencia. Se actuaría en base a indicios y no a hechos probados. Por tanto, la vía de la adopción de medidas cautelares como la señalada no está en el orden del día.

Pero la acusación popular en el caso Nóos no es la única de las “bajas colaterales” que puede derivarse del procedimiento en curso contra las dos organizaciones presuntamente extorsionadoras. ¿Qué pasa con las entidades que han pagado y que a el día de hoy niegan haberse sometido a la extorsión? Es el caso, por ejemplo, del presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Haber pagado 470.000 euros para lograr la retirada de la acusación popular de Manos Limpias en el caso de los ERE de Andalucía puede ser, si se demuestra al tiempo que la entidad niega la existencia del pago, un caso de administración desleal del artículo 252 del Código Penal. Es el mismo caso de Rodrigo Rato y los 600.000 euros que habría pagado desde Caja Madrid a Ausbanc. “El administrador estaría distrayendo fondos y actuando ilícitamente sobre el bien, disponiendo del mismo como si fuese el dueño. Ahora bien, si colabora con la justicia, habría una eximente”, señaló la fuente consultada.

Por tanto, las consecuencias de la acción sobre ambas organizaciones pueden ser múltiples. Por la sencilla razón de que durante largos años sus prácticas han contado con una red de bancos y empresas que cedían a sus requerimientos. Además, tanto Bernad como Pineda sostienen que se les intentó comprar precisamente para retirar sus acusaciones en los diferentes procedimientos.

“Sabíamos que iban a ir por ahí. Por eso la operación contemplaba la entrega de dinero, algo que está previsto en la ley, para atraparles in fraganti. Pero nos reventaron la operación al filtrar la información tanto a los interesados, Pineda y Bernad, como a un medio de comunicación”, señaló a este diario la fuente de la Audiencia Nacional. ¿Quién pudo ser? En la Audiencia Nacional estiman que pudo ser una de las entidades afectadas –Unicaja- o contactos que ambos investigados tienen en el Ministerio del Interior.

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