Políticos, no nos uséis
El magistrado Jesús María Barrientos ha solicitado a los políticos que no usen a los jueces para solucionar problemas en los cuales son incapaces de aplicar, si cabe, la imaginación.
Barrientos no ha tomado posesión hoy con el latiguillo: hay que hacer cumplir la ley. Este discurso de Mariano Rajoy se lo ha dejado Barrientos a Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), que hizo un desembarco en el Palau de Justicia con los miembros de la Comisión Permanente (todos menos una) y 10 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de los 16 existentes en España.
Barrientos arremetió contra la institucionalización en España de la utilización de la justicia, la judicialización de la vida social y política, en un discurso muy preciso. Empezó en catalán, siguió en español y finalizó en catalán con el lema que resume las características de un casteller, al recordar la comarca del Penedés donde tiene casa: “Força, Equilibri, Valor i Seny”.
El poder judicial "asegura la aplicación y efectividad de la legalidad vigente, y de ninguna otra", ha apuntado Barrientos. Pero a continuación ha añadido: “Que nadie acuda a los juzgados y tribunales en busca de soluciones al debate social abierto actualmente en Cataluña". Según ha explicado, "sólo a los responsables políticos corresponde encauzar ese debate y articular respuestas imaginativas que puedan resultar aceptadas por amplias mayorías sociales y que, al tiempo, reporten beneficios mutuos a los ciudadanos de Cataluña y del resto de España". Pero ha subrayado: "La ley no es inmutable, tampoco el texto constitucional". Ambas, dijo, deben estar "al servicio de la sociedad y adaptarse a las exigencias que en cada momento demanden sus ciudadanos mayoritaria y democráticamente, siempre dentro del marco de reforma admitido por la propia ley".
Barrientos, pues, ha hecho un discurso que no es quizá el que se esperaba de él, tras la no renovación de Miguel Ángel Gimeno en la presidencia del TSJ de Cataluña. El nuevo presidente sigue la orientación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlament catalán de enero de 2013. Aquella sentencia, alcanzada por unanimidad, señalaba, tras considerar ilegal que Cataluña se considerase soberana: “Este tribunal ha reconocido que tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defenderse y que no existe un núcleo normativo inaccesible a los procedimientos de reforma constitucional”. Y precisaba: “La primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento no tiene cabida un modelo de democracia militante”.
Una judicialización asfixiante
Por otra parte, la diatriba de Barrientos contra la instrumentalización –aunque no haya usado este término, pero a buen entendedor pocas palabras bastan– de la justicia en los ajustes de cuentas políticos en la España de hoy merece ser subrayada. Porque excede ampliamente a Cataluña. Los casos de los titiriteros, Zapata y Rita Maestre en Madrid son buenos ejemplos de esta judicialización que asfixia la vida democrática. Que la hace irrespirable en este proceso inquisitorial en casos como los apuntados, que consigue la simbiosis o alquimia entre justicia y medios de comunicación. Lesmes, a diferencia de Barrientos, vino con el latigo de la ley. No lo necesitaba. Tampoco era necesario arropar a Barrientos, que se basta por sí mismo, como ha demostrado. Tampoco necesitaban Carles Puigdemont y Carme Forcadell brillar por su ausencia en un acto institucional que merecía dar al menos cien días de confianza al recién llegado presidente del TSJ. Han estado ambos muy mal aconsejados.
