El 'test Llarena': ¿Puigdemont puede ser investido?

MadridCarles Puigdemont sostiene –en su círculo íntimo y ante los dirigentes que van y vienen de Bruselas- que no tiene plan diferente al de ser investido president.

Y si tuviera plan B, ¿acaso lo diría? No. Porque en caso de que lo esbozara o insinuara, Puigdemont se convertiría en lo que en el argot político americano se denomina un pato cojo.

Nadie tomaría en cuenta su deseo de ser investido president y la referencia sería el plan B, que contemplaría una alternativa a ser investido.

Por tanto, Puigdemont tiene que jugar su carta de la investidura hasta el final. La presión que está metiendo es considerable.

Según afirma en Bruselas, los que no hagan lo que haya que hacer en el Parlament para investirlo president serían cómplices de la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.

Pero, ¿puede ser investido Puigdemont presidente?

A la luz del auto dictado por el magistrado Pablo Llarena el viernes 12 de enero, Puigdemont puede ser investido.

El lector que ha llegado hasta aquí ha leído bien.

En efecto, si se aplica el auto de Llarena referido a Oriol Junqueras, la investidura de Puigdemont es, indiscutiblemente, viable.

Llarena señala en su resolución que respetar los derechos políticos de Junqueras es compatible en su caso con la prisión preventiva, porque no es requisito ineludible su presencia física en el hemiciclo. Por ello, sugería –que no ordenaba- la fórmula de delegación del voto, una decisión que podía adoptarse y que finalmente se acordó en el Parlament.

Sigamos, pues, la lógica jurídica de lo que podemos llamar el test Llarena.

¿Cómo se respetan los derechos políticos de Puigdemont caso de que el presidente del Parlament, Roger Torrent, tras las consultas con los grupos parlamentarios, proclama que el diputado Puigdemont es el candidato que cuenta con más apoyos para la investidura?

Según el test Llarena el magistrado tendría que dar permiso a Puigdemont para asistir a la sesión de su investidura.

¿Por qué?

Porque a diferencia de Junqueras, el candidato a president tiene que estar presente en el hemiciclo habida cuenta de que debe pronunciar el discurso con su propuesta programática para la legislatura y, acto seguido, escuchar a los portavoces de los otros grupos de la cámara para responderles a continuación.

Por tanto, el test Llarena de respeto de los derechos políticos de Puigdemont pasa, según ya apuntamos, por autorizarle a acudir al debate de investidura.

Sería una aberración sostener que es inviable una investidura virtual –telemática o de cualquier otra forma- en razón de que el candidato debe estar presente en el hemiciclo en una sesión que por antonomasia es “interactiva”, y denegarle la autorización a presentarse en el Parlament para proponer su programa y responda a los demás grupos.

Por tanto, mira por dónde, la resolución de Llarena sobre Junqueras es susceptible de ser utilizada para investir president a Puigdemont en una interpretación absolutamente fiel al espíritu y a la letra del magistrado instructor de la causa de rebelión, sedición y malversación.

Pero, ¿acaso no van a ejecutar el auto de prisión de Puigdemont cuando aparezca en territorio español?

Sí, en efecto. La policía se encargará de detenerle e ingresarle en prisión.

¿Y qué?

El test Llarena, precisamente, vale para un Puigdemont encarcelado. Tendrá que autorizarle, según el auto que él mismo ha dictado, a acudir al Parlament el día de la investidura y en aquellas circunstancias en las que la presencia física del president sean preceptivas para la actividad parlamentaria.

Puigdemont podría, por tanto, nombrar el futuro Govern y designar un vicepresident o vicepresidenta, conseller en cap, hombre o mujer, que ejerza la dirección gubernamental mientras él permanece en prisión.

Y, así, el artículo 155 de la Constitución, condicionado a la formación del nuevo Govern, caducaría, dejando sin efecto la intervención política de la autonomía de Cataluña.

Todo esto no puede ser suspendido por el gobierno de Rajoy a través de un recurso ante el Tribunal Constitucional ni por un recurso de amparo de los grupos políticos que forman parte de la Mesa del parlament ante el TC.

Porque todo esto opera dentro de la legalidad.

Claro, se dirá, pero es que Puigdemont tiene que regresar a España.

¡Elemental!

El retorno de Puigdemont permite recorrer, tomando el auto de Llarena, la hoja de ruta descrita. Y para impedirlo el magistrado Llarena como guardián del Parlament y el Govern tendrá que decir donde dije digo, digo Diego.

El retorno de Puigdemont, pues, colocaría al sistema político ante una nueva prueba y quizá la más extraordinaria conocida hasta ahora.

Más allá del test Llarena, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría asegura que el Gobierno lo impedirá, una promesa que podría correr la misma suerte que la que hizo con ocasión del referéndum del 1-O.

¿Por qué? Es que el president Torrent puede, tras la ronda de consultas, proponer el nombre del diputado Puigdemont como candidato. Y convocar la sesión como si fuera completamente normal, por ejemplo, con mayor celeridad que la prevista.

Y si Puigdemont no se presenta, la Mesa podría resolver la manera de investirlo en ausencia y ello no daría tiempo al Gobierno de presentar un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para lograr la suspensión antes de celebrarse esa investidura.