Rajoy o el estado de la negación
Adivinanza: ¿qué tienen en común las conductas de Mariano Rajoy y su gobierno ante la situación de las finanzas públicas y ante la corrupción del PP? Respuesta: el estado de la negación.
La Comisión Europea acaba de dejar desnudo a Rajoy. Exige a España recortes (o ajustes) que, haciendo las cuentas, son equivalentes a 8.000 millones de euros el 2016 y el 2017, para cerrar el déficit público en el 3,7% y el 2,5% del PIB, respectivamente. Si sólo fuera eso, no tendría una importancia excepcional. Pero pongamos el retrovisor y veremos qué alcance tiene. El 5 de agosto de 2011, Jean Claude-Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, le escriben una carta al presidente Zapatero. Le exigen, entre otras medidas, el ajuste del 0,5% del PIB, 5.000 millones de euros. Rajoy monta un espectáculo con estas exigencias y dramatiza sobre la existencia de la carta.
Y ahora? Para Rajoy, admirador de Ronald Reagan –"no fue exactamente un mal presidente", acaba de declarar al Financial Times–, y que considera el déficit público como la madre de todos los males, recortar 8.000 millones debe ser un estrepitoso fracaso que pagaremos entre todos. Pero no ha sido así. Durante la campaña electoral del 20-D, en una tendencia que ahora sigue, Rajoy se presentó como el gobernante responsable que incluso había hecho trabajar a su gobierno en julio para presentar el Presupuesto de 2016. Rajoy considera la Comisión Europea "un gobierno de los suyos", pero sus advertencias de antes del 20-D se han cumplido y ahora son una realidad. El estado de la negación le hace presumir, pero ha incumplido el déficit en 2012, en 2013, en 2015 y volverá a hacerlo en 2016.
Púnica, un modelo de corrupción
La negación también ha servido a Mariano Rajoy para construir su respuesta a los casos de corrupción generalizada que hay en el PP. Las últimas novedades del caso Púnica añaden más elementos. David Marjaliza, el empresario de suelo y vivienda que era socio de Francisco Granados –hasta 2011 mano derecha de Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid–, ha aportado a su declaración, hecha pública después de un año de secreto de sumario, material generalizado sobre la corrupción de los dirigentes del PP: Margaliza se reunía con Granados y otros alcaldes (algunos del PSOE, pero la mayoría populares) y hacían planes urbanísticos a medida para multiplicar fincas rústicas y manipular concursos. Por cada casa, Granados y los alcaldes se llevaban hasta 6.000 euros de comisión.
Si la confesión de Margaliza fuera una excepción, Rajoy podría salirse por la tangente y hacer valer el estado de la negación. Pero, como ocurre con la corrupción, los antecedentes hacen inviable su estrategia: antes que Marjaliza, el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, ha descrito la contabilidad B del partido. Según su declaración al juez, su antecesor, Álvaro Lapuerta, pagó a Rajoy sobresueldos hasta el 2008. Después él lo completó al ser nombrado tesorero, con abonos de más de 42.000 euros en 2009 y 2010. En total, el presidente en funciones podría haber cobrado 322.000 euros extra.
Rajoy seguirá sacando pecho de su responsabilidad para encarar los frentes que tiene abiertos, pero en la economía y en la corrupción se ve una evidencia: el estado de la negación cae por su propio peso.
