Recta final para la suspensión de 7 diputados y la decisión en Alemania

MadridLa Sala de Recursos del Tribunal Supremo se apresta a declarar firme el auto de procesamiento de los 25 investigados por delitos de rebelión, desobediencia y malversación, abriendo el camino a la suspensión de los siete diputados procesados por rebelión con “prisión provisional decretada” o “mientras dure la situación de prisión”, al tiempo que la defensa de Carles Puigdemont ha presentado este martes en Schleswig-Holstein su escrito de respuesta a la solicitud de extradición por rebelión y malversación presentada por la Fiscalía alemana el pasado 1 de junio.

La recta final para que el magistrado Pablo Llarena dicte el auto de conclusión del procedimiento durante el mes de julio –un breve escrito que puede condensarse en 5 folios- está, pues, en curso.

Los letrados de algunos acusados han sido informados de que el comienzo del juicio oral les será comunicado con celeridad y que se barajan las fechas de octubre o comienzos de noviembre. Incluso se habla de una sentencia para antes de Navidad, lo que, según fuentes judiciales consultadas por ARA, suena a una temeridad.

Una vez que la Sala de Recursos desestime los 25 recursos de apelación se abre la vía del artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

“Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”, señala este artículo aprobado el 25 de mayo de 1988.

Son cinco actualmente los diputados “en situación de prisión” procesados por rebelión: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raul Romeva y Jordi Sánchez. Y dos aquellos que tienen “decretada prisión provisional”, y que se encuentran en Alemania y Bélgica, respectivamente: Puigdemont y Toni Comín.

Fuentes consultadas por ARA señalan que una vez informado Llarena por la Sala de Recursos de que su auto es firme, se dirigirá al Parlament para aplicar la citada suspensión.

La medida es una suspensión provisional, esto es, no se pierde el escaño. Pero los diputados suspendidos ni votan ni pueden delegar su voto.

Por tanto, para asegurar la mayoría absoluta de 66 escaños, Junts per Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) tendrán que provocar la renuncia y hacer correr la lista de diputados para ocupar los siete escaños apuntados.

Mientras este procedimiento de la recta final de la instrucción de Llarena avanza, la defensa de Carles Puigdemont presentará hoy martes 26 de junio sus alegaciones sobre la solicitud de su entrega por rebelión y malversación oficializada el pasado 1 de junio por la Fiscalía de la Audiencia Terrirotiral de Schleswig-Holstein.

Una vez que el escrito llegue a mano de los tres jueces se abrirá el periodo de resolución. Según un comunicado de la citada Audiencia, del pasado 1 de junio, ha quedado pendiente “si el tribunal decidirá a finales de junio”.

La defensa de Puigdemont ofreció al tribunal que antes de resolver podía citar una audiencia con las dos partes –fiscalía y defensa- caso de persistir dudas. Este tipo de audiencias es excepcional. El tribunal decidió pronunciarse sobre este punto después de estudiar la respuesta a la Fiscalía.

Llarena propuso a la Fiscalía de Schleswig-Holstein en un escrito del pasado 26 de abril que “en todo caso aún cuando entiendan que los hechos no integran su delito 81 del Código Penal [alta traición] estamos absolutamente convencidos de que la actuación no es penalmente irrelevante en su país a la vista de cualquier otro precepto penal (por ejemplo, los artículos 89, 113, 125 y 240 del Código Penal alemán)”. Y mantenía la entrega por malversación.

En sus escritos de 9 de mayo y 1 de junio, la Fiscalía pide al tribunal de que en caso de mantener el rechazo a la entrega por rebelión –equivalente al artículo 81 o delito de alta traición en Alemania- extradite a Puigdemont por el artículo 125 o el 125a (Perturbación del orden público y Caso especialmente grave de perturbación, respectivamente), además del delito de malversación.

Si el tribunal alemán se orientase a la entrega de Puigdemont por delitos contra el orden público (además de malversación), las penas son de seis meses a 3 años de prisión según el artículo 557 del Código Penal español, o hasta seis años cuando concurran agravantes según el artículo 557 bis.

Por tanto, seguiría vigente el argumento utilizado por Llarena al retirar, el 5 de diciembre de 2017, la euroorden enviada por la magistrada Carmen Lamela a Bélgica, y reiterado al rechazar el envio de una nueva euroorden a Dinamarca el 21 de enero de 2018.

En el caso de que un tribunal denegase entregar a los investigados por los delitos solicitados, sostenía Llarena, ello “dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones ante este tribunal, introduciendo una distorsión sustantiva a las defensas de los encausados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en «peor derecho» que quienes se encuentran fugados”.

Es que si la entrega fuese por delitos contra el orden público, el Tribunal Supremo no podría juzgar a Puigdemont, según establece la llamada cláusula de especialidad del acuerdo de euroorden, por el delito de rebelión.

Puigdemont sería enjuiciado por un delitos de hasta 3 o 6 años de prisión y junto a él en el banquillo, por así decir, Junqueras y los demás procesados por rebelión -sus subalternos- por delitos de rebelión o sedición que van de 15 a 20 años de cárcel. "La Fiscalía del Supremo no se obcecará con la rebelión", dijo una fuente judicial.

El magistrado instructor, por tanto, si se diera el caso, debería tomar su decisión sobre si aceptar o rechazar la extradición de Puigdemont.