Sentencia, a primeros de octubre y en lectura pública ante los 12 acusados

MadridMientras el presidente del tribunal y ponente de la sentencia del procés, Manuel Marchena, sigue redactando el texto -se habla de mil páginas- ya comienza a darse por hecho, según fuentes del Tribunal Supremo consultadas por ARA, que al menos el fallo será objeto de lectura pública en la Sala de Plenos ante los doce acusados. El acto tendría lugar durante la primera quincena del mes de octubre.

Hay dos textos que el tribunal tiene que despachar: el auto de artículos de previo pronunciamiento, o cuestiones previas, y la sentencia propiamente dicha.

En julio pasado, el auto de cuestiones previas, o las objeciones planteadas por las defensas al comienzo del juicio oral, entre ellas la incompetencia del Tribunal Supremo para enjuiciar los hechos -el referéndum del 1 de octubre de 2017- ya superaba, según las fuentes, los doscientos folios.

La sentencia podría superar, según señalan esas fuentes, los mil folios.

Las sentencias del Supremo, a diferencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo, no se elaboran en su punto de partida con un texto preliminar.

Las materias del juicio son objeto de deliberación y una vez expuestas las opiniones, en este caso de los siete magistrados, en caso de alcanzarse el consenso básico el ponente redacta lo que será el borrador de la sentencia.

Las deliberaciones avanzaron considerablemente en el mes del pasado mes de julio, según ya avanzamos y las fuentes consultadas señalan que existe un consenso básico que aleja la posibilidad de votos particulares, uno de los grandes objetivos que se propuso el presidente y ponente Marchena.

De momento, el texto de Marchena, siempre según las fuentes consultadas, no ha circulado entre los otros seis magistrados del tribunal (Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer). Por lo que se vaticina que gran parte del mes de septiembre será aplicado a revisar y examinar el texto una vez empieza a circular entre los magistrados.

“Se habla de mil folios, un libro, lo que lleva a pensar que los otros seis magistrados aspirarán a precisar muchos aspectos. No se le escapa a ninguno de los miembros del tribunal que estamos ante lo que se considera como la sentencia más importante en la historia del Tribunal Supremo al menos desde el 23 F. Y cada uno intentará dejar su impronta”, dijo la fuente.

Fuentes del Supremo estiman que después de la retransmisión de las 52 sesiones del juicio oral, entre el 12 de febrero y el 12 de junio de 2019, cabe ahora la lectura pública ante los doce acusados: Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquín Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.

Pero la cuestión es: ¿la sentencia completa o el fallo? Porque si la sentencia, en efecto, se acerca a las mil páginas será imposible una lectura completa.

El fallo, que resume los delitos y las penas para cada uno de los acusados, parece ser, según las fuentes, la opción más segura.

Con ocasión del golpe de Estado del 23 F, la sentencia fue dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar.

Pero tocó al Tribunal Supremo resolver el recurso de casación contra esa sentencia condenatoria por el delito de rebelión militar. El 28 de abril de 1983, el magistrado ponente, Luis Vivas Marzal, hizo una lectura abreviada de las dos resoluciones: la sentencia que resolvía los recursos de casación y el nuevo fallo. La lectura duró un cuarto de hora.

El próximo 9 de septiembre, dos días antes de la celebración de la Diada del 11 de septiembre de 2019, el Rey Felipe VI abrirá en el Tribunal Supremo la ceremonia del año judicial. Lo hará en el mismo Salón de Plenos en el que durante cuatro meses se celebró el juicio oral del procés. Y en el cual se procederá, un mes después del acto de apertura del año judicial, a leer las conclusiones de la sentencia.

Queda por saber si por entonces España estará abocada a repetir o no elecciones el 10 de noviembre, y el impacto, caso afirmativo, que ello podría tener en la lectura de las conclusiones en la primera quincena de octubre.

“No cabe duda de que si se da el caso de repetición de elecciones, la notificación de la sentencia tendrá un impacto político en la precampaña y campaña electoral. Pero también si se aplaza la lectura hasta después del 10 de noviembre ello podría condicionar la próxima investidura. No hay fechas ideales”, dijo la fuente.

El próximo 16 de octubre se cumplirán dos años desde que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -ahora en la Sala Segunda del Tribunal Supremo – enviara a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart a prisión por los hechos del 20 de septiembre en la consejería de Economía – concentración de 40.000 personas para protestar contra alrededor de 20 registros ordenados por el juez instructor Juan Antonio Ramírez Sunyer- y la votación del 1 de octubre. La ley obliga a razonar en una resolución cuando se superan los dos años de prisión preventiva, lo que requeriría un auto del tribunal para justificar la prolongación de esos dos años.