Sin novedad en el frente del juicio oral hasta enero de 2019
Prórroga de la confirmación de los autos de conclusión y de apertura de juicio oral
PeriodistaSecretaría de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, viernes 28 de septiembre, 13 horas. Los letrados de Jordi Cuixart, Marina Roig y Alex Solà, comparecen ante el funcionario judicial. Le explican que no pueden evacuar el llamado "trámite de instrucción", que da paso a la confirmación, por parte del tribunal de enjuiciamiento, del auto de conclusión que ha dictado el magistrado Pablo Llarena, el umbral del auto de apertura de juicio oral y la fase de calificación de los hechos por parte de las acusaciones.
¿Por qué? Tanto la Fiscalía como la acusación popular de Vox han evacuado el trámite. Roig, que ha presentado un acta notarial y un listado de los documentos, explica al funcionario que el material de la causa subida a la nube informática disponible para los abogados a fin de ejercer la defensa de sus clientes es manifiestamente incompleto y que no pueden, por tanto, evacuar la instrucción, prevista en el artículo 627 de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
El funcionario entra en la nube del Tribunal Supremo y concluye que todo está en orden. No señor. Si entra en la nube de los abogados verá todo lo que falta. El funcionario accede. Entra y comprueba que “su nube” tiene mucho más material que la de Roig. Hay, pues, un problema técnico, que, por otra parte, ya habían advertido otros letrados, a finales de agosto, como ha sido el caso de Jordi Pina, que representa a Jordi Sánchez, Josep Rull, y Jordi Turull.
El secretario transmite la situación a la letrada de Administración de Justicia (LAJ). María Antonia Cao. Siempre amable y respetuosa, Cao dice a los letrados que si se esperan va a dictar la providencia y se podrán llevar una copia en el acto.
“Y visto lo peticionado [en la comparecencia] se insta al Ministerio de Justicia para que a la mayor brevedad procedan a resolver la incidencia en relación con la documentación obrante en la Nube Judicial, resuelta que esta sea, se les concede a las defensas nuevo plazo de dos días a los efectos del artículo 627 de la ley de Enjuiciamiento Criminal”. La Fiscalía y la acusación de Vox, en cambio, y pese a tener los mismos materiales que los letrados, no tuvieron problema alguno y evacuaron, según se ha apuntado, el trámite.
El ejemplo viene a cuento de que si bien se ha habilitado el mes de agosto para seguir con los trámites, de poco ha servido. Habrá que ver si Justicia resuelve el tema técnico y se pueda dictar el auto, en la primera semana de octubre, confirmando la resolución de Llarena. Fuentes judiciales consultadas señalan que antes del puente del Pilar, 12 de octubre, se podría contar con la citada confirmación y con el auto de apertura de juicio oral.
Junto con este auto habrá que completar el tribunal –actualmente son cinco magistrados ya designados, puesto que están los miembros de la Sala de Admisión de la querella: Manuel Marchena, presidente y ponente del tribunal; Luciano Varela; Juan Ramón Berdugo; Andrés Martínez Arrrieta y Antonio del Moral- con dos jueces más, ya que en casos trascendentes se requieren siete magistrados. Y, también, señalar la fecha del inicio del juicio y el lugar en el que se desarrollará.
A partir de estos pasos comienza el proceso de calificación. Primero se le da cinco o diez días a la Fiscalía y a Vox y, después, a las defensas. En sus escritos, las defensas plantearán, como es normal, los “artículos de previo pronunciamiento”, que deben ser resueltas por los magistrados inmediatamente, antes de iniciar el juicio. Por ejemplo: se cuestionará la competencia del Supremo para enjuiciar la causa del procés.
Y aquí este punto es muy importante de cara a las luces largas de las defensas, puestas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). ¿Por qué? Porque el embrión del tribunal de enjuiciamiento –cuatro magistrados de los cinco de la Sala de Admisión- ya se pronunciaron a favor de la competencia el 31 de octubre de 2017 al admitir la querella a trámite. Por tanto, en este punto ya no son, manifiestamente, imparciales. Están, pues, contaminados en un aspecto relevante como es la competencia o jurisdicción para enjuiciar el caso.
¿Quiénes serán los dos magistrados que completarán el tribunal de siete? La idea era que serían Ana Ferrer y Andrés Palomo. Pero información reciente apunta que una de las nuevas magistradas recientemente incorporadas a Supremo, Susana Polo, procedente del sector progresista, entraría al tribunal de enjuiciamiento.
