El Supremo cierra filas y rechaza por unanimidad las recusaciones

Los trámites pendientes no garantiza el comienzo oral antes de enero de 2019

Cierre de filas. Ni una voz discrepante. Los trece magistrados que participaron ayer en la Sala del 61 bajo la presidencia de Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), rechazaron la recusación de cinco magistrados, de los siete que formarán el tribunal del juicio oral, planteada por las defensas de los independentistas procesados a disposición de la justicia. En el caso de otros tres solicitudes de recusación, planteados por Carles Puigdemont, Clara Ponsatió y Lluis Puig, la Sala los inadmitió a limine por no encontrarse a disposición judicial española.

El ambiente que se vive estos días en los tribunales españoles está especialmente cargado. Hay una acumulación de reveses en la causa del procés que se dejan sentir: Bélgica, Alemania, otra vez Bélgica con la demanda civil de protección del honor. El argumento central de la recusación es la pertenencia de cuatro magistrados que formarán parte del tribunal de enjuiciamiento a la sala que admitió la querella por rebelión, malversación y desobediencia el 31 de octubre de 2017, la llamada Sala de Admisión.

La Sala del 61, según se ha expuesto en la reunión, rechaza el argumento porque, a diferencia de un caso sonado, el del juez Baltasar Garzón, en 2011, en el que se aceptó la recusación de 5 de los 7 magistrados del tribunal por haber formado parte de la sala de admisión de la querella contra él por investigar las desapariciones de personas durante el franquismo, en esta ocasión la Sala de Admisión se limitó a considerar que existían indicios delictivos como para abrir una investigación.

En el otro caso, esa misma sala también resolvió varios recursos de apelación y sus miembros firmaron los autos desestimándolos. Porque entonces la Sala de Admisión también resolvía  las apelaciones. La perdida de la apariencia de imparcialidad, por tanto, era evidente. A partir de una reforma, introducida en julio de 2011, se separaron las Salas de Admisión y de Recursos; pero los miembros de la primera seguían formando el tribunal de enjuiciamiento.

La Sala de Admisión, empero, al admitir el pasado 31 de octubre de 2017 la querella criminal por rebelión, malversación y desobediencia, valoró que el Supremo era competente para investigar la causa porque los hechos del 1 de octubre sobrepasaban el territorio de Cataluña. Ese pronunciamiento condiciona, pues, la cuestión de competencia que se va a plantear en las próximas por las defensas ante el tribunal del juicio oral al presentar escritos sobre los llamados artículos de previo pronunciamiento. Una de ellos es, precisamente, la llamada declinatoria de jurisdicción. Porque serán los mismos magistrados que consagraron en su auto del 31 de octubre de 2017 la competencia del Supremo los que tendrán que pronunciarse sobre el asunto. En otros términos, ya tienen una posición asumida y carecen de imparcialidad frente a lo que planteen las defensas.

Las fuentes consultadas en el Supremo siguen sin tener una idea precisa de la fecha del juicio oral. Todavía quedan diligencias en la fase actual del procedimiento, llamada intermedia. Están, como se ha señalado, los artículos de previo pronunciamiento, pero también siguen pendientes la calificaciones jurídicas de las partes, que en el procedimiento ordinario se entregan de manera sucesiva y no al mismo tiempo, y más tarde el auto de apertura de juicio oral, cuando se procederá a nombrar oficialmente el tribunal. Cinco magistrados, los recusados, ya se conocen (Manuel Marchena, Luciano Varela, Juan Ramón Berdugo, Andrés Martínez Arrieta y Antonio del Moral), pero quedan por nombrar a otros dos.

Aunque en un principio, cuando estaban pendientes de cubrir tres vacantes de la Sala Segunda del Supemo, se daba por hecho que tanto la magistrada Ana Ferrer como el magistrado Andrés Palomo se unirían a los citados cinco, las cosas parecen haber cambiado. En los próximas semanas tomarán posesión los tres nuevos magistrados en el Supremo: Susana Polo Carmen Lamela y Eduardo Porres. Fuentes judiciales señalan a ARA que Susana Polo, magistrada que está asociada a Juezas y Jueces para la Democracia, formará parte del tribunal.

El hecho de que el juicio comience a primeros de enero supone un calendario complicado. Se calculan dos meses de juicio, con sesiones de cuatro días por semana, lo que dejaría visto para sentencia la causa hacia mediados de marzo. A ello hay que sumar un mes adicional para dictar la sentencia, lo que lleva el calendario a mediados de abril: prácticamente en precampaña de las elecciones municipales y europeas.

¿Una sentencia en ese momento, antes o después de las elecciones? Esa es la cuestión.

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