El Supremo asume en diferido el golpe de Estrasburgo a Marchena, ponente del caso Atutxa

Anula la sentencia por la que el TEDH condenó por indefensión en 2017

El Tribunal Supremo notificó con fecha de ayer, 28 de octubre, la sentencia por la que anula la sentencia del 8 de abril de 2008 - de la cual fue ponente el actual presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena- que condenó al presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, a Gorka Knörr vicepresidente Primero de la Cámara y doña María Concepción Bilbao Cuevas, secretaria segunda, por un delito de desobediencia del que habían sido absueltos previamente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La resolución responde a un recurso de revisión presentado por la defensa de Atutxa en 2018.

La anulación de esa sentencia polémica era un hecho inevitable toda vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó el 13 de junio de 2017 que en el Supremo “fueron privados de su derecho a defenderse en el marco de un debate contradictorio, con violación del derecho a un proceso equitativo garantizado por el artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos”.

El Supremo se basó en un recurso de casación del sindicato Manos Limpias para revocar la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)en la que se aceptaba que Atutxa carecía da facultades para declarar, la disolución del grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, según había requerido el Tribunal Supremo (Sala del 61).

El magistrado Carlos Granados fue designado ponente y la sentencia fue debatida por el pleno del Supremo. Granados declinó la ponencia al estar en minoría y fue nombrado ponente Marchena, que había ascendido de fiscal del Supremo a magistrado en 2007.

El pleno modificó, pues, la sentencia del TSJPV. En la nueva sentencia que dictó incorporó valoraciones subjetivas sobre la intencionalidad de Atutxa que no se contemplaban en la sentencia absolutoria, pero al tiempo no hizo diligencias para permitir que los acusados pudieran defenderse.

La sentencia tuvo un voto particular contrario del magistrado Luciano Varela, otro conjunto en contra de los magistrados Carlos Granados, Joaquín Giménez y Andrés Martínez Arrieta, y otro individual de Joaquín Giménez también contrario a la mayoría. Varela, especialmente, señalaría que la sentencia modificaba los hechos considerados probados por el TSJPV al valorar hechos subjetivos y, además, vulneraba el derecho a defenderse de los acusados, a quienes no se tomó declaración, como es la doctrina de Estrasburgo cuando un tribunal superior decide condenar a aquellos que uno inferior, que ha podido evaluar las pruebas, ha resuelto absolver.

Marchena volvió a aplicar la misma metodología en la sentencia del asedio al Parlament de Cataluña contra los recortes sociales (2011) de la que fue ponente en 2015. La Audiencia Nacional absolvió a los acusados, pero el Supremo revocó la sentencia y les condenó. Incorporó valoraciones subjetivas ajenas a la sentencia absolutoria y no oyó a los acusados para darles posibilidad de defenderse. Curiosamente, el magistrado Varela respaldó la sentencia, cuando incurrió en los mismos fallos que él había denunciado en su voto particular en el caso Atutxa El recurso de amparo de los acusados contra esa sentencia, que es apoyado por la Fiscalía del TC, debía resolverse en junio pasado, según estaba previsto. Pero en el TC se consideró que era mejor aplazarla porque podía afectar a la sentencia del procésen proceso de elaboración.

Fuentes judiciales señalan que existe una razón común en el aplazamiento de la sentencia del asedio al Parlament en el TC y la decisión de dejar para ahora -después de la sentencia del procés- asumir el recurso de revisión basado en una sentencia del TEDH de 2017: evitar un golpe al prestigio de Marchena, ponente de ambas sentencias. Marchena aspirará a ser presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las elecciones del 10-N, operación frustrada en noviembre de 2018 a raíz de un watsapp del portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que explicaba a los senadores que con Marchena el PP estaba “controlando la Sala Segunda por detrás”.

El abogado Alberto Figueroa, que ha llevado el caso Atutxa desde el comienzo, presentó en 2008, antes de la sentencia condenatoria del Supremo una recusación contra Marchena.

Según dijo ayer a ARA “Marchena era desde finales de julio de 2003 fiscal jefe de la secretaría técnica del fiscal general del Estado Jesús Cardenal y los lineamientos de la acción contra Atutxa se elaboraron allí. Por tanto, Marchena debía haberse abstenido por contaminación o falta de imparcialidad. Pero nos enteramos tarde y presentamos la recusación fuera de plazo. La declararon extemporánea”.

Se da la circunstancia de que Gorka Knörr Borràs es desde el pasado mes de julio delegado del Govern en Madrid. Knörr, nacido en Tarragona, de madre catalana, fue candidato a las elecciones europeas como número 5 en la lista Lliures per Europa encabezada por Carles Puigdemont, que obtuvo 3 escaños.