El Supremogate: el mayor ataque jamás contado a la independencia judicial

La revisión de la sentencia sobre las hipotecas fue impulsada por el presidente del propio tribunal

En el derecho romano, ucase o ukase era un edicto o decreto del emperador, y en la Rusia imperial se llamaba así a una proclamación del zar, del gobierno o de un líder religioso, que tenía fuerza legal.

Esa fuerza es la que impone el ukase de Luis Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, o Sala Tercera del Tribunal Supremo, que dejar en suspenso “el giro jurisprudencial” que supone la sentencia de la sección segunda de 16 de octubre de 2018 según la cual son las entidades bancarias las que deben asumir el pago del impuesto en las escrituras notariales de préstamo con garantía hipotecaria y no los que clientes o prestatarios.

Luis Díez-Picazo sabía (contra ciertas versiones circulantes en el sentido de de que se ha enterado de la sentencia por la prensa) que la sección segunda, bajo la presidencia del magistrado Nicolás Maurandi, tenía previsto resolver un recurso de casación sobre este tema, como se puede comprobar en este auto de admisión al que ha tenido acceso ARA, que está firmado por Díez-Picazo.

Es la sección especializada en impuestos. Y el magistrado ponente, Jesús Cudero, es un especialista de reconocido prestigio que llegó a la sección en muy buenas relaciones con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Díez-Picazo es alérgico a convocar plenos de una sala de 31 magistrados. Deplazó en 2015 de la presidencia de la Sala Tercera a uno de los magistrados de mayor prestigio, José Manuel Sieira, que aspiraba a renovar, como era costumbre, su mandato y cumplir un segundo periodo. 

Díez-Picazo es miembro de esa secta secreta que se conoce en la magistratura por el acrónimo GAL (Grupo de Amigos de Lesmes). El presidente del Supremo y del CGPJ necesitaba a Díez-Picazo para acabar con la pesadilla de esa díscola Sala Tercera, encargada, precisamente, de controlar los actos del CGPJ, y que en durante el primer mandato de Sieira había castigado a Lesmes tumbando varias de sus resoluciones.

Pero Díez-Picazo, como Lesmes, dedican la mayor parte de su tiempo no al ejercicio de la función jurisdiccional -como hacía Sieira- sino a conspirar y urdir operaciones que tienen   que ver más con su propio interés. 

Por tanto, no es que, según fuentes judiciales consultadas por ARA, el presidente de la sección segunda Maurandi le hiciera una jugada a Díez-Picazo. La verdad: ni Díez-Picazo ni su padrino Lesmes le dieron la importancia debida al tema del impuesto en las escrituras notariales de préstamo hipotecario.

Otro miembro del Grupo de Amigos de Lesmes, el flamante miembro de la sección segunda, Dimitry Berberoff, presentó un voto particular contra la sentencia los cinco magistrados. Por tanto, Lesmes estaba al corriente.

El comunicado firmado por Díez-Picazo destacaba la “enorme repercusión económica y social” de lo que, decía, suponía “un giro  radical en el criterio jurisdiccional hasta ahora sustentado”.

Le faltó a Díez-Picazo poner los 4.000 millones que calcula la agencia de calificación Moody´s que costaría a las entidades bancarias el “giro radical”. Porque hay que recordar que la sección segunda no se ha limitado a interpretar: ha anulado el artículo 68.2 del reglamento del impuesto. 

Los movimientos al alza en la Bolsa de Madrid del pasado viernes, día 19 de octubre, deberían ser investigados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Porque, ¿Díez-Picazo comentó con Lesmes lo que se disponía a hacer, es decir, emitir un comunicado suspendiendo de facto la resolución hasta un Pleno que dictamine si se confirma o no el giro jurisprudencial?

La subida de las acciones de los bancos el pasado viernes, tras la bajada del jueves, puede haber generado fortunas si se disponía de información sobre lo que se cocía.

Y cabe recordar que la jefa de gabinete de Lesmes, la fiscal Ana Murillo, es esposa de José Manuel Cendoya, uno de los vicepresidentes del Banco Santander.

El ukase de Díez-Picazo es el mayor ataque a la independencia judicial, en este caso, de la sección segunda, y no desde fuera del tribunal sino desde sus entrañas, desde la misma presidencia de la Sala Tercera.
 
 

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