Tensión entre Segarra y los fiscales por el contenido del suplicatorio de Puigdemont

Los fiscales del Procés tuvieron que aplazar el escrito al magistrado Pablo Llarena 

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado rehacer el escrito presentado el pasado viernes por la mañana por los fiscales del Procés en el que se solicitaba al magistrado instructor, Pablo Llarena, suspender de inmediato la inmunidad de los virtuales eurodiputados –solo pendientes de los trámites de acreditación Carles Puigdemont y Toni Comín– para impedir que puedan trasladarse a la sede del Parlamento Europeo de Estrasburgo como parte de una suspensión posterior de la inmunidad de que gozarán como eurodiputados.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado jueves 19, tanto el Tribunal Supremo como el magistrado instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, dieron cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la incidencia de la misma en la situación de Oriol Junqueras, por un lado, y la de Carles Puigdemont y Toni Comín, respectivamente.

El mismo jueves 19, tras recibir la sentencia y el plazo de cinco días, la Fiscalía elevó inmediatamente un escrito al Supremo en el que solicitaba la inhabilitación de Junqueras –cuya ejecución el Supremo suspendió por auto del 14 de octubre de 2019 hasta la resolución de la cuestión prejudicial– ya que ahora está en prisión cumpliendo pena de 13 años (ya no es medida cautelar de prisión provisional). El plazo de cinco días que dio el Supremo lo agotó la Fiscalía en un rato. 

El mismo objetivo –presentar el escrito ipso facto el viernes 20– tenían los cuatro fiscales del Procés al recibir el jueves 19 el escrito de Llarena para que "formule alegaciones después de la sentencia dictada hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la inmunidad de Oriol Junqueras, al poder tener la misma incidencia en relación a estos procesados rebeldes".

Llarena ilocalizable

Llarena, según las fuentes judiciales consultadas por el ARA, no estuvo localizable el pasado viernes por la mañana. Estuvo en la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, un amigo personal. Se organizó una celebración en la que participó el presidente del Supremo i del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Esas fuentes señalan al ARA que los cuatro fiscales –Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno– se reunieron durante la mañana con la fiscal general del Estado para analizar el borrador de escrito dirigido al magistrado Llarena. 

En su borrador de escrito los fiscales hacían un relato que Llarena debía elevar al Parlamento Europeo en el que ponían de relieve la gravedad de los delitos cometidos por Puigdemont y Comín, por un lado, y una amplia recopilación de la legislación interna sobre las inmunidades de los parlamentarios. Las fuentes consultadas señalan que María José Segarra consideró que una petición de suplicatorio o suspensión de la inmunidad debía limitarse a plantear sucintamente los delitos y dejar que el Parlamento Europeo, caso de ser necesario, solicite aclaraciones al magistrado instructor. 

Al cierre del registro del Supremo, las 14.00 horas del viernes pasado, el escrito no había sido presentado. Pero los fiscales difundieron de manera oficiosa que van a solicitar a Llarena la suspensión inmediata de la inmunidad. Esta celeridad en las respuestas de los cuatro fiscales han sido seguidas no sin perplejidad en la carrera fiscal. El pasado miércoles 18 de diciembre se celebró la reunión, convocada por la fiscal General del Estado, de la Junta de Fiscales de Sala, integrada por todos los fiscales de la primera categoría, veintiséis, y presidida por la fiscal General del Estado. Se trata, según las memorias del FGE, "del principal órgano de asesoramiento en materia técnico-jurídica y doctrinal en orden a la formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal y preparación de informes y documentos".

Los tres puntos del orden del día de una reunión que duró alrededor de tres horas fueron los siguientes: el informe semestral de la fiscal de sala responsable de la violencia de género; las fiscalías en la mediación penal entre víctima e infractor, y el papel del fiscal en la casación civil.

La Junta de Fiscales de Sala no fue nunca convocada por el extinto fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien se limitó a consultar a los fiscales de sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el delito de rebelión y la competencia para enjuiciarlo el 9 de octubre de 2017. 

Maza evitó llevar el asunto al máximo órgano de consulta del FGE para prevenir un debate que iba a provocar una división interna en un momento crucial. Ya entre los fiscales de sala de lo Penal del Supremo hubo, el 9 de octubre de 2017, al menos dos fiscales que discreparon con la calificación de rebelión y sobre la competencia del Supremo o de la Audiencia Nacional para la instrucción de la causa y el enjuiciamiento, propuestas que manejaba Maza y su secretaría técnica, en octubre de 2017. A partir de este encuentro los fiscales Cadena, Zaragoza, Madrigal y Moreno se encargarían de llevar adelante la causa del procés en coordinación con la secretaría técnica de la FGE.

"Como es posible que el jueves 19 al conocer la sentencia del TJUE la fiscal General del Estado no haya  convocado a la Junta de Fiscales de Sala para examinar las implicancias de la decisión en todos los ámbitos", señaló una fuente judicial consultada por el ARA. 

En efecto, la sentencia del TJUE no solo ha afectado de inmediato a la situación de Junqueras sino, como se ha podido advertir inmediatamente, el efecto dominó a Puigdemont, Comín y en su momento a Clara Ponsatí, que ingresará al Parlamento Europeo una vez consumado el Brexit. Pero, además, no solo se limita a la Sala Segunda del Supremo. Porque estaba pendiente en la Sala III, un recurso contencioso-administrativo de la defensa de Puigdemont y Comín que ya tuvo un primera resolución con la desestimación de medidas cautelarísimas planteadas en julio pasado. Con todo, la sala III no ha resuelto el problema de fondo sobre la inmunidad de Puigdemont y Comín a la espera, precavida, de la resolución del TJUE, que deberá ahora ser interpretada para aplicar sus efectos en el pleito de esa sala.

La justicia belga

Fuentes judiciales estiman que ahora se espera la reacción del juez belga de primera instancia Jan Coppens, quien aplazó el procedimiento de extradición hasta el 3 de febrero precisamente para conocer la sentencia del TJUE sobre Junqueras y el pronunciamiento del TJUE sobre las demandas de medidas cautelarísimas de dicho Tribunal contra la decisión del Parlamento Europeo de inadmitir a Puigdemont y a Comín como eurodiputados en julio pasado. Precisamente, la vicepresidenta del TJUE, la española Rosario Silva Lapuerta, anuló el viernes una decisión inadmitiendo esas medidas con el argumento de que se trataba de un error del presidente del tribunal.

El juez Coppens sabe, por tanto, dos cosas nuevas: que Puigdemont y Comín son eurodiputados sin acatar en Madrid la Constitución española y que el rechazo de las medidas cautelarísimas por el TJUE ha quedado sin efecto. Ahora tocará a la Sala III  del Supremo aplicar la doctrina del TJUE en el pleito contencioso-administrativo pendiente.