Tres juicios por rebelión, en el Supremo, la Audiencia Nacional y Barcelona

El primer juicio empezará con toda probabilidad en noviembre

Ernesto Ekaizer
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Els consellers i el vicepresident arribant ahir a la seu de l’Audiència Nacional.

MadridLas tres investigaciones en curso sobre el 1-O acabarán en tres juicios. El primero de ellos, por jerarquía del tribunal, será el de la causa de rebelión y otros delitos que instruye el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Los dos siguientes juicios, serán, probablemente por este orden, el que investiga la magistrada Carmen Lamela en la Audiencia Nacional y el tercero, aquel que enjuicie las diligencias a cargo de Juan Antonio Martínez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 en la Audiencia Provincial de Barcelona.

La sentencia del Supremo, que podría dictarse en la primavera de 2019, marcará el listón. El objeto de las investigaciones en los tres tribunales es la preparación y realización del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Y si bien una de ellas, la del Supremo, se explica –o justifica- por ser el tribunal al que compete enjuiciar a los aforados, es lo cierto que el magistrado Llarena ha organizado una “división del trabajo” con vistas a terminar la investigación sumarial en el mes de julio de 2018, lo que permitiría celebrar el juicio oral a partir de noviembre.

En esa división del trabajo, que contempla tres diferentes niveles de responsabilidad, Llarena se ha quedado con lo que podría llamarse la parte mollar o “política”: los exconsejeros del Govern de la Generalitat, los ex miembros de la Mesa del Parlament y dirigentes que, según los informes de la Guardia Civil, participaron activamente, a partir de 2015, en la arquitectura política, jurídica y parlamentaria del referéndum del 1-O.

Ha dejado Llarena en manos de la magistrada Lamela – al solicitarle la causa para iniciar la investigación en el Supremo- con la innstrucción de la actuación de la cúpula de los Mossos d'Esquadra en relación a los hechos de la consejería de Economía del 20 y 21 de septiembre y a su conducta durante la jornada del 1-O.

La Fiscalía del Supremo exigió en un principio que los presuntos delitos de sedición que se imputan a Josep Lluís Trapero en la Audiencia Nacional fueran asumidos en la investigación del Supremo. Lo mismo solicitaban respecto a otros dos políticos y funcionarios: el ex número dos de Oriol Junqueras en la vicepresidencia de la Generalitat y actual diputado del Parlament, Josep María Jové, y el exsecretario de Hacienda y diputado del Parlament, Lluís Salvadó.

Estas exigencias han sido desoídas por Llarena. La Fiscalía ya no solicita incorporar a Trapero por una razón: la magistrada Lamela ha imputado a parte de la cúpula de los Mossos, entre ellos al superior de Trapero, el ex director Pere Soler.

Pero, en cambio, se asume que en particular Jové, que es investigado por el juez Ramírez Sunyer en Barcelona, será finalmente incorporado por Llarena al Supremo.

“Las reuniones que figuran en la agenda Moleskine de Jové son una prueba de cargo que el magistrado Llarena ha podido confirmar en las múltiples declaraciones y que cita cada vez que puede en sus resoluciones ¿Cómo justificar mantenerle fuera del Supremo siendo, además, aforado?” señala una fuente judicial consultada por ARA.

Por tanto, la hoja de ruta, según se ha señalado, es juicio en el Supremo seguido, una vez dictada la sentencia, por el de la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Barcelona. El horizonte, pues, es el de enjuiciamiento a lo largo de todo el año 2019.

La filosofía de las actuaciones, según quienes siguen la conducta del magistrado Llarena, es que el enjuiciamiento de los hechos del 1-O debe ser coetáneo con los acontecimientos, con la preparación y con el desenlace. Un escarmiento pues. En otros términos, el juicio y la sentencia deben estar lo más cerca de los hechos acaecidos. De ahí que, por premura, se haya optado, de hecho, por la división de trabajo del trípode: Supremo, Audiencia Nacional y Audiencia de Barcelona.

Llarena no mantiene comunicación con la magistrada Lamela –ofendida en noviembre pasado al trascender que Llarena le había apuntado a los letrados de los miembros de la Mesa del Parlament que una cosa era el Supremo y otra la Audiencia Nacional- pero sí mantiene contactos con el juez Ramírez Sunyer, quien también tiene una relación fluida con fiscales a cargo de la investigación en el Supremo.

El juzgado de instrucción número 13, el primero que empezó a investigar en secreto, junto con la Guardia Civil, la causa cuando todavía no se contemplaban los delitos de sedición y rebelión, ha sido una fuente de información permanente de la instrucción del Supremo. El caballo de Troya – a través de intervenciones telefónicas- de la organización del 1-O.

A punto de cumplir 71 de años, el juez Ramírez Sunyer, que se jubilará a los 72, va a dedicarse en exclusiva estos meses a cerrar la instrucción, en particular, a reunir las pruebas sobre el delito de malversación.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el respaldo entusiasta de su presidente, Carlos Lesmes, ha nombrado un juez de apoyo para dejar a Ramírez Sunyer a cargo de la instrucción del 1-O, en la que hay imputados los llamados “fontaneros” del referéndum o los técnicos y funcionarios que participaron en la organización.

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