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La Moncloa aparta a la magistrada Victoria Rosell en la lista progresista sin resistencia de Podemos

ERNESTO EKAIZER
ERNESTO EKAIZER

La magistrada Victoria Rosell ha sido vetada como candidata a vocal del sector progresista en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tras ser incluido su nombre en la lista elevada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al Palacio de la Moncloa. El portavoz del Partido Popular en las negociaciones, Rafael Catalá, no objetó la presencia de Rosell ni de ningún candidato, conforme al pacto de designar a 11 vocales progresistas y 9 conservadores a cambio de la presidencia del Tribunal Supremo y el CGPJ para el actual presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena.

No se han dado explicaciones sobre este veto. Pablo Iglesias habría informado a Rosell que defendía su candidatura y al conocer su depuración expresó su contrariedad. Pero el hecho es que Iglesias no ha abierto la boca sobre este asunto. Fuentes gubernamentales consultadas por ARA dijeron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se sentía cómodo con la candidatura de Rosell. Da la impresión que Iglesias no opuso resistencia al veto Sánchez.

La carrera de Rosell como vocal del CGPJ, que se daba por hecho, ha quedado truncada misteriosamente dos años después de que una investigación del Tribunal Supremo acabase, en 2016, con su carrera política.    

La campaña política y mediática contra la magistrada nacida en Murcia, crecida en Valladolid e instalada en Canarias desde hace veinte años, comenzó en noviembre de 2015. La titular del juzgado número de instrucción número 8 de Las Palmas se presentó en las listas de Podemos al Congreso de los Diputados como candidata a diputada en las elecciones del 20 de diciembre de 2015. 

El entonces ministro del Gobierno del PP José Manuel Soria se querella a primeros de diciembre de 2015 en los juzgados de Madrid contra Rosell por sus afirmaciones durante la campaña electoral según las cuales el político canario había instrumentalizado a la Fiscalía.

La Fiscalía de Las Palmas, tras la filtración de presuntas irregularidades de Rosell en medios de comunicación (relaciones comerciales entre su pareja y el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por delitos fiscales) solicita a primeros de diciembre de 2015 un informe a su sucesor en el juzgado 8 de Las Palmas, el juez Salvador Alba, quien da cuenta de esas irregularidades.

Εl 20 de diciembre, Rosell sale elegida diputada. Y la Fiscalía archiva, tras investigar la información del juez Alba las diligencias.

Pero el ministro Soria, que cambia de abogado, de Nicolás González Cuéllar a Eligio Hernández, es advertido de que el informe de Alba-en principio reservado- permite reciclar su querella inicial y ampliarla con los datos sobre un presunto delito retraso de la instrucción de la causa contra el empresario Ramírez por interés personal.

Hernández presenta una querella ante el Tribunal Supremo por dicha presunta conducta que encuadra en delitos de cohecho y prevaricación. El texto contiene párrafos del informe reservado del juez Alba elevado a la Fiscalía.

La sala de admisión, que preside el magistrado Manuel Marchena, y al que también le toca la ponencia sobre la querella, solicita informe a la Fiscalía del Supremo en marzo de 2016. Los fiscales se pronuncian por el archivo.

El juez Alba envía al CGPJ un informe en el que denuncia las presuntas irregularidades de Rosell. El 13 de abril, la sala de admisión del Supremo solicita un informe a Alba, quien lo envía el 23 de abril y, además, informa personalmente en la Sala Segunda sobre aspectos de dicho informe. Fuentes judiciales apuntan que de regreso a Las Palmas, el juez Alba expresa su satisfacción por el impacto de sus explicaciones en Madrid.

El 26 de abril, el magistrado Marchena dicta en su calidad de ponente el auto de admisión a trámite de la querella presentada por el abogado Eligio Hernández. Se da la circunstancia de que Hernández ha sido fiscal general del Estado del gobierno de Felipe González en 1992 y es él quien promueve el traslado del fiscal Marchena a Madrid para incorporarle a la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. A todo esto, la Fiscalía había solicitado el archivo.

La decisión supone un golpe definitivo para la carrera político de la magistrada Rosell: el código ético de Podemos exige la renuncia al escaño al ser admitida a trámite la querella contra ella.

Quince días después, el empresario Ramírez destapa la trama de corrupción: aporta al juzgado una grabación con la conversación en la cual el juez Alba le propone un pacto el 16 de marzo de 2016 a cambio de una declaración amañada contra Rosell.

Rosell ya había solicitado en varias ocasiones al Supremo que habiendo dejado de ser aforada su causa pasara al Tribunal de Justicia de Canarias. Pero el Supremo retuvo las diligencias.

El 12 de mayo de 2016 el CGPJ abre expediente disciplinario contra el juez Alba. Y al día siguiente, 13 de mayo, el Supremo, que rechaza el archivo de las actuaciones solicitado por Rosell, accede a enviar la causa al TSJ de Canarias, que, el 26 de mayo abre una investigación sobre el juez Alba.

Los cargos contra Rosell son archivados y el TSJC abre el 8 de mayo de 2018 juicio oral contra el juez Alba.

Ayer, Victoria Rosell ha revelado que en un encuentro con el magistrado Marchena, este le dijo que admitió la querella engañado por el informe del juez Alba. 

“Me parece – afirma Rosell que le dijo- un ejercicio de honestidad que reconozcas que te has equivocado, engañado por otros”.