El acto fallido del juez Abril
El juez instructor Joan Manel Abril tenía decidido desde hacía tiempo enviar toda la causa de la consulta del 9-N al Tribunal Supremo por considerar que no se podía –contra el criterio de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña– escindir la participación del exconseller de Presidencia y actual diputado de Cortes, Francesc Homs, de los otros actores: Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. En este artículo lo anticipamos. Tenía que elevar, pues, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuya competencia es investigar y enjuiciar a los diputados y senadores, su exposición razonada. Y así obró. Pero Abril hizo algo más. Junto con la exposición razonada, un documento de más de cincuenta folios, trasladó a la Sala Segunda toda la causa de los cuatro imputados. Es decir, todas las diligencias realizadas durante un año largo de investigación de los hechos planteados por la querella criminal de la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2014.
La Sala Segunda, a través de su presidente, Manuel Marchena, ha devuelto enseguida las actuaciones y se ha quedado con la exposición razonada. Eso es todo lo que se requiere para entrar a estudiar la petición del juez. A saber, si el Supremo asume la instrucción ulterior de la querella por desobediencia y otros delitos en el caso de los cuatro imputados o solamente en el de Homs, que goza de fuero parlamentario. El fiscal del Tribunal Supremo tendrá que informar y entonces habrá una decisión sobre toda la causa, nombrándose magistrado instructor, si cabe, y una sala para resolver los recursos.
El deseo, por tanto, de quitarse de encima la patata caliente condujo al juez Abril a empaquetar todas las actuaciones con destino a Madrid. Quizá como parte de ese acto fallido Abril tuvo una intención subyacente: que en Madrid se conozca qué se hizo en más de un año de investigación. Porque el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, llevó adelante, a cuenta de la presunta parálisis de Abril, una cruzada contra el presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, exportavoz de Jueces para la Democracia, que culminó con su destitución de facto (bajo la forma de no renovación de su mandato de cinco años) en el mes de enero pasado.
Una cruzada que dejó una huella al menos en el acto de entrega de despachos judiciales a treinta y cinco jueces celebrado el 23 de julio de 2015 en el Palacio de Congresos de Barcelona, ante el rey Felipe VI. Allí Lesmes protestó por lo que estimaba como lentitud pasmosa de la investigación. Ya se enteraría Gimeno de lo que vale un peine. Y se enteró cuando, en el CGPJ, Lesmes impulsó la candidatura de Jesús María Barrientos.
Pero he aquí que Gimeno no estaba eludiendo sus obligaciones. Tampoco el juez Abril, al que se ha acusado de ser un “juez convergente”. Porque la exposición razonada del magistrado muestra cómo los cuatro imputados organizaron conscientemente el 9-N, adoptando las medidas para garantizar la consulta y por eso les atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación.
El juez Abril, pues, sigue al pie de la letra la pista que Artur Mas ofreció públicamente el 9-N: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable de abrir los colegios públicos en Cataluña, que me miren a mí".
