BarcelonaLa consigna de leña al mono – lo mismo vale para el independentismo en general como para Puigdemont particular- le ha jugado una mala pasada a Pedro Sánchez. En el debate a cinco del pasado lunes hizo una promesa: “Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas delante de la Justicia”. La prueba de que no era una ocurrencia: este miércoles, día 5, volvió al tema en Radio Nacional de España. El periodista Iñigo Alfonso preguntó a Sánchezcómo garantizará que el expresident responda ante la justicia española, y el presidente le contestó con una pregunta retórica:
-"¿La Fiscalía de quién depende?"
-“Del Ejecutivo”, contestó Alfonso.
- "Pues ya está", asumió Sánchez.
Veamos los hechos posteriores.
La Policía británica daba una respuesta preliminar sobre la euroorden enviada a Escocia por el magistrado Pablo Llarena para detener con propósito de extradición a la exconsejera Clara Ponsatí.
“La orden de detención europea, según el formulario A, ha sido revisada por un abogado especializado del Reino Unido en nombre de la Agencia Nacional contra la Delincuencia (ANC). Han determinado que es desproporcionado con arreglo a la legislación del Reino Unido. UK no tomará ninguna otra medida en relación con este asunto. Si tiene en su poder información sobre el historial delictivo previo de la persona…sírvase facilitar a la ANC y volveremos a evalurar nuestra decisión de no certificar esta orden de detención europea”.
Unas horas más tarde la intervención de la embajada de España en Londres conseguía que la policía (sistema Sirene) retirara la "desproporcionalidad", pero sin tramitar, por falta de datos básicos sobre la autoría de Ponsatí en el delito de sedición, la euroorden. Y, por si no era suficiente, la fiscal general del Estado, María José Segarra, emitía un comunicado de cuatro líneas con un impreso de la Fiscalía del Supremo, donde decía: “Todas las actuaciones desarrolladas por los fiscales de la causa del procés del Tribunal Supremo, como el resto de las que realizan a diario los fiscales, se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad”. Acto seguido, la Fiscalía General del Estado aclaraba: “Se trata de una nota de la FGE, no de la Fiscalía del Supremo”.
Pues eso, Pedro Sánchez ha jugado al alguacil…alguacilado.
